Los invitados coincidieron en que los subsidios y los créditos no están resolviendo el problema de fondo en el sector rural colombiano.

Bogotá D.C., 04-abr-2014 (Comunicaciones CID). La Cátedra de Sede Manuel Ancízar, que este semestre trata la problemática del sector rural en el país, continúa en las instalaciones de la Universidad Nacional. El tema central de la cuarta sesión fue ‘la estructura agraria en Colombia, ley de tierras y ordenamiento del territorio’ y contó con la participación del profesor UN Gonzálo Téllez; el dirigente agrario Reinaldo Santa; el director del Doctorado en Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, Jaime Forero; Jhenifer Mojica, exasesora del Ministerio de Agricultura; e Isaac Marín, representante de la Coordinadora Nacional Agraria.

El cambio en la política agraria desde la apertura

El profesor Téllez hizo un análisis de la política pública de reforma agraria en el país desde la década de los 60 hasta el cambio institucional y legal que implicó la apertura comercial en los 90 y la ley 160 de 1994.

Según el académico, “desde la presidencia de Carlos Lleras primó una política agraria en el contexto de la Alianza para el Progreso, con una visión del rol que debía jugar el Estado como responsable de solucionar los problemas públicos, pero en los 90, el Estado decidió  retirarse y entregarle esa responsabilidad al mercado”.

Para el docente, esto se evidenció en la forma como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) fue “deshuesado quitándole sus funciones”, para darle paso a un modelo que parte del “falso supuesto de que la tierra es transable como los demás bienes”, recalcó.

Además señaló que “el cambio del enfoque ‘estadocéntrico’ al ‘sociocéntrico’ ha sido un fracaso”, porque la concentración rural sigue igual y las consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas del problema estructural del campo no ha sido atendido, indicó.

El conflicto armado ha sido una guerra de expoliación de los pequeños y medianos propietarios

Tomando también como punto de partida los años 60, Reinaldo Santa resaltó que “hace 40 años el movimiento obrero y campesino fue derrotado y su intervención en la sociedad borrada”. Además señaló que durante estas cuatro décadas “se ha impuesto una política de obtener la renta de la tierra por medio de la sangre y el sudor de los campesinos”.

Recordó que aunque la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) dejó de representar a los campesinos desde los 70, el Paro Agrario de 2013 demostró que “aún hay energía en el campo para ser un contrapeso contra los poderosos” y que tiene que ser un factor importante para tener en cuenta al momento de generar legislación para el sector rural.

Añadió que son los campesinos quienes más han sufrido los estragos del conflicto armado, “que en el fondo ha sido una guerra de expoliación, pues las principales matanzas de los paramilitares ocurrieron donde no había guerrilla, pero sí tierra fértil en manos de pequeños y medianos propietarios”. A su vez, cuestionó La ‘buena fe’ con la que la empresa Argos adquirió más de 165 predios arrebatados a los campesinos desplazados y que hoy intenta legalizar por medio de la Ley de Tierras.

Tenemos grandes posibilidades de hacer frente a los retos del desarrollo en el campo

Una perspectiva diferente fue expuesta por Jaime Forero, quien se demostró “optimista” con respecto al futuro del sector rural colombiano, pues según su análisis “el país tiene un potencial enorme para enfrentar los grandes retos a los que se está enfrentando”.

El profesor Forero destacó que a pesar del panorama negro que se muestra en el campo colombiano, “la realidad es que hoy en día tenemos una balanza comercial agropecuaria positiva y el peso de las importaciones llegan a 25%, es decir que no estamos en un punto de irreversibilidad en seguridad alimentaria”.

También indicó que existe un mito con respecto a que el modelo es profundamente neoliberal y eso no es cierto, pues “las 30 millones de hectáreas acaparadas improductivamente, la falta de un verdadero mercado de tierras y la alta protección que tienen productos como café, aceite, arroz y azúcar, entre otros; hacen ver que el modelo no es tan abierto como se cree”, aclaró.  

A su vez, destacó la gran eficiencia económica de las unidades de producción familiar en el campo, las cuales pueden generar ingresos por día de trabajo “hasta tres veces más altos que como empleados en una empresa agroindustrial”. Según esto, el profesor mencionó que el principal problema está en la insuficiencia de tierra (más allá del capital o tecnología), pues hay una gran capacidad adaptativa por parte de los campesinos en los más diversos ecosistemas.

Sobre las Zonas de Reserva Campesina, el académico advirtió la necesidad de que estas sean solicitadas de forma libre por las comunidades, “porque si bien pueden ser muy atractivas para aquellos que se encuentran en zonas de frontera campesina sufriendo grandes presiones, puede no serlo para los que están altamente integrados en el mercado y quieran negociar sus tierras. Imponer las ZRC sería un fracaso y un acto autoritario”.

Por último expresó que aunque hay un panorama de negativismo, “creo que tenemos una economía rural altamente diversa y eficiente en distintos ecosistemas, y que estamos muy cerca de lograr una alternativa democrática de desarrollo en el campo”, concluyó.

No sólo con normatividad se soluciona el problema

Una de las personas más conocedoras de la legislación y la situación rural en el país es Jhenifer Mujica, egresada de Derecho de la Universidad Nacional y exasesora del Ministerio de Agricultura. Durante su presentación en la Cátedra, Mujica resaltó que “en la discusión sobre la reforma agraria nunca se ha incorporado su territorialidad, no se reconoce la relación del campesino con la tierra donde la tierra tiene un valor intrínseco enorme, donde el precio es lo menos importante”.

La exfuncionaria se mostró en contra del argumento que se ha esbozado en las últimas décadas según el cual darle la tierra a los campesinos sería “condenarlos a la muerte”, porque ellos no son tan productivos como las grandes empresas que llevarían el progreso a las regiones, para Mujica “este fundamento ha aumentado la concentración de tierras y la exclusión de las comunidades agrícolas en el país”.

A su vez, la abogada resaltó que “el problema no es de reforma constitucional, ni de asambleas constituyentes, sino del modelo de desarrollo que queremos y eso no se resuelve con reformismos” y recomendó a los movimientos sociales rurales a luchar por que “se cumpla al menos un porcentaje de lo que hoy está aprobado”, porque aunque tenga defectos, considera, que tendrá mayor ganancia que intentar “hacer grandes diseños normativos que finalmente van a terminar en lo mismo”, enfatizó.

Los campesinos han sufrido la peor parte del conflicto armado

El representante de la Coordinadora Nacional Agraria, Isaac Marín, dijo que el Estado tiene una “enorme deuda” con lols campesinos colombianos por la falta de políticas públicas en el sector que pudieran responder a las exigencias de las dinámicas económicas del campo.

Para el líder rural, esa deuda también está medida en que han sido los campesinos quienes cargaron con “el peso del desastre de las violaciones de los derechos humanos y en cuyos indicadores el país sale todavía mal librado”, señaló.

Tampoco la solución está en “medidas asistencialistas como los créditos”, indicó Marín, pues ante el incumplimiento de algunos pequeños productores por la crisis del campo, los bancos terminaban embargando las fincas, “siendo peor la cura que la enfermedad”, mencionó.

Resaltó que para salir de la crisis y evitar que los campesinos migren a la ciudad para incrementar los ‘cinturones de miseria’ o que opten por los cultivos ilícitos, el acompañamiento del Estado debe ser integral, con inversiones en salud, educación, vivienda, infraestructura y tecnología.

Para cerrar la cuarta sesión de la Cátedra, Marín señaló que “no se puede seguir haciendo un desarrollo territorial sólo para las agroindustrias, porque la economía campesina tiene otra lógica y debe ser tenida en cuenta en el ordenamiento territorial”.

*La Cátedra de Sede Manuel Ancízar se lleva a cabo en el auditorio León de Greiff todos los sábados hasta el 14 de junio de 2014.