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El efectivo siguió sin mayor control tras la reforma tributaria de 2016

Equidad, eficiencia y progresividad, principios tributarios básicos formulados en la Constitución Política de Colombia, aún son un anhelo para la realidad fiscal del país. Según la investigación de Víctor Castañeda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, la reciente reforma tributaria, además de no haber hecho nada por una reestructuración de fondo –como controlar los grandes flujos de efectivo de algunas personas naturales–, dejó un sistema más complejo del que había antes.

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2017 (Comunicaciones FCE – CID). A la Ley 1819, aprobada por el Congreso de la República el pasado 29 de diciembre de 2016, se le podría haber dado cualquier nombre menos el de reforma tributaria estructural, porque si en efecto hubiera mejorado el sistema fiscal colombiano, en este momento se estarían atacando sus grandes males: ser ineficiente, inequitativo y regresivo. De acuerdo con Víctor Mauricio Castañeda, profesor de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Colombia, lo ineficiente se refleja en hechos como que la propuesta del Gobierno para luchar contra la evasión se quedó demasiado corta en la reforma 2016.

Al respecto, el artículo 338 de la Ley establece que el contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo anterior, afecte su impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20 % del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente. Sin embargo, en el mismo artículo y en el siguiente, el 339, se permite extinguir la acción penal si el contribuyente decide pagar.

“En general, la normativa y los cambios incluidos en la Ley 1819 de 2016 realmente hacen poco. Si bien se eliminaron ciertos impuestos que se consideraban complejizaban al sistema, como el IMAN y el IMAS para personas naturales o el CREE para personas jurídicas, quizás se terminó con un sistema aún más complejo de lo que se tenía antes”, aseguró el docente.

Es el caso de las rentas cedulares, una estrategia prevista en la nueva Ley para que las personas naturales paguen el impuesto sobre la renta de acuerdo con sus fuentes de ingreso (si son por trabajo, pensiones, rentas no laborales, por rentas de capital o dividendos y participaciones). Para el profesor Castañeda, la forma como está planteado este mecanismo, que entrará en vigor el próximo año, es igual o más complicado que lo que había antes de la reforma. Algo parecido sucede con varias de las nuevas sobretasas asociadas al Impuesto sobre la Renta Empresarial. “En vez de acercar a los contribuyentes a un sistema claro y eficiente, los aleja”, dijo el experto.

El académico enfatizó en que ese laberinto tributario evita que se ataquen los canales reales por los cuales muchos ciudadanos con capacidad económica no contribuyen al sostenimiento del Estado. Por ejemplo, no se establecieron estrategias que permitieran a la DIAN hallar personas naturales omisas, que acudiendo al uso del efectivo evitan ser detectadas por la autoridad competente. De hecho, según evidencia el profesor Castañeda, sólo hasta el año 2018 entrará en vigor del Artículo 771-5 del Estatuto Tributario, que fija límites para que los pagos en efectivo sean aceptados fiscalmente.

“El Gobierno prefiere seguir cazando en el zoológico. Se opta por aumentar la carga tributaria de quienes ya son contribuyentes en lugar de incorporar a los omisos y evasores en el pacto fiscal. Esto, a la larga, llevará a que el efecto fiscalista de esta reforma no dure mucho, pues el aumento de la recaudación asociada a este nuevo esquema, y en particular el incremento del IVA, no será suficiente para financiar la reducción en la carga tributaria asociada al impuesto sobre la renta y su sobretasa. Por lo tanto, en el 2018 se deberá pensar en una nueva reforma”, indicó el investigador durante el Seminario CID del pasado 24 de abril.

No obstante lo anterior, hay dos iniciativas consignadas en la nueva Ley que tratan de hacer algo por ampliar la base contributiva: gravar parcialmente los dividendos y limitar algunos beneficios tributarios (Artículo 75 de la Ley 1819), así como el monotributo, una estrategia válida para ampliar el número de contribuyentes y facilitar el cumplimiento tributario, aunque, aclaró el docente, se debe tener cuidado en que no se convierta en una herramienta de evasión.

Por lo pronto, el cumplimiento de los principios de los que habla el Artículo 363 de la Constitución Política (equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario colombiano) seguirá siendo una tarea por cumplir.