Este documento obedece básicamente a una ponencia concerniente a los nuevos contenidos de la función pública territorial. En este sentido, se parte del análisis de dos conceptos, como lo son conflicto y desarrollo, relevantes en el entendimiento de las nuevas acciones comprendidas dentro de la función pública territorial y que a su vez se estructuran en tres campos: en primer lugar, aquellas que se dirigen a "impulsar y consolidar la descentralización en ciertos niveles de la nación hacia las regiones y las localidades" y que comprenden la iniciación del proceso de reestructuración territorial y funcional de la administración pública (proceso que en la gran mayorí­a de los municipios colombianos no se ha asimilado claramente); en segundo lugar, las que se dirigen hacia la "privatización de aquellas entidades del Estado cuya acción ha sido ineficiente y, por lo tanto, generadora de conflictos y tensiones... y fundamentadas en una recomposición de los agentes gestores de la acción pública, especialmente en los niveles relacionados con la prestación de servicios públicos, buscando hacer participes y responsables a ciertos grupos sociales de sus gestión financiera y administrativa; y finalmente, las encaminadas a readecuar el papel del Estado en la economí­a, proyectando una estrategia tendiente a la desregulación estatal. Bajo estos preceptos se entra a cuestionar y analizar el funcionamiento , desarrollo y proyección real de las entidades territoriales, promulgándose el establecimiento de nuevas formas de intervención y de polí­tica pública centradas en la concertación, autonomí­a y eficiencia de cada unidad territorial.