Escudo de la República de Colombia

Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional analiza el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

Una difícil ecuación entre legalidad, emprendimiento y equidad.

El Plan Nacional de Desarrollo se compone de dos partes: un documento “técnico” amplio y que intenta sentar las bases del desarrollo del cuadrienio que se abre y un articulado de ley, que pone en “letra pequeña” el anterior y puede ser resultado también de negociaciones políticas, malabarismos interpartidistas y defensas corporativas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 está articulado en tres pactos generales o estratégicos que abordan los pilares de la hoja de ruta de los próximos años: Legalidad, Emprendimiento-Formalización-Productividad y Equidad; a los que se vinculan 13 pactos transversales, 9 regionales y un capítulo de consistencia macroeconómica.

23 investigadores del CID comentaron libremente cada uno de estos pactos, el resultado es un documento que está disponible como Investigaciones y Productos CID en el enlace: http://www.fce.unal.edu.co/media/files/CentroEditorial/documentos/investigacionesCID/documentos-CID-28.pdf

Queda la sensación de que hay una tensión de fondo entre mantener el “modelo”, recuperando las líneas del Gobierno anterior y en general el norte de política económica prevalente desde los años Noventa, y un tentativo de ruptura más radical sobre temas como la seguridad, la paz y un retorno a un MinHacienda más poderoso. Entre las críticas, se señala cierta timidez sobre los temas de sostenibilidad y sobre equidad regional. Al mismo tiempo, hay evidentes carencias sobre enfoque de interseccionalidad de género, la consulta previa, una planeación macroeconómica más prudencial. Un pacto para Colombia donde siguen manteniéndose invitados, VIPs y excluidos.

Podemos identificar algunos temas claves dentro del Plan, sobre los cuales se señalaron los méritos, las limitaciones, y las eventuales ausencias, que se desglosan en seguida:

Frente a la legalidad, el PND busca contener el avance de formas de ilegalidad que ponen en jaque la economía, la equidad y la justicia. Sin embargo, para lograr la promoción del imperio de la ley y la convivencia pacífica parecería acertado privilegiar estrategias sostenibles basadas en el respeto a los DDHH, el diálogo social, la seguridad ciudadana, mayor eficiencia, cobertura y continuidad que requieren una interacción con distintos actores sociales, tema ausente. También está ausente la priorización de oferta de bienes públicos territoriales y la protección para las comunidades, que se han demostrado, son mecanismos certeros para lograr seguridad y orden para la libertad. Finalmente, se resalta también la ausencia de los resultados de la lucha anticorrupción.

En el tema de equidad, si bien se incorpora el acuerdo de financiación a la universidad pública, es llamativo que la educación no sea un pacto, sino un ingrediente de varios pactos. Se percibe una falta de un enfoque interseccional que sepa abordar en conjunto el género con otras formas de discriminación que existen en la sociedad y en la economía colombiana. Y es llamativo que en el artículo 3 no haya un desglose de recursos para los pactos de género o de comunidades étnicas. Adicionalmente, se propone una receta de instrumentos de mercados (la confianza en el emprendimiento sobre todo) que mal compensa el incremento de los pagos a seguridad social de los trabajadores de cuentas propias o el recorte a los subsidios de energía (que ya quedó en entredicho). Finalmente, preocupa que las posturas más radicales sobre la paz hayan ganado espacio, como muestra el tema de víctimas, donde vuelve a aparecer un enfoque que trata a los desplazados como una categoría más de pobres, desconoce la centralidad de los acuerdos y no reconoce los problemas de contextos en el restablecimiento de los derechos constitucionales.

En el tema de sostenibilidad, también hace falta un enfoque más organicista y una postura más ambiciosa, que finalmente conteste la supremacía de la locomotora minera, que es costosa desde el punto de vista ambiental y genera fragilidad desde el punto de vista macroeconómico. Los temas cruciales del fracking y de las consultas son los innombrables de este plan, aparecen en varios pactos pero nunca se discuten a fondo.

En el tema de innovación, continúa la luna de miel con la economía naranja, sobre la cual la confianza puede ser excesiva por el real tamaño del sector, y sobre la cual permanece una tensión entre la cultura como derecho y como producto. El documento no parece insistir mucho en el papel de la academia y la ciencia, tecnología e innovación, se enfoca mucho en esta última. Sorprende también la visión económica y de mercado de la cultura así como la innovación, desconociendo que, de un lado, son procesos de valores culturales no siempre comerciales que deben protegerse y, del otro lado, la innovación nace de una educación robusta y de investigación en amplios aspectos, no sólo instrumentados hacia las posibilidades de mercado.

En el tema territorial, si bien la Misión de Descentralización y el Catastro Multipropósito son oportunidades para corregir el proceso centralizador y la alta concentración de la tierra, respectivamente, la mayor preocupación que genera este pacto es la falta de estrategias destinadas a mejorar el proceso descentralizador y a fortalecer la autonomía territorial. Si nos movemos a los pactos territoriales preocupa que no haya proyectos claros de protección al medio ambiente frente, por ejemplo, a proyectos de explotación y producción de hidrocarburos. Además, el interés por reducir la pobreza y promover la equidad no está articulado a propuestas en sectores generadores de empleo lo cual pone en duda las posibilidades reales del pacto en este aspecto. Todo esto a pesar de que el ejercicio de incluir pactos territoriales y estudiar la vocación de los territorios es loable.

Finalmente, los números. Desde el punto de vista macroeconómico el Plan adolece de robustez por estar construido sobre escenarios futuros favorables, basarse por un tercio en recursos de privados no asegurados y no prever mecanismos de aseguramiento contra la incertidumbre, pensando también en cómo encarar los efectos adversos sobre la economía colombiana de una eventual recesión global o regional, ligada a factores como la guerra comercial entre EE.UU. y China, una nueva crisis económica europea o el colapso de la economía venezolana.