Escudo de la República de Colombia

Crean nuevo indicador que mide el desempeño del gobierno corporativo en empresas de acueducto y alcantarillado

Debido a los diversos riesgos a los que están expuestas las empresas públicas que prestan servicios de acueducto y alcantarillado –por ejemplo, la injerencia política–, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico (CRA) y el Centro de Investigadores para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, diseñaron un indicador que mide el desempeño de este tipo de entidades en la dimensión de gobierno corporativo.

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2018 (Comunicaciones FCE – CID). Una de las mayores fortalezas que tienen las grandes empresas del sector privado es que cuentan con un sofisticado y fuerte gobierno corporativo, el cual les permite armonizar temas tan variados como el buen desempeño económico, los objetivos sociales, los ambientales, los administrativos y los de gestión, etc. En resumen, un conjunto de acciones que las hacen más competitivas y responsables con su entorno. Estos son rasgos de los que carecen muchas entidades públicas, sobre todas las que prestan servicios públicos domiciliarios en las diversas regiones del país, expuestas a riesgos administrativos, legales, técnicos y políticos, entre otros.

Ante este panorama, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico (CRA) del Ministerio de Vivienda y el Centro de Investigadores para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia firmaron un convenio mediante el cual aunaron esfuerzos para diseñar una propuesta de indicadores de buenas prácticas en la dimensión de gobierno corporativo, en el marco de la construcción del indicador único cuantitativo del grado de desempeño de las empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Uno de los objetivos es que sirva de instrumento para reforzar el trato equitativo entre los accionistas y generar confianza en los grupos de interés de las empresas prestadoras.

“El gobierno corporativo es una dimensión que se viene reconociendo como parte esencial del funcionamiento de las organizaciones prestadoras de servicios públicos. Este busca regular las fuerzas entre las instancias de poder de las empresas, específicamente en tres grandes instancias: los propietarios, los accionistas y quienes dirigen la empresa (la junta directiva y la gerencia). Entre estos se concentran las medidas de acción del gobierno corporativo, pero también las tensiones, los conflictos e intereses en un momento dado pueden poner en riesgo la prestación del servicio público y afectar, por ende, a las comunidades”, indicó el profesor César Ruiz, integrante del CID y líder del proyecto.

El académico agregó que la apuesta por desarrollar un gobierno corporativo en esta clase de empresas supone un reto complejo pero necesario, debido son entidades que deben modernizarse con la implementación de indicadores que permitan hacen control y seguimiento por parte de las instancias correspondientes. En ese sentido, dijo el profesor Ruiz, el CID entregó una propuesta sólida que ratifica la vocación de la Universidad Nacional de Colombia de investigar temas de impacto real en la sociedad.

La propuesta

El indicador propuesto por el CID para evaluar el desempeño en el regimiento de las empresas, se construyó a partir de una base de 333 prácticas de gobierno corporativo, contenidas en los modelos de Código País, Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y el G20, el BID, el Instituto Brasilero de Gobierno Corporativo, el CONPES 3384 y Aquarating.

Los investigadores seleccionaron las mejores prácticas basados en criterio de relevancia desde el punto de vista jurídico y prácticas comunes sugeridas en varios modelos. Solo se incluyeron prácticas cuya aplicación resulta viable en el sector de servicios públicos domiciliarios conforma a la naturaleza jurídica de las empresas. Además, se descartó el criterio de segmentación de mercados de las resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017, conforme a las siguientes categorías:

* Personas prestadoras con menos de 2.500 suscriptores.
* Personas prestadoras con 2.500 suscriptores y hasta 5.000.
* Personas prestadoras que atiendan entre 5.001 y 100.000 suscriptores.
* Personas prestadoras que atiendan más de 100.000 suscriptores.

Como resultado se elaboró una batería de 20 prácticas de gobierno corporativo, que se clasificaron conforme a las temáticas contractuales: (i) ámbitos jurídicos, tales como la ley de sociedades, la normativa en materia de valores, las normas contables y de auditoría, la normativa contractual, laboral, tributaria y sobre insolvencia. (ii) Aspectos asociados a los derechos humanos y medioambiente. (iii) Manejo y acceso a la información para todos los grupos de interés (iv) Administración y resolución de conflictos de interés, así como las relaciones con diversos grupos. (v) Fortalecimiento de las instancias de gobierno de las empresas, indicando la aplicabilidad de cada tipo de personas prestadora (sociedad por acciones, empresa industrial y comercial del Estado, municipios como prestadores directos, prestadores de servicios marginales y comunidades organizadas).

Gracias al trabajo de recopilación de información para estos indicadores, los expertos pudieron determinar que en la actualidad hay una mayor presentación de información de las empresas en los temas de manejo y acceso a la información de grupos de interés y fortalecimiento de las instancias de gobierno. Esto significa que la batería de indicadores diseñada en estos dos puntos, ya son conocidos y reportados por las empresas. Mientras que los temas de ámbitos jurídicos, de derechos humanos y medio ambiente y de administración y resolución de conflictos mostraron menos relación en las empresas frente a la propuesta de la UN.

Los investigadores del CID aseguran que la herramienta regulatoria para valorar el gobierno corporativo en empresas de acueducto y alcantarillado debe estructurarse como un indicador que permita medir la gestión del gobierno corporativo y no como un catálogo de disposiciones de obligatorio cumplimiento, debido a que este esquema no se encuentra previsto legalmente como competencia de la CRA.

En términos de política pública, la recomendación entregada por la CRA busca identificar y organizar las líneas de acción pública desde los distintos ámbitos del sector de servicios públicos domiciliarios, de largo plazo, desde las cuales se definan las principales disposiciones que permitan concretar un modelo general de buenas prácticas e indicadores de gobierno corporativo.

* Para ver la video columna con el profesor e investigador del CID César Augusto Ruiz Rojas, siga el enlace: