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El alto costo de la política de mitigación de cambio climático para el país

La introducción de impuestos o permisos de emisión de gases de efecto invernadero generaría altos costos al país en términos de empleo y del PIB, por lo que, antes de fijar un reforma fiscal verde, es necesario incentivar una transformación en la estructura productiva para que la reducción de emisiones se dé por esa vía. Así lo determinó en su tesis de maestría en Ciencias Económicas de la UN Jurley Sosa Camacho, quien desarrolló un modelo para evaluar el impacto económico que tendría una política de cambio climático en Colombia.

Bogotá D.C., julio 21 de 2015 (Comunicaciones FCE - CID). Nuestro país no es un emisor relevante de gases de efecto invernadero en el mundo; no obstante, debe contemplar acciones que reduzcan la exposición al riesgo por el cambio climático, dada su alta vulnerabilidad en áreas como la salud, la vivienda y los recursos hídricos. Por ello, Jurley Sosa Camacho, en su tesis de maestría en Ciencias Económicas, construyó un modelo de evaluación del costo puramente económico que tendría para la nación implementar políticas públicas que mitiguen los efectos del calentamiento global.

 
La egresada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia comparó tres escenarios de política para evaluar su costo: uno de reducción de emisiones al 1%, otro al 5% y uno más al 10%, con respecto a las emisiones de 2005. Lo que halló es que en uno de mínima acción la disminución del PIB sería de alrededor del 2,8% y en uno de reducción del 10%, sería del 36%, lo cual es inviable considerando la urgencia de resolver otras dificultades que dependen del crecimiento económico del país. Asegura que se debe tener en cuenta que estos resultados no tienen en cuenta los gastos asociados a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña. 
 
“En el modelo, como en la mayoría de modelos climáticos y de problemas de energía, se asume que la polución es originada por el uso de productos antes que de la producción de los mismos, desde luego, esto corresponde a una simplificación; sin embargo, es aceptable afirmarlo, en tanto que, por ejemplo, el uso de un carro durante su vida útil es más contaminante que su producción o importación”, describe la egresada.
 
Uno de los principales supuestos del modelo consiste en la consideración del desempleo como una variable endógena, que afecta la implantación de políticas de cambio climático. Si se decidiera hacerlas efectivas, en los resultados se observa un aumento en el nivel de desempleo como resultado de la contracción en la actividad productiva y, por ende, en la demanda de factores productivos. Yurley asegura que es vital considerar este resultado, dado que sería un retroceso en los esfuerzos que se han implementado en el territorio para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.
 
“A partir de los hallazgos de las simulaciones, es preciso señalar que la introducción de gravámenes o permisos de emisión origina altos costos al país en términos de empleo y del PIB. Por eso, antes de fijar un reforma fiscal verde, que ayude a reducir otros impuestos o se conviertan en subsidios e inversión ambiental, es necesario generar una reforma en la estructura productiva para que la reducción de emisiones se dé por esa vía”, explica Sosa en su tesis.  
 
Agrega que estas observaciones, aunque desalentadoras, no deben limitar la adopción de medidas de política orientadas a la mitigación; al contrario, se deben buscar mecanismos de financiación, como por ejemplo, las transferencias a través del fondo verde para el cambio climático.
 
En ese sentido, asegura que como se señaló en el Documento 3700 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) de 2011, llamado “Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático”, es fundamental reconocer la gravedad de este fenómeno y, por tanto, su integración en las estrategias y planes en el país. 
 
Sosa advierte que existe el reconocimiento del sector empresarial frente a la urgente necesidad de acción, según quedó consignado en un documento publicado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en el 2010, en el cual un alto porcentaje de empresarios estaba de acuerdo en que el desarrollo del país debe corresponder con una economía con baja intensidad en carbono.
 
“El país reconoce el problema y ha logrado un avance significativo al respecto, así como destacados ejercicios de contabilizar los costos del cambio climático; sin embargo, urge implementar estrategias y planes para una economía baja en carbono”, afirma la economista de la UN. 
 
Agrega que actualmente, en el marco de los diálogos de paz que se realizan en La Habana, existe una oportunidad para priorizar e introducir tales medidas que acompañen las estrategias de inclusión y desarrollo social y económico de la población, que durante décadas ha sufrido los efectos del conflicto y que, además, está ubicada en las áreas de mayor impacto por el calentamiento global.
 
Seguir aportando a la discusión
 
El modelo desarrollado por Jurley Sosa integra diversos aspectos económicos que van desde la producción, el consumo, el comercio internacional, las emisiones y el desempleo. Según la graduanda, quien sustentó su trabajo el pasado 22 de junio ante los profesores jurados Nohra León Rodríguez, Alejandro Mora Motta y Gustavo Adolfo Junca, el supuesto principal del modelo es que las emisiones son proporcionales a la demanda interna (usos) de productos relevantes (indistintamente del lugar de producción – doméstico o importado). 
 
El trabajo, que contó con la dirección del profesor Javier Sabogal Aguilar y con la codirección del profesor Marco Missaglia, propone que a partir de este análisis académico se sigan estudiando otros aspectos económicos relacionados con el cambio climático, como la medición conjunta de sus costos y de la política de mitigación, así como la inclusión del capital natural.

 
Module CID Centro de Investigaciones para el Desarrollo

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