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| El drama del desplazamiento en Colombia fue analizado en la Cátedra Manuel AncÃzar |
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Según los datos oficiales, el conflicto armado ha dejado al menos 6.5 millones de desplazados, aproximadamente el 13% de la población colombiana. Bogotá D.C., 24-abr-2014 (Comunicaciones CID). Uno de los mayores dramas que ha vivido el campo en Colombia en las últimas décadas ha sido el del desplazamiento forzado. Este tema y los intentos por parte del gobierno de implementar la llamada Ley de Tierras fueron debatidos en la sesión del 12 de abril de la Cátedra de Sede Manuel AncÃzar titulada ‘Tragedia humanitaria: desplazamiento, despojo’, que se llevó a cabo en el auditorio principal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
El evento contó con la presencia de la reconocida lÃder comunitaria MarÃa Eugenia Zabala, quien se ha convertido en un referente para los millones de desplazados que intentan volver a sus regiones después de haber vivido los vejámenes de nuestro extenso conflicto armado. Con ella compartieron el panel los profesores de la Universidad Nacional Marco Romero (director de CODHES) y Rodrigo Uprimny (director de DeJusticia).
Una historia de dolor y valentÃa
La historia de MarÃa Zabala es, en el fondo, la misma de los más de 6 millones de desplazados y despojados que ha producido casi medio siglo de conflicto en el paÃs. Después de presenciar el asesinato de su esposo, su tÃo y su sobrino a manos de un grupo armado ilegal, MarÃa tuvo que abandonar su finca en Córdoba a finales de 1989 con sus ocho hijos y con apenas lo que pudieron cargar en sus manos llegaron a MonterÃa, donde los esperaba la miseria y la indiferencia en la ciudad.
A pesar de los duros golpes recibidos, Zabala recuperó sus fuerzas y comenzó a reunir a un grupo de 17 mujeres que, como ella, eran cabezas de hogar y habÃan sufrido los estragos de la violencia. Con su liderazgo, lograron en 2001 recibir un crédito para comprar una finca de 15 hectáreas a la que llamaron ‘El Valle Encantado’ con la cual pudieron regresar al campo y sostenerse dignamente con el trabajo de la tierra.
Su labor le hizo merecedora del Premio a la Mujer Cafam en 2004 y a una condecoración del Congreso de la República en el marco del DÃa de las VÃctimas, realizado el pasado 9 de abril.
Después de contar su odisea, Zabala mencionó que uno de los momentos más difÃciles fue cuando regresó a su antigua finca y pese a las amenazas, logró rescatar los cuerpos de sus seres queridos de una fosa común y darles ‘cristiana sepultura’. “El dÃa en que enterré a mis muertos no me sentà triste, me sentà grande como persona”, expresó.
También señaló que su lucha no ha terminado, pues la comunidad del ‘Valle Encantado’ podrÃa ser nuevamente desplazada, no por los violentos, sino por la deuda y los intereses del crédito con el que adquirieron los terrenos donde actualmente viven más de 17 familias. A su vez, indicó que el mayor problema en su región es la “corrupción que ha permitido legalizar las ventas ficticias de las tierras de los desplazados”.
Por último, la lÃder comunitaria dijo que “la reparación debe ser integral, porque de nada sirve devolver las tierras y dejar a las vÃctimas allá en una situación de pobreza, sin oportunidades”. Añadió que el “camino para una paz duradera es el perdón y la reconciliación, asà como tratar de conseguir mayor equidad, igualdad y seguridad en el campo colombiano”.
Las diferentes causas del despojo
El profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias PolÃticas de la Universidad Nacional, Marco Romero, centró su presentación en la identificación de las principales causas del desplazamiento forzado.
Según el académico el paÃs “tiene una oportunidad para que las instituciones, la academia y la opinión pública reconozca el problema de esta tragedia humanitaria y, como dicen los psicoanalistas, se dé ese primer paso que es reconocer el grado de esquizofrenia en que vive la sociedad”.
En ese sentido, recalcó que “no todo el desplazamiento en Colombia fue producto de los enfrentamientos entre los grupos armados, sino que obedecen a otros factores como la geografÃa polÃtica de la guerra y las caracterÃsticas económicas de los territorios”.
En cuanto a la geografÃa polÃtica, Romero señaló que el caso evidente fueron las alianzas entre los polÃticos regionales y los grupos al margen de la ley; mientras que en el caso de las causas económicas del desplazamiento mencionó “la importancia de algunas zonas como corredores del tráfico ilegal y los intereses para la extracción de recursos naturales tanto de algunas multinacionales como de los mismos grupos armados ilegales”.
También hizo énfasis en las consecuencias del desarraigo y el drama que viven millones de personas “que llegaron a las ciudades a enfrentar contextos radicalmente distintos”, pues según estudios citados por el profesor, después de ser desplazados el porcentaje de pobreza extrema al interior de ese grupo social pasó del 25% al 50% y en la actualidad el 95% vive en condiciones de pobreza.
La restitución es difÃcil, pero necesaria
En su presentación, el reconocido jurista y director de Dejusticia Rodrigo Uprimny, destacó la gran importancia que tiene la expedición de la Ley 1448 de 2011 –también conocida como la Ley de VÃctimas y Restitución de Tierras– y su implementación para “tratar de enmendar algo que nunca debió haber ocurrido en nuestro paÃs”, señaló.
Sin embargo, recalcó que la responsabilidad del Estado no debe limitarse a “devolver a las personas a las condiciones que tenÃan antes del desplazamiento, sino que debe complementarse con otras polÃticas para que la reparación sea verdaderamente integral”. Con respecto a esa integralidad en la polÃtica de restitución, el académico anotó que se está poniendo en la balanza dos tipos de desarrollo rural, “uno enfocado a la industria y a la minerÃa que necesita terrenos vacÃos para ser explotados y otro (al cual le estamos apostando) lleno de campesinos que tengan las oportunidades trabajando la tierra”.
Sobre los retos en la implementación de la polÃtica pública, Uprimny hizo referencia a que esta nueva jurisprudencia ha hecho necesaria la capacitación de una nueva clase de jueces que apliquen nuevas doctrinas (por ejemplo, invirtiendo la carga de la prueba a favor de las vÃctimas) y también instituciones que puedan responder de forma ágil a un drama de esa magnitud.
Enfatizó adelantar el proceso de restitución sin haber finalizado el conflicto es difÃcil, por los desafÃos que implica en materia de seguridad para los lÃderes de restitución –en 5 años han sido asesinados 71– y para aquellos que toman la determinación de volver, la falta de información sobre los predios, las dificultades geográficas, etc.; pero que aun asà “es un imperativo ético y polÃtico para el Estado adelantar el proceso, porque de lo contrario darÃa una imagen de que el crimen paga”.
*La Cátedra de Sede Manuel AncÃzar se lleva a cabo en el auditorio León de Greiff todos los sábados hasta el 14 de junio de 2014.
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