Leyes de Tierras y de Ordenamiento territorial son buenas oportunidades para
otorgarles ingresos estables y sostenibles a los municipios.

Bogotá, 05-Oct-2010 (Prensa CID). Recientemente el Departamento Nacional de Planeación (DNP) divulgó el último escalafón del comportamiento fiscal de los entes territoriales, en el que se evidenció que estas entidades aumentaron sus inversiones en 7,5 billones de pesos, al pasar de 36,3 a 43,8 billones de pesos entre 2008 y 2009.

Así mismo, el año pasado el recaudo de municipios y departamentos pasó de 13,4 a 15 billones de pesos. De ahí que Planeación Nacional observa un mejor comportamiento general y un mayor esfuerzo de los municipios y departamento para mejorar sus fuentes de recursos propios.

Para Jorge Iván González, académico del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, este tema fiscal es central, sobre todo ahora que de nuevo se está pensando en una Ley de Tierras y en una nueva Ley de Ordenamiento Territorial, como una forma de darles a las regiones mucha mayor autonomía y mejorar el comportamiento local y regional.

Para el investigador, los gravámenes locales más importantes en el caso de los municipios son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. -Por ello, es urgente que el país siga avanzando en recaudos prediales y para esto es una condición imprescindible que haya una modernización de los catastros y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)-, señala.

Uno de los componentes más importantes que deberían tener las reformas que presentó el Gobierno es la actualización de los catastros. Según González, un buen uso que se podría hacer de las regalías (ahora que se habla de nuevos hallazgos, de un incremento en la explotación minera y de un aumento de los precios de los energéticos) sería su destinación hacia una modernización sustantiva de la información del valor de los predios en Colombia.

Si estos datos se mantienen actualizados y se acompañan de una formalización en la titularización y de un estímulo a los municipios para que mejoren su esfuerzo fiscal, entonces podría contarse con ingresos estables y sostenibles para los municipios que hagan efectivo el cobro del predial.

Esto sería una fuente permanente de recursos que, en el mediano y largo plazo, le dará a los municipios posibilidades de mayor ejecución presupuestal, de mayores obras y, sobre todo, una mayor posibilidad de atender a la población vulnerable, que está en las situaciones más difíciles.

En síntesis, para González, es vital que el DNP continúe estimulando la comparación de los indicadores y su clasificación entre las distintas regiones, y siga apoyando el esfuerzo fiscal de las regiones, tanto en los departamentos como en los municipios.

De la misma forma, hay que ver que estas acciones se integren a las nuevas propuestas de ordenamiento territorial, de restitución de tierras, de productividad agropecuaria; y que el tema energético no se quede solamente en una dinámica extractiva que no genera empleos, sino que esos excedentes se conviertan en desarrollo económico, en generación de vías, en integración del mercado interno y en consolidación de los procesos regionales y nacionales, puntualizó el investigador del CID.