Bogotá D.C., 14 de marzo de 2016 (Comunicaciones FCE – CID). De acuerdo con datos del DANE, el índice de pobreza monetaria en el país llega en la actualidad al 28 %, lo cual equivale a cerca de 13 millones de habitantes. Para Ricardo Bonilla, integrante de la Comisión Tributaria, es a esas personas a las que se les debe devolver el IVA aplicado a productos de la canasta familiar, a través de programas focalizados del Estado como el Sisbén. La lógica no puede ser, dice el académico, eximir a los productos de este impuesto, debido a que así dejarían de contribuir millones de personas que si están en capacidad económica para asumirlo.

 

Sin lugar a dudas, esta es una de las propuestas más antipopulares planteadas en el informe que la Comisión Tributaria le entregó al Gobierno Nacional, pero en opinión de los expertos que participaron en su elaboración, el rechazo a esta idea se debe al desconocimiento general del porqué de esta idea. 

 

En el Debate CID que organizó ayer el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la FCE UN, el profesor Bonilla aseguró que al aplicar el IVA del 5 % a la canasta familiar hay que resolver dos temas básicos. Por un lado, se deben revisar los descuentos del impuesto que hacen efectivos los productores, por ejemplo, por la compra de insumos, pero cuya rebaja no es trasladada al consumidor final. Esto hace que hoy se pague por arroz, leche o huevos como si tuviesen el IVA incorporado.  

 

Por otro lado, explicó el exsecretario de Haciendo de Bogotá, se debe determinar a quiénes se les cobra el IVA. En ese sentido, dijo, la canasta básica la compra toda clase de familia, desde la más rica hasta la más pobre; la diferencia es que alguien con pocos recursos comprará el grano más barato, mientras el más pudiente probablemente adquirirá uno de marca. Según lo anterior, la lógica adoptada por la ‘Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria’ es que se debe eximir de gravamen no al producto sino a la persona, debido a que es la forma de lograr mayor redistribución y equidad. 

 

Y ¿cómo devolverle el costo del IVA a quién en realidad es pobre? El profesor Bonilla indica que el mecanismo ya existe en el país y es el Sisbén; es ahí donde deberían estar registradas las personas que en realidad están en condición de vulnerabilidad económica. “Aquí el problema es que hay muchos colados y el Estado debe hacer una depuración”.  

 

Otro de los puntos clave por resolver según la Comisión de Expertos es el de la tributación por la propiedad de la tierra. Al respecto, Ricardo Bonilla recordó que el impuesto predial es uno de los más progresivos que existen porque las tarifas son proporcionales a los avalúos catastrales. Si bien, en las zonas urbanas se ha logrado una adecuada actualización, el gran lio se registra en las áreas rurales, donde la evasión es enorme, y no precisamente por parte de los campesinos.

 

El investigador del CID destacó que hay casos evidentes de engaño que ameritan una revisión profunda; por ejemplo, existen propiedades en zonas rurales exclusivas del país (como El Peñón, en Girardot, Cundinamarca) con un valor comercial de dos mil millones de pesos, pero avaluadas realmente por 400 millones de pesos. 

 

“El avalúo catastral lo que nos debe decir es si un predio tiene mejores condiciones, es más grande o presenta ciertos terminados, y si miramos las fincas de recreo que hay en el campo, muchos de sus propietarios no están pagando lo que deberían. Se debe señalar, además, que existen unos tres millones de minifundistas, con terrenos incluso más pequeños que una vivienda de interés social, mientras hay al menos 10 mil propietarios que tienen 40 millones de hectáreas. Cabe preguntarse: ¿qué está haciendo esa poca gente con tanta tierra”, señaló el académico de la UN.

 

Añadió que, frente a lo anterior, la Comisión Tributaria hace un llamado a la urgente actualización catastral para identificar claramente a los evasores. Por eso, como quedó consignado en el informe, se propone adoptar todas las medidas necesarias (que no son de índole fiscal) para tal fin. “En particular, se propone dotar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi de recursos adecuados, con una participación sobre el Sistema General de Participaciones para que pueda cumplir esta tarea, dando prioridad a la actualización de los catastros rurales y de los pequeños municipios, y al mismo tiempo, facilitar a otras ciudades y municipios importantes operar sus propios catastros o contratar actualizaciones con cualquiera de los catastros independientes existentes”, especifica el documento de la Comisión.

 

En el Debate CID que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia participaron los profesores Orlando Villabona y Jorge Armando Gutiérrez, así como el Director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, quien también integra la Comisión Tributaria; el profesor Álvaro Zerda fue el moderador del evento. Uno de los puntos en el que todos coincidieron al cierre del evento es que Colombia debe dar un salto enorme en pedagogía tributaria, para que los ciudadanos tengan más claro la importancia de pagar impuestos y sepan cómo hacerlo.