Bogotá D.C., mayo 19 de 2015 (Comunicaciones FCE - CID). Todo parece indicar que la dinámica extractivista se afianzará aún más en el país en los próximos cuatro años, debido a que las Áreas Estratégicas Mineras (Resolución 0045 de junio de 2012) tienen un papel preponderante dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018. Así lo advierte el economista Carlos Alberto Suescún, profesor de la FCE UN, quien considera que se abrió una puerta enorme para que grandes grupos empresariales exploten el campo, las minas y los bosques en detrimento de las comunidades y el patrimonio natural.

 

Según el experto, cuando el Gobierno Nacional creó la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013) incorporó una figura de corte empresarial llamada Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE). En su opinión, el PND parece más un plan de negocios con claros sesgos a particulares, que una hoja de ruta para el verdadero progreso del país, todo pensado a partir de la figura de PINES, a través de los cuales se le otorga un amplio espacio al sector privado. 

 

Por ejemplo, si la Nación quiere participar en la construcción de vías de cuarta generación (4G) podrá invertir máximo el 30% de los recursos económicos; esto significa conceder amplias facultades a los concesionarios para tomar decisiones sobre temas que le conciernen al Estado, por ejemplo, el ordenamiento territorial. Eso mismo podría pasar en áreas como la minería y la agricultura.

 

“En el caso de la minería, el PND habla de la consolidación de las Áreas Estratégicas Mineras, algo en lo que han venido trabajando desde hace algunos años los ministerios de Minas y de Ambiente. Estas Áreas Estratégicas, de acuerdo con la redacción de la Ley, serían a su vez PINES, los cuales según lo establece el artículo 49 del PND, tendrían las cualidades de utilidad pública e interés social (esto quiere decir, por ejemplo, que se puede expropiar para que avance un PINE)”, indica el académico. 

 

Es tal la importancia que se le da al sector minero en el PND, asegura, que además del otorgamiento de importantes recursos financieros, el Gobierno Nacional quiere darle un orden global a todo el territorio, incluyendo departamentos enteros que, según la visión gobiernista, tienen importantes reservas de minerales e hidrocarburos. Lo preocupante es que esa concepción de lo estratégico y del interés nacional está determinando el ordenamiento territorial, con la lógica del “todo cabe”. 

 

Agrega que un ejemplo del “todo cabe” es el macro-ordenamiento minero y agrícola que impulsa el Gobierno y en el cual se considera a los departamentos amazónicos de Guainía, Vaupés y Guaviare como parte de los Llanos Orientales . “Si se revisan las bases del PND, la Amazonia solo está compuesta por Amazonas, Caquetá, Putumayo y, curiosamente, por el Huila; dejan por fuera territorios predominantemente selváticos y los insertan en la región llanera, con el fin de facilitar la inversión en minería, agroindustria e infraestructura. Claramente, este PND es anti-ambiental, aunque en la retórica oficial se incluya como eje transversal una política denominada crecimiento verde. De esta manera, se está abriendo la puerta de una manera irresponsable a la actividad minera y agroindustrial en esta amplia región del país, chocando claramente con la protección del patrimonio ambiental y cultural, representados en nuestras selvas, ríos y por supuesto en la diversidad étnica y cultural de esta parte del país”.

 

Otro tema que despierta desconfianza entre académicos y agremiaciones de mineros es el de la conformación de alianzas productivas en minería (denominados subcontratos, según lo establece el artículo 19 del PND), emulando las creadas en el sector agropecuario. Si bien, el Gobierno ha expresado que el objetivo es formalizar la pequeña minería y la ilegal, el temor es que se fomenten los monopsonios, que son empresas que operan en una región determinada, se encargan de comprar toda la producción minera de la zona y suelen fijar precios de compra a su conveniencia.

 

El profesor Suescún explica que las alianzas productivas en agroindustria funcionan con un gestor (una gran compañía), con buenos contactos comerciales y financieros, que arrienda o contrata terrenos de campesinos para sembrar determinado producto. Los agricultores trabajan para el gestor y solo a este deben comprarle los insumos y las semillas que necesitan para el cultivo. Es un modelo que utilizan, por ejemplo, los palmicultores. Tal modelo ha recibido múltiples críticas por la desigualdad en las transacciones, la pérdida de autonomía de los activos y bienes de los campesinos y por el deterioro que determinados cultivos a gran escala ocasionan a las tierras y fuentes de agua.

 

“Esas alianzas han llevado a concentrar aún más el uso y la propiedad de la tierra y, de alguna manera, a limitar la autonomía de muchos pequeños productores campesinos; eso mismo se pretende con la minería, que tendrá como principales gestores a grandes empresas mineras de origen nacional e internacional. Por todo esto, el PND potencialmente engendra nuevos conflictos sociales, económicos y ambientales, más si se tiene en cuenta que el petróleo pasará a un segundo renglón, mientras la minería se pretende convertir en el cajero principal de la Nación”, manifiesta el analista de la UN. 

 

Los anteriores puntos son solo algunas de las crisis sociales que se desprenderán con la aprobación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, expresa el académico, debido a que bajo la excusa de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico podrían estar en riesgo las áreas forestales protegidas, las víctimas del despojo o abandono violento de la tierra, los resguardos indígenas y otro tipo de figuras legales que protegen a las comunidades, al ambiente y, en sí, al interés ciudadano.