Bogotá D.C., 05 de agosto de 2016 (Comunicaciones FCE – CID). La población campesina que cultiva coca enfrenta el peor de los mundos: tiene presión permanente de los grupos ilegales, poco o nulo acceso a los servicios del Estado, vive en zonas de difícil acceso y, por ejercer una actividad ilícita, está en la mira de las autoridades. Según la investigación de Miguel Serrano López, doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN, la suma de esos factores ubica a este grupo como uno de los más vulnerables del país, con un bienestar completamente afectado, debido a que las capacidades individuales para alcanzar proyectos de vida son muy reducidas.  

 

Las cifras así lo evidencian. Por ejemplo, el analfabetismo en las subregiones del sur y nororiente del departamento de Bolívar, donde hay núcleos cocaleros, es del 12 %. En las zonas del país dedicadas a este cultivo solo el 60 % de la población alcanza la educación primaria y apenas el 30 %, la de bachiller. Además, en las regiones productoras (excepto Valle del Cauca y Nariño), del total de estudiantes que entra a grado sexto solo el 50 % llega al grado once. Por otro lado, escasamente entre el 4 % y el 5 % de las unidades productoras agropecuarias en esas zonas cuentan con crédito de algún tipo.

 

La tesis de Serrano, titulada Cultivos ilícitos de coca y bienestar en las regiones productoras: Un análisis desde el enfoque de capacidades, dirigida por el profesor Jorge Iván Bula Escobar, retoma la noción de bienestar propuesta por el economista y filósofo indio Amrtya Sen, en la cual el ingreso (el factor monetario) no es determinante para comprender el porqué de fenómenos como la pobreza, a diferencia de otras teorías tradicionales. 

 

“El efecto de la producción ilícita sobre el bienestar arroja un resultado negativo cuando el aumento en el volumen de ingresos no compensa las reducciones en las libertades de quienes habitan las regiones cocaleras. Lo anterior, debido a que la función de beneficio económico se encuentra asociada directamente con un mecanismo de reducción de la seguridad en el territorio, y a que, por la aplicación de este por parte de los traficantes, se produce una reducción en el conjunto de las libertades monetarias y no monetarias de las personas”, asegura.

 

El investigador, quien trabaja en la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en Colombia, agrega que lo anterior se da tanto por la falta de presencia efectiva del Estado (pues solo se ejerce soberanía) y por la violencia de los grupos ilegales, como por la corrupción. 

 

Estos tres elementos constituyen el caldo de cultivo para que las capacidades individuales en las comunidades cocaleras estén truncadas. El egresado de la FCE UN resalta que el concepto de capacidades se refiere a todo aquello que les permite a las personas realizar labores para satisfacer sus necesidades básicas, participar en la vida social, económica y política de sus vecindarios y, en general, construir su propósito de vida.    

 

“El enfoque de capacidades vincula la seguridad protectora, el acceso a los mercados, las oportunidades sociales y los elementos relacionados con el flujo de la información y la posibilidad de encontrarse informado. Y al analizar y utilizar algunos indicadores oficiales se encontró que existen regiones o poblados con mayores probabilidad de establecimiento de cultivos ilícitos. La evaluación se realizó en todo el país, considerando el total de los municipios, con el propósito de examinar el universo de posibilidades de expansión de las plantaciones de coca”, sostiene el funcionario de la UNODC.

 

En sintonía con lo anterior, la investigación halló una alta coincidencia entre las regiones con los niveles más bajos de realizaciones en cuanto a capacidades efectivas de la población y la localización de los cultivos ilícitos. Sin embargo, Serrano aclara que lo anterior no es suficiente para explicar en su totalidad la dinámica de expansión de los sembrados. “En particular, también importan algunos elementos geoestratégicos que tienen que ver con la ubicación de las zonas de frontera o con el acceso a redes fluviales que tengan bajo control estatal”.

 

En su opinión, este hallazgo permite advertir la necesidad de abordar estrategias alternativas de desarrollo con el fin de que los escenarios municipales más vulnerables puedan también ser, de alguna manera, “vacunados” por medio de la integración social, económica y política dentro del territorio nacional. Por ello, invita a seguir investigando sobre el tema, particularmente, examinar los umbrales en los cuales las capacidades pueden comenzar a bloquear el ingreso de las economías ilícitas en un territorio.

 

“El estudio sugiere que existe la posibilidad de que los productores transen algunas condiciones efectivas en lo referente a sus realizaciones personales, familiares y comunitarias, por el dinero; es decir, que el dinero no es el único factor determinante del bienestar, y en este sentido el acceso a servicios sociales y oportunidades de integración podría ser el camino para la ruptura con las economías ilícitas, incluso de una manera más eficaz que la sustitución de cultivos en el sentido tradicional”.

 

Las personas interesadas en consultar la tesis doctoral de Miguel Serrano López pueden seguir el siguiente enlace: www.bdigital.unal.edu.co/50796/1/79363295.2015.pdf