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Economistas deberían aportar al régimen sancionatorio para combatir los carteles

En esta década la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado a varias empresas por haber violado el régimen de libre competencia, pero la tarea apenas comienza dice Juan Pablo Herrera, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El experto considera que la academia debe plantear propuestas para mejorar el régimen sancionatorio.

Bogotá D.C., 12 de octubre de 2016. (Comunicaciones FCE – CID). Los carteles empresariales siguen en la mira de las autoridades, y los siguientes que probablemente ocuparán las portadas de los diarios estarán asociados a productos muy sensibles para los consumidores. Para Juan Pablo Herrera Saavedra, coordinador de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los retos inmediatos es avanzar en la optimización del régimen colombiano de libre competencia a través de su actualización, para lo cual es esencial optimizar el aparato sancionatorio para que, en efecto, las empresas se abstengan de conformar carteles que fijen precios o manipulen las condiciones del mercado.

“Ver hoy carteles anticompetitivos asociados a productos de consumo masivo nos lleva a la gran conclusión de que son en efecto las personas de menos recursos las que terminan pagando los sobrecostos. Si Colombia no es consciente de que las políticas de libre competencia requieren de un fortalecimiento permanente desde el análisis económico, seguramente no podremos migrar hacia unos estándares similares a los de muchos países más desarrollados en ese control”, dice el docente de la FCE UN.

De acuerdo con el investigador, en la actualidad cursan grandes investigaciones por conductas anticompetitivas en sectores clave de la economía. Una de ellas es sobre los procesos de licitaciones públicas con hallazgos de colusión (pactos ilícitos entre dos o más sujetos para afectar a un tercer actor).

“Esas licitaciones representan casi entre el 13 % y 15 % del PIB de muchos países. En el caso colombiano uno de los grandes flagelos en materia de pérdida de competitividad es la distorsión que se puede estar generando en los procesos de contratación pública, en donde el Estado termina pagando grandes sobrecostos por los carteles que se conforman en este gremio. También está el caso de los grupos de vigilancia y seguridad privada contratados por las entidades públicas; en la actualidad, la autoridad competente evalúa y tipifica la conducta y realiza las investigaciones necesarias para reconocer hasta dónde hay responsabilidad de una serie de empresas de un mismo dueño que efectivamente afectaron, en principio, cerca de 252 propuestas”, explica el funcionario de la SIC y profesor de la UN.

Añade que otros casos en estudio son el de la industria cementera, donde hay serios indicios de la configuración de prácticas anticompetitivas, y el de algunos productos agrícolas. En este caso, se busca establecer hasta qué medida los mercados oligopsónicos (en los cuales hay un número reducido de compradores que imponen las condiciones de precio) podrían afectar a los productores agrícolas.

Lo que se necesita
Para seguir avanzando en el control de esta actividad ilícita, el experto invitó a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas a visualizar ejes de investigación en organización industrial, desde la microeconomía aplicada, los mercados y las políticas públicas, dado que el sector real necesita personas competentes y propositivas en esas áreas para robustecer la institucionalidad de libre competencia en el país.

“Necesitamos contar con más economistas interesados en estudiar en qué consiste el programa de denuncias por colaboración, cómo optimizarlo y aplicarlo como un mecanismo susceptible de mejora constante. Además, desde las aulas se requiere incentivar discusiones sobre el régimen sancionatorio, con el objetivo de buscar alternativas para que, de manera efectiva, a las empresas se les castigue proporcionalmente a sus ventas”, explica el profesor Herrera.

Añadió que debido a que en el país predominan las estructuras oligopólicas hay un riesgo constante de que se presenten conductas anticompetitivas. Por eso el reto de Colombia, dice, es reforzar su capacidad institucional para detectar y sancionar este fenómeno, para lo cual se requiere del apoyo indiscutible de la academia.