• Realizar labores de evaluación de la calidad del servicio educativo prestado por los establecimientos educativos privados vinculados al programa cobertura, en el marco de la ejecución del proyecto "subsidios a la demanda educativa" y control al cumplimiento de los convenios por parte de los establecimientos educativos vinculados.

- Metodología de evaluación integral a instituciones educativas privadas en convenio con la SED, ajustada a partir de la revisión, actualización y calificación de las áreas, variables e indicadores existentes. Debe contener la descripción de la metodología del sistema de evaluación, de los indicadores, de cada una de las unidades de medida a ser utilizadas en la evaluación, así como del procedimiento y metodología de aplicación del instrumento y el propuesta solo dice - Instrumentos de recolección de información (formularios) para realizar el proceso de evaluación a los planteles. - Software de procesamiento de información utilizado para el componente de evaluación. - Instrumentos de recolección de información (formularios) para realizar el proceso de evaluación a los planteles. - Reporte consolidado del nivel actual de ocupación y de la oferta real de cupos por localidad, institución, jornada y grado, de conformidad con los parámetros de metros cuadrados por alumno en relación con las áreas de las aulas de clase para cada institución oficial y privada del municipio. - Entrega de una ficha técnica por establecimiento evaluado con los resultados obtenidos en la evaluación institucional. Ficha que se denomina “Perfil del Plantel”. Esta ficha deberá contener los datos básicos de la institución, la fecha de la visita y el puntaje obtenido por criterio de evaluación, indicando el puntaje máximo posible y su comparación con el obtenido por cada establecimiento. - Informe final con base en la información obtenida en el proceso de evaluación con los siguientes subproductos: - Análisis de desempeño general frente a los diferentes aspectos y áreas de la evaluación que permita apreciar la calidad del servicio educativo ofrecido por los establecimientos educativos privados vinculados al programa de cobertura detectando las principales fortalezas y debilidades de las instituciones. - Informe de sugerencias sobre orientaciones de política y medidas de mejoramiento del programa de cobertura de la SED. - Informe sobre el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos (nuevos y antiguos) que relacione el tipo de vinculación, tiempo de servicio, el perfil profesional y laboral.

- Ajustar el instrumento de evaluación a los establecimientos educativos con base en los cambios efectuados en todo el proceso de evaluación. - Verificar la presencia y el perfil profesional de los docentes y su vinculación y dedicación a la institución. - Efectuar las visitas de evaluación a los colegios privados que en el momento de la ejecución del proyecto tengan convenio con la SED (Colegios antiguos). Adicionalmente a los que, a partir de la convocatoria, cumplan los requisitos para ingresar al Banco de Oferentes (DECRETO 4313 DE 2004). - Determinar la oferta real de cupos ofrecidos por institución, jornada, nivel y grado. Esta oferta se determina con el número total de niños matriculados en la institución. ( se incluyen los niños con subsidio y los niños sin subsidio) - Realizar el control al cumplimiento de las responsabilidades derivadas del convenio que suscribe la institución educativa con la SED, particularmente, los cobros complementarios, la vinculación, idoneidad y permanencia de los docentes en el establecimiento.

La educación es reconocida no sólo como un derecho fundamental sino como un servicio público que cumple una función social. El acceso a una educación de calidad incide directamente en las posibilidades de desarrollo personal y en el desempeño social y laboral. Diversos estudios a nivel mundial, desde los años 80, han puesto de manifiesto la trascendencia de la educación como factor de desarrollo en términos de mayores conocimientos asociados a la producción y a la competitividad laboral, que se traduce en mejoramiento económico de las naciones. En este sentido los países latinoamericanos han venido realizando esfuerzos desde la década del 70 involucrando los procesos educativos como estrategia para el desarrollo económico. Dentro de esta política las decisiones educativas fueron orientadas a la inversión de capital (teoría del capital Humano). En la década del 90 está política se refuerza con el fin último de modernizar y transformar los sistemas educativos, incluyéndolos como elemento estratégico en el desarrollo de la nación y en el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población. En Colombia esta transformación se ha venido gestando desde la promulgación de la ley General de Educación (115 de 1994), posteriormente perfeccionada con la Ley 715 de 2001, introduciendo como obligación principal del Estado el procurar y velar por la calidad de la educación. Garantizando el acceso universal al servicio público educativo, especialmente en los grupos poblacionales más desprotegidos y con ello minimizando las desigualdades en torno a las oportunidades de acceso y permanencia al sistema. En concordancia con esta dinámica del sector educativo a nivel nacional, el Distrito Capital, se encuentra cobijado adicionalmente por las políticas formuladas en el Plan Sectorial de Educación 2004 - 2008 y por la formulación del Plan Maestro de Equipamientos Educativos establecida por el POT mediante el decreto 619 de 2000 y sus posteriores ajustes y revisiones establecidas en el Decreto 469 de 2003. Las políticas anteriormente mencionadas constituyen un conjunto de acciones orientadas a la universalización de la educación básica, la articulación del sistema educativo al sistema territorial, la articulación ciudad – escuela, escuela - ciudad donde ésta se convierta en escenario educativo y la escuela se transforme en escenario ciudadano. También la transformación del entorno social y económico a partir del mejoramiento mismo del sistema en busca de suplir necesidades que no pueden ser resueltas en los núcleos familiares y, finalmente una vinculación más activa y eficaz del sector privado en la generación y prestación de servicios educativos como mecanismo para atender los crecientes déficit de infraestructura y cobertura en la ciudad. En este contexto de transformación del sistema educativo, entendido como pieza fundamental del desarrollo social y económico, cobra especial importancia en Bogotá D.C. La discusión entorno a la calidad de la educación, en la medida que esta puede constituirse en factor de desequilibrio e inequidades sociales. Sin embargo la principal dificultad a este respecto se centra en la construcción y definición del concepto mismo de calidad, dadas las diferencias sociales, culturales, económicas y territoriales que en principio requieren de un servicio educativo no uniforme, que apunte a la disminución de las diferencias entre clases sociales y que además sea capaz de responder a la diversidad y particularidad de las diferentes comunidades de la ciudad. Dadas las anteriores condiciones y entendida la educación como un bien de inversión pública que contribuye significativamente al desarrollo económico y social, es decir que trasciende el ámbito escolar de las relaciones entre alumnos y maestros para proyectarse a los ámbitos sociales y económicos de la ciudad, se hace indispensable analizar la relación de costos e inversiones en el sector frente a los beneficios esperados, de tal forma que la calidad se vuelve el punto central del análisis, puesto que el beneficio de esta inversión es tangible en el aumento de capacidades, habilidades y conocimientos por parte de los educandos y con ello mayores posibilidades de insertarse en el tejido social, laboral y productivo de la ciudad. En estos términos la evaluación de la pertinencia y de la calidad del servicio educativo se constituye en instrumento indispensable no sólo para ejercer un seguimiento al funcionamiento del sistema sino como herramienta vital en la obtención y consolidación de información significativa que permita redefinir o reorientar las políticas, ajustar los objetivos, metas, actividades y los programas y proyectos, teniendo en cuenta los diferentes niveles de decisión del sector educativo. Así mismo la discusión política, social y económica sobre el papel de la educación en el desarrollo de la ciudad y el país debe ser alimentado necesariamente de la información generada por el sistema educativo, en la medida que el capital humano como factor de desarrollo debe convertirse en una realidad demostrable y perceptible, tanto para los gobiernos como para la opinión pública. Durante los últimos 6 años el Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID – de la Universidad Nacional de Colombia ha venido trabajando conjuntamente con la SED en procesos de evaluación del sector educativo y, particularmente, en el seguimiento a los establecimientos educativos, orientando su labor en dos aspectos fundamentales; el diagnostico y la toma de decisiones. El diagnóstico entendido como la construcción de un grupo ordenado de variables e indicadores que permiten tener una imagen aproximada de las instituciones educativas y, a través de ellas, del estado mismo del sistema educativo.