Bogotá, 29-Ene-2010 (Prensa CID). El problema estructural de la salud en Colombia no se solucionará con las medidas tomadas por el Gobierno al amparo de la Emergencia Social, aseguró el director del grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, Óscar Rodríguez.

La afirmación del académico va en la misma vía de las advertencia hechas hace varias semanas por el CID y retomadas por el editorial del diario El Tiempo, según las cuales el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) se ha convertido en la cuenta más importante del Gobierno en el sistema financiero para cubrir el hueco fiscal, a través de título de tesorería (TES).

Rodríguez reiteró que la Emergencia Social ha sido presentada por el Ministerio de la Protección Social como un mecanismo para solucionar los problemas de la salud cuando en realidad se trata de un mecanismo para enfrentar un déficit fiscal insostenible.

Para el académico, lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto macroeconómico en el cual se expiden los decretos que modifican las reglas de juego para el sistema de salud: una crisis del sistema económico a nivel mundial, que impacta la economía colombiana y que tiene como efecto inmediato la caída de los ingresos tributarios.

Desde hace varios años, el Gobierno mantiene un déficit fiscal insostenible que, por efecto de la crisis, se agudiza y se dispara. Lo más preocupante es que para trata de superar la crisis fiscal el Gobierno decide 1) congelar los salarios de los empleados estatales (incremento solo del 2 por ciento) y 2) proteger los ingresos del Fosyga, los cuales están representados en TES y en manos de los bancos, que hacen un gran negocio.

En segundo lugar, Rodríguez destaca que la crisis estructural del sistema de salud está ligada a las dos reformas a las transferencias (Ley 725 de 2002 y la reforma constitucional del 2007) que recortaron los recursos que debían recibir los hospitales y el sistema de salud, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

De la misma forma, la flexibilidad del sistema laboral ha contribuido al debilitamiento del régimen contributivo y ha impactado las fuentes primordiales de financiación del sistema de seguridad social. Esta crisis explotó por la iliquidez de los hospitales, que puso de presente las fallas estructurales, agrega el investigador del CID de la Universidad Nacional de Colombia.

Por otra parte, según la Ley 1122 de 2007, a la Comisión Reguladora en Salud (CRES) le correspondería reglamentar el Plan Obligatorio de Salud (POS), el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, en general, regular el sistema, pero el Gobierno al decretar la Emergencia le quitó esas atribuciones.

En tercer lugar, es necesario preguntarse si los decretos expedidos en la Emergencia Social son la salida, asegura Rodríguez. Uno de los principios del sistema es que el aseguramiento debe garantizar el acceso de las personas a los tratamientos de salud, pero cuando el Gobierno plantea que lo que está en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y las enfermedades de alto costo puedan ser cofinanciados entre los ahorros del afiliado y los recursos del sistema, necesariamente lleva a un empobrecimiento de la mayoría de la población.

“No es equitativo que una persona que ha cotizado durante varios años al sistema y que no ha hecho uso permanente de servicio de salud por su edad y su perfil epidemiológico, a medida que va envejeciendo y requiera de los servicios de salud le digan que los pague y los cofinancie haciendo uso de sus cesantías, de su ahorro pensional o solicitando créditos bancarios”, agregó.

“Al final queda empobrecido y deberá acudir a la asistencia del sector público para cubrir sus necesidades médicas. Como efecto inmediato, en un régimen de bajos salarios como el colombiano, un incremento en los gastos es regresivo y lleva al empobrecimiento”, puntualizó el investigador del CID.