Por: Félix Martínez
Investigador en Protección Social
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)
Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, 23-Abr-2010 (Prensa CID). La autorización para importar 53 medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), establecida por el Gobierno Nacional a través del decreto 1313 de 2010, es una medida necesaria, que estaba en mora de ser adoptada por el Ejecutivo, dado el alto precio de los fármacos y al efecto sobre la desfinanciación del sistema de seguridad social en salud.

Esta decisión -enmarcada dentro de la normatividad comercial internacional y las regulaciones colombianas vigentes- pudo haber sido tomada mucho antes, sin necesidad de llegar al extremo de declarar una Emergencia Social, justificada en sobrecostos de los medicamentos.

El sistema actualmente tiene muchos problemas y ninguna medida en particular va a resolver sus dificultades financieras globales.

El problema fundamental que aquí se está abordando, es que es imposible controlar los costos de un sistema de salud si los Estados no utilizan los mecanismos de regulación de que disponen y pretenden que el libre comercio resulte ‘mágico’ para garantizar los precios adecuados de los productos farmacéuticos.

Estudios internacionales han demostrado que los precios de los medicamentos en cada país no dependen de las posibilidades adquisitivas de sus habitantes, sino de la capacidad de regulación del Estado correspondiente.

Es por eso que en naciones mucho más desarrolladas, como las europeas por ejemplo, es posible conseguir fármacos más baratos que en las de Centroamérica.

En cualquier país con un sistema de seguridad social serio, el gobierno tiene controles sobre los precios de los insumos y los medicamentos porque, obviamente, es una de las variables más importantes en el costo final de los servicios de salud, de modo que la libertad absoluta no tiene cabida.

Tampoco se trata de decir que haya un control de precios absoluto. Aquí, por ejemplo, teníamos antes un régimen de libertad vigilada. Eso quiere decir que el regulador (el Estado) se guarda la posibilidad de intervenir cuando considera que hay un exceso en los precios de los fármacos o sus insumos o de cualquier otro factor que pueda implicar sobrecostos.

Debe recordarse que la salud es un servicio público y lo que concierne a ellos el Estado tiene la facultad de intervenir y debe reservarse siempre la capacidad regulatoria y de controlar, en este caso, cualquier exceso de costos en la cadena de producción de los servicios de salud.

Este es apenas uno de los elementos de regulación que le compete a la dirección del sistema. Hay muchos otros aspectos con una regulación deficiente o, francamente, muy conveniente para los algunos de sus actores pero no para el régimen de salud en su conjunto o para sus usuarios.

Ahora bien, aunque la medida del gobierno es positiva no resuelve la problemática de fondo, ya que el país debe pensar en una reforma profunda de su sistema de seguridad social en salud, que transite por los caminos de la democracia y no por las vías de hecho o de la autocracia de un grupo de técnicos, como se hizo con la Emergencia.

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