En abril pasado, Argentina decidió expropiar a la petrolera YPF, filial de la española Repsol. Ello, al parecer, traerá un impacto negativo en conexión con los inversionistas extranjeros, en cuanto a la imagen del país gaucho, y despierta las alertas en toda la región latinoamericana.

Artículo de opinión
Raúl Andrés Ávila Forero
Profesor
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia

Bogotá D.C., 12-jun-2012 (Comunicaciones CID). La razón es que lo sucedido trasciende el ámbito de los intereses de una empresa que ha decidido hacer valer sus derechos al acudir a instancias jurídicas –sin entrar en una guerra mediática–, donde ya se ha instaurado una denuncia contra el gobierno argentino. Pero, más allá de la relativa discreción, son muchos los que han tomado nota de lo sucedido. Entre ellos, las miles de firmas extranjeras que tienen operaciones en países de Centro y Suramérica.

La decisión soberana de Argentina de retomar el control de su petróleo ha sido duramente criticada por ser estatista y por quebrar la estabilidad jurídica que requieren los inversionistas privados. Luego del anunciado proyecto de ley, liderado por la presidenta Cristina Fernández, sobre la declaración de utilidad pública y posterior expropiación del 51% de las acciones de la filial española de Repsol (desnacionalizada en 1998), el ambiente se torna cada vez más incómodo para Argentina en sus relaciones con Europa, que ya mencionó sanciones económicas por lo sucedido, aunque, por ahora, no ha sucedido mayor cosa al respecto.

La petrolera española reclamará, al menos, 10.000 millones de euros al Estado argentino por la expropiación de YPF, medida que calificó de “ilegal”. Lo que reclama Repsol es la aplicación de los compromisos asumidos en el proceso de privatización a finales de los noventa. En ellos, se recogen la obligación del Ejecutivo argentino de lanzar una oferta por el 100% de YPF si quiere tomar su control y poseer más del 15% de las acciones. No obstante, el gobierno de Fernández ya ha respondido que no piensa abonar la cantidad que reclama Repsol, que, a su vez, ha anunciado una ofensiva judicial en el Banco Mundial.

Para su viabilidad funcional, algunos analistas creen que el gobierno argentino debería sustituir al Grupo Petersen (accionista local de la compañía) por alguna petrolera como la china CNOOC o la brasileña Petrobras, ya que sólo de esa manera la compañía sería capaz de afrontar las importantes inversiones necesarias para acceder a los recursos del país, los cuales crecieron significativamente con el anuncio del descubrimiento de grandes reservas en la formación conocida como ‘Vaca Muerta’, ubicada en al provincia de Neuquén, con una extensión total de 30.000 km2, de los que YPF poseía 12.000 km2.

Aunque en principio se trata de un caso aislado, relacionado con el argumento de Buenos Aires sobre la necesidad de garantizar la autosuficiencia energética de Argentina, es indudable que esto ha tensado notablemente el ambiente del país. El precedente de Hugo Chávez en Venezuela, que empezó con su política de estatización hace varios años y que recurre al término “exprópiese” con absoluta tranquilidad, y más recientemente, el hecho en el cual Bolivia, a la cabeza de Evo Morales, expropió a la Empresa Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica Española (REE), inquieta y hace pensar que es mejor no tomar las cosas tan a la ligera. Para muchos actores del mercado, una nacionalización es tomada como una señal de inseguridad jurídica. Y si ocurren dos seguidas en la misma región, se avivan más las incertidumbres, que ya han sido recurrentes en los recientes discursos de importantes personajes en la economía mundial.

De hecho, Colombia no ha sido ajena a estos sucesos de expropiaciones: en el país también se han dado las interposiciones del Estado para nacionalizar o tomar el control de bancos y otras empresas de diversos sectores, como sucedió con el caso de Saludcoop. Asimismo se han dado expropiaciones, y algunas de ellas sin indemnización, como la de la Financiera FES, o la de Granahorrar, en las que sus accionistas fueron despojados de la propiedad sin recibir resarcimiento alguno.

Argentina ya había nacionalizado antes el correo en 2003, la empresa de agua Aysa en 2006 y la línea aérea Aerolíneas Argentinas en 2009. Más recientemente, el gobierno de Fernández expropió los fondos de jubilación privados y cambió las leyes para poder usar reservas del Banco Central, que hasta hace poco era independiente. Llamó la atención significativamente el hecho de que el suceso se diera con la empresa más grande del país y la que más aportaba en impuestos al gobierno gaucho.

La percepción de que la economía austral puede estar en problemas aumenta los riesgos. El mensaje que acompaña la decisión tomada con respecto a la petrolera es que el régimen “kirchnerista” está dispuesto a ir lejos, así se arriesgue a sanciones tales como castigos de la Unión Europea, demandas en las cortes internacionales o su exclusión del G-20. Eventualmente, y tal como lo muestra la historia argentina, el finiquito puede ser trágico y llevar a cambios políticos escabrosos, de los cuales no se puede predecir aún nada en especial.

De hecho, con el fin de acumular divisas ante los temores de la revaluación por la fuga de capitales, la Casa Rosada adoptó una política de restricción a las importaciones que les ha caído muy mal a varias naciones, incluyendo a Colombia, que ya elevó una queja por las trabas impuestas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Ante el giro de los acontecimientos, no está de más preguntarse si la inversión extranjera, que llega últimamente a América Latina en cuantías sin precedentes, puede preferir otros destinos. Al respecto, es de esperar que la imagen de la región sufrirá, pero que cada vez hay más conciencia de que no todas las naciones de la zona están en la misma canasta. Tanto México como Perú, Chile, Brasil o Colombia, han señalado que las expropiaciones no están en su agenda.

Lo haya querido así o no, la decisión de Fernández de nacionalizar la mayor compañía petrolera de su país ha hecho que Argentina sea visto en gran parte del mundo como una nación que se ha pasado plenamente al bando populista bolivariano de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Pero, lejos de integrarse a un club de países en plena expansión, la expropiación de YPF aislará aún más a Argentina en el campo económico y diplomático, porque se produce en un instante en el que el bloque encabezado por Venezuela parece estar desinflándose y en el que Brasil, Perú, Uruguay, El Salvador y otros países con gobiernos de centro-izquierda se están moviendo en la dirección opuesta.

Después de ver la actual situación, es claro que el Estado, en su papel de regulador del mercado, tiene la potestad y, en algunos casos, la obligación de defender el interés público, incluso en contra de los derechos de algunos particulares. Colombia no es ajena a ello; debe tener a la mano todas las opciones y herramientas para defender sus recursos, y aunque el presidente Santos afirmó en la visita del presidente español Mariano Rajoy que el país no nacionalizaría, no está de más hacerle seguimiento al papel que juegan algunas multinacionales en el país, en especial las que hacen la explotación de los recursos naturales.