Bogotá, abril 20 de 2009. Por: Edgar Bejarano, Director del Departamento de Economía, Universidad Nacional de Colombia. Son ciertos los argumentos de la Asobancaria sobre los inconvenientes del gravamen a los movimientos financieros (GMF) en cuanto a las distorsiones que genera en el sistema financiero, al incremento de sus costos y porque impulsa la desbancarización, sin embargo, hoy el gran problema del 4 x 1.000 no es el impuesto como tal, sino cómo podría el Estado desmontarlo en plena época de desaceleración, justo cuando sus ingresos tributarios caen. Esto implicaría, para el gobierno, dejar de recibir unos recursos que evidentemente necesita, máxime cuando requiere hacer reaccionar la economía.

Lo que no parece claro, aparte de corregir distorsiones, son las ganancias que la economía tendría hoy, excepto que se demuestre que muchos de los agentes que están por fuera del sistema son informales con capacidad económica y que tendrían beneficios e interés en retornar al sistema una vez se desmonte el tributo, abandonando así la solución informal a la que han recurrido por varios años- de pronto toda una vida- soportados en todo tipo de racionalidades para ello.

Tampoco es claro que, si una vez sea desmontado ese costo para los agentes que están actualmente dentro del sistema financiero, se conseguiría liberar una masa importante de recursos que gastarían en otros sectores de la economía, ayudando así a su recuperación en una forma más eficiente de lo que podría hacerlo el Estado gastando en forma directa.

Más aún, existe algún motivo cierto para esperar que al ampliar la escala de clientes y usuarios del sistema financiero y eliminar los factores que lo distorsionan, éste conseguiría ser más eficiente y contaría ahora sí con las condiciones para reducir sus tarifas y márgenes y aplicarse en una estrategia de profundización del crédito -no sólo del sistema de pagos- con consecuencias inmediatas en la reanimación de la economía y de más largo plazo en las transformaciones productivas y socioeconómicas.

Ahora  bien, aunque la base de contribuyentes y las cargas tributarias se han incrementado en los gravámenes clásicos de renta, patrimonio, ventas e industria y comercio, siguen siendo insuficientes los recursos para un Estado que ha aumentado sensiblemente su gasto y que por ello debe acudir a mecanismos de ‘captura’ que generan distorsiones al sistema económico.

Es probable que el Estado gaste mucho, pero también es cierto que en una economía tan informalizada no resulta fácil la captación de tributos en la fracción de la población que tendría capacidad económica para pagarlos.

A pesar de los avances en los sistemas de información e identificación de contribuyentes potenciales, no se puede aspirar a encontrar con facilidad y a bajo costo nuevas fuentes de recursos y por ello, ante las presiones del gasto público, la salida más cómoda es la de sobrecargar a los mismos contribuyentes y recurrir a sistemas de captura de bajo costo.

Sin duda, no serán rápidos los logros en captación de fuentes alternativas de tributos en una economía en la que de los 16 millones que están ocupados, solo cerca de la mitad son formales y la gran mayoría de ellos gana únicamente el salario mínimo; en la que además alrededor de un 85 por ciento de las empresas son micro, pequeñas o medianas -buena parte de ellas también en la informalidad-, y en la que existe una gran economía subterránea ilegal que no está interesada en dejarse contar y evade su paso por el sistema financiero.

La elevada informalización de la economía no obedece exclusivamente al peso y costo de las regulaciones o a la dimensión de la economía subterránea ilegal, sino que también se debe a la dualidad de la economía colombiana: con incipientes niveles de industrialización y de desarrollo del sector moderno de los servicios y de la agricultura.  Estos resultan insuficientes e incapaces de ofrecer alternativas de ocupación e inversión productivas, que sean atractivas frente a las opciones de la informalidad.

Banca, herramienta de recaudo

En Latinoamérica y Colombia, históricamente el Estado ha usado al sistema financiero como una herramienta ante sus limitaciones e incompetencias, lo que ha causado distorsiones y sobrecostos en ese sector de la economía, con consecuencias sobre los demás.

En las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, a la banca se le obligaba a hacer inversiones forzosas y a redescontar recursos en diferentes tipos de fondos de fomento lo que llegó a significar una forma de represión financiera.

Hoy esa situación ha mejorado ostensiblemente, sobre todo a partir de las reformas económicas de los años 90, pero aún subsiste. Muestras de ello son el recaudo de los GMF y la retención en la fuente, que además de distorsionar la operación del mercado financiero genera desbancarización porque los agentes económicos tratan de ‘sacarle el cuerpo’ al tributo.

Tecnología y costos

Es evidente que la tecnología financiera y de comunicaciones e informática ha promovido el desarrollo del sector financiero y es una condición necesaria para acceder a mercados atomizados y espacialmente alejados.

Sin embargo, la limitada respuesta de la clientela al uso masivo de esos medios no es caprichosa y tiene que ver con varias razones como los altos costos, afectados por la frecuencia de uso, de esos servicios frente a los ingresos de un gran número de ciudadanos; también la inseguridad y los riesgos generados por la delincuencia común.

De la misma forma, las restricciones prácticas, que representan la baja educación y la poca familiaridad con las modernas tecnologías para una proporción importante de la población atentan contra la prestación de estos servicios, así como las dificultades y asimetrías a las que se enfrentan los usuarios para reclamar ante los bancos, cuando experimentan situaciones críticas que escapan de su control y de las que en muchas ocasiones no son responsables.

Quizá unos costos ajustados con algún criterio de equidad (montos, frecuencias, regiones, sectores) y de rentabilidad razonable del sistema; una creciente descentralización de las ofertas tecnológicas y de los servicios financieros; una institucionalidad que proteja al usuario -que no lo esté poniendo siempre en duda sobre su comportamiento honorable y responsable-, y un sistema de aseguramiento con costos razonables, induzcan una mayor utilización de esa tecnología.

También se esperaría que los beneficios que el sistema financiero pueda derivar de un mayor uso de las tecnologías por parte de sus usuarios no se limite a la captura de mayores rentas por parte de esos establecimientos sino que se materialice en ganancias para la economía y los ciudadanos en general.