Con la participación de más de 300 jueces y magistrados y la metodología del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura definió el Plan Sectorial de Desarrollo hasta el 2010.

El ejercicio, que se llevó a cabo durante seis meses y tuvo un costo de 315 millones de pesos, incluyó la realización de 5 talleres en las principales del país: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

El trabajo, coordinado por 7 investigadores, bajo la dirección del profesor Eduardo Trujillo, se propuso identificar los principales problemas que afectan el funcionamiento de la rama judicial.

Aunque hallazgos como el atraso crónico, la congestión de juzgados, la impunidad y la debilidad en el funcionamiento administrativo de la administración de justicia no son nuevos, en esta oportunidad fueron los mismos jueces y magistrados quienes se comprometieron con la construcción de políticas, estrategias, metas, programas y proyectos orientados a promover el acceso, la eficacia, la eficiencia, la calidad, la transparencia y la autonomía de la administración de justicia.

Como resultado de este esfuerzo, el Consejo Superior de la Judicatura orientar la gestión bajo cinco postulados como la consolidación del procedimiento oral, de sistemas de información y comunicaciones, racionalización de la oferta de servicios de justicia, reducción de mora y atraso judicial y en materia legislativa el impulso a medidas que apoyen la transición hacia la modernización de los sistemas jurídicos.

El Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial es el cuarto que se construye y le ha permitido a la Rama obtener algunos logros como la implementación de los juzgados administrativos que permitirán una reducción de los inventarios de la jurisdicción, cercanos a los 180 mil procesos, en por lo menos el 70 por ciento.

El Consejo Superior de la Judicatura destacó entre los avances la implementación del sistema penal acusatorio que en los primeros 500 días de funcionamiento del sistema en once distritos judiciales, se realizaron 40 mil audiencias de control de garantías y 26 mil de conocimiento como prueba de la aplicación de los principios de inmediatez, eficacia, publicidad y garantía real de los derechos de los procesados, con una reducción en promedio de 60 por ciento en los tiempos procesales.