El retorno o la reubicación, de acuerdo con la Ley 1448/2011, tiene que darse en condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad (art. 28 n. 8), pero además la Ley reconoce el principio de progresividad (art. 17) en la aplicación. Mientras que dignidad y seguridad son claramente dos objetivos y la progresividad es claramente una restricción, la voluntariedad es a la vez un objetivo y una restricción, porque es una decisión autónoma de la víctima. Lograr estos objetivos bajo estas restricciones pasa por la definición de una secuencia viable y efectiva de la intervención. 

 

Por un lado, el enfoque de derecho no es solo un objetivo a largo plazo, sino también una restricción. Las aspiraciones individuales a un  proyecto de vida en el caso de retorno incluyen inevitablemente, como criterio mínimo, no empeorar el propio estilo de vida. No cabe duda alguna de que la población desplazada vive un contexto de abandono y pobreza que no tiene igual dentro de los grupos vulnerables; de ahí que parecería que la decisión de retornar al lugar de donde se fue desplazado fuera la mejor opción para iniciar la recuperación de derechos y de estabilidad. 

 

Pese a esto, las condiciones del área donde ocurrió el hecho victimizante y las modificaciones ocurridas en el entorno del lugar de recepción, como son la atención recibida o las redes de contactos que se generan, pueden afectar las decisiones de regreso. Esta última decisión es en sí misma la de la migración voluntaria. Esto quiere decir que la garantía del acceso a ciertos derechos como son la salud y educación para los hijos representa desde el comienzo un conjunto de criterios básicos que hay que tener en cuenta. Pero en muchas situaciones, la seguridad es el único umbral que verdaderamente se toma en cuenta a la hora de poner en marcha el proceso.

 

En segundo lugar, sin el ánimo de minimizar el tema de capacidades, es importante entender que existen otros factores claves a la hora de garantizar el éxito de un proceso. Desde una perspectiva secuencial, es evidente que se da una jerarquía sustancial entre factores exógenos y endógenos: la infraestructura necesaria, la seguridad humana (en sentido amplio) y la articulación con el territorio son variables que hay que intervenir antes de poner en marcha el proceso, para lograr una masa crítica inicial de participación.

 

En tercer lugar, el tema de la línea del tiempo de la intervención requiere cierta compatibilidad presupuestal. La Ley plantea exigencias de articulación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno, pero mientras existen competencias diferenciadas, la capacidad financiera recae en última instancia e inevitablemente sobre el nivel central. Garantizar la educación y el acceso a la salud es un gravamen sobre algunos de los principales rubros presupuestales de las autoridades locales. Sin embargo, mover siete millones de víctimas a lo largo del país implica una presión sobre el gasto de las autoridades territoriales que difícilmente es sostenible. Garantizar mayor transferencia solo cuando se haya realizado el retorno puede volverse un fracaso porque esas exigencias en término de derechos son determinantes para la voluntariedad.

 

El segundo apartado sobre el cual se quiere dirigir la reflexión es el problema de focalización en las políticas sociales. La insistencia estructural sobre la micro-focalización de las intervenciones, complicada por la heterogeneidad de las prácticas institucionales de implementación, terminan por generar inclusión diferencial, dañina en la medida en que alimenta prácticas biopolíticas de control y manejo de la población y de los grupos sociales. 

 

En otras palabras, el abanico de programas e intervenciones focalizadas construye rutas de inclusión y exclusión parcial, relacionadas con acceso a crédito, oportunidades de trabajo, salud y educación, que dejan como subproducto identidades grupales potencialmente en conflicto. En términos más concretos, en tema de focalización se plantean tres consideraciones claves para la política pública.

 

Por un lado, existe un tema de articulación institucional. La lógica de focalización es orientada a aislar un dominio de intervención y desde la perspectiva de política pública requiere ciertos instrumentos de definición, monitoreo e implementación; pero focalizar muchas áreas termina alimentando una inflación de mediciones, con tres consecuencias claves. En primera instancia, se afecta negativamente la confiabilidad de las mediciones porque sencillamente la gente se cansa de contestar a preguntas; por otra parte se  incrementa la posibilidad de generar heterogeneidad en el acceso a recursos en el contexto de intervención; y como tercer factor, se alimenta la expectativa de que tras cada encuesta tenga que existir un beneficio, produciendo así frustración. 

 

En segundo lugar, existe un tema de biopolítica de las víctimas. Por biopolítica se entiende el conjunto de herramientas y dispositivos (incluyendo los discursos) que buscan el gobierno de la población y de los grupos y que generan mecanismo de subjetivación, o sea de internalización de los comportamientos y las reglas. La frustración de las autoridades ante cierto tipo de liderazgo dentro de las comunidades y la sensación de falta de emprendimiento por parte de las poblaciones es, en muchos casos, un sesgo inducido por un tipo de intervención que privilegia la focalización.

 

Los procesos de construcción de la identidad y del sentido de arraigo presentan una interdependencia necesaria con una serie de mediaciones reales que tienen que ver con el dominio económico (comunidad de interés entre recicladores, desempleados, agricultores  etc.). Dicho dominio es afectado por la política pública, por ejemplo en las identidades construidas a partir da la posibilidad de acceso a cierto subsidio.

 

En tercer lugar, existe una potencial contradicción de fondo de difícil solución, pero que es importante subrayar. Existen rutas de atención y de asistencia, por ejemplo a los desplazados, que en ningún caso compensan la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho esta población. La intención de la norma es clara, pero resulta que los procesos de retorno y reubicación tienen lugar dentro de contextos de pobreza, vulnerabilidad o hasta resistencia. Es importante que los requerimientos de transparencia de la información y de involucramiento de las poblaciones sean cumplidos: al fin y al cabo, los subsidios y las diversas formas de atención contribuyen a garantizar derechos o a eliminar necesidades, independientemente del título con el cual se estén otorgando. Errores de comunicación, faltas de transparencia o incapacidad de compartir las motivaciones de manera eficaz, pueden generar tensión dentro de la comunidad por la heterogeneidad de la oferta. Sobra decir que este problema crecerá exponencialmente frente al de la reincorporación de excombatientes, una vez Colombia entre en la fase de posacuerdo.