Contra el desempleo en la pandemia, ¿austeridad, resiliencia y habilidades blandas?

Aunque han venido recuperándose, sobre todo tras el relajamiento del aislamiento preventivo en septiembre de 2020, el empleo y la actividad económica podrían seguir sufriendo las consecuencias de la pandemia por años, convirtiendo lo que ya es una gran recesión en una gran depresión. Ante la gravedad de las dolencias de la economía colombiana, salvo por un aumento en buena parte forzoso del déficit fiscal en el presente año y por la instauración a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) de algunos programas transitorios y pequeños, el gobierno nacional ha optado por continuar promoviendo la agenda de políticas que tenía antes del Covid-19. Esta agenda busca, por ejemplo, mejorar la facilidad para hacer negocios, fomentar el emprendimiento, aminorar la tributación sobre los ingresos de capital y flexibilizar el mercado laboral.

Sin embargo, frente a la naturaleza y magnitud de la crisis económica, en especial en el caso del desempleo, las políticas del gobierno Duque resultan inadecuadas o se quedan cortas.

Algunas políticas pueden servir más como preparación para el futuro que para lidiar con el huracán actual. Así, la política para impulsar la reactivación económica considerada por el CONPES busca desarrollar las capacidades y la resiliencia “en los hogares, el sector productivo y el marco institucional”. Tienen sentido medidas como las tendientes a disminuir los trámites, el tiempo y los costos para crear empresas, a frenar el desperdicio de energía eléctrica o a ampliar el acceso a internet en las zonas rurales, con todo y que resultan algo anacrónicas. La política gubernamental busca también fomentar el “desarrollo de habilidades para el emprendimiento”, entre ellas las llamadas habilidades blandas, como las de comunicación interpersonal. De cara a la crisis que vivimos, es como ofrecer clases de natación y de ejercicios aeróbicos mientras el barco hace agua.

Otras políticas empeoran el estado del barco en medio de la tempestad. En los diagnósticos realizados por el gobierno no se reconoce que el origen del aumento del desempleo reside, en gran parte, en la insuficiencia de demanda agregada, que se agudizó con el Covid-19 y con las medidas de distanciamiento físico.  El Marco Fiscal de Mediano Plazo contempla un ajuste fiscal rápido y severo: el déficit del gobierno nacional central pasaría de 8,2% del PIB en 2020 a 1,8% del mismo agregado en 2023, una reducción de 6,4 puntos porcentuales del PIB en apenas tres años. Contra el desempleo actual habría que mantener políticas fiscales y monetarias expansivas, que contribuyan a la generación de demanda agregada, pero el gobierno nacional se inclina por una austeridad fiscal exacerbada y extemporánea. En este sentido, el Banco de la República viene haciendo mejor la tarea.

Hay que recordar que el pleno empleo es un objetivo de la política económica instituido en la Constitución, al igual que el objetivo de la estabilidad de precios. Los dos objetivos no siempre se pueden conseguir al mismo tiempo, pero eso no justifica que el primero se ignore, como ha tendido a ocurrir en la práctica. Para ayudar a corregir esta falta, convendría implementar programas de empleo de emergencia o introducir algún tipo sostenible de renta básica

Las propuestas de flexibilización del mercado laboral deben ser analizadas con lupa. Hace algunos años la contratación de trabajadores estaba en verdad sujeta a una especie de congestión impositiva, especialmente a raíz de los parafiscales. Quizás todavía se pueda mejorar en este aspecto. Pero aquellas propuestas hostiles a la legislación de protección social de los trabajadores son inconvenientes para navegar incluso en aguas tranquilas. Tal legislación se justifica porque la relación capital-trabajo es por lo general desigual.

 Puesto que el grueso de las remuneraciones de los trabajadores se destina al consumo, el incremento del salario mínimo legal genera demanda agregada, en la medida en que se cumpla la legislación laboral. De ahí que es erróneo considerar el salario mínimo solo como costo para las empresas. Pero como en Colombia la aplicación de la legislación laboral es harto limitada y como los cambios en el salario mínimo pueden inducir cambios en el grado de cumplimiento de la ley, también es erróneo considerar el salario mínimo solo como fuente de demanda agregada.

Simplemente sería ingenuo creer que todas las cosas buenas van juntas, como solía decir el economista Albert Hirschman.

Programas como Ingreso Solidario y los subsidios a la nómina, financiados por el FOME, sí contribuyen a la reactivación económica, pero resultan insuficientes. Del FOME se habían desembolsado unos $17,2 billones a comienzos de diciembre, monto equivalente al 42% de los recursos disponibles. Es como si la tripulación escatimara en los materiales que están a la mano para cerrar las grietas a través de las cuales el barco se está inundando.

Jorge Armando Rodríguez Alarcón

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del CID