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La gestión pública en el posconflicto debería responder a procesos y resultados

Cuando se pregunta sobre qué es gestión pública, muchos suelen referirse a la labor que cumplen los empleados de oficina en entidades oficiales. Pero lo cierto es que el concepto es mucho más amplio y, de hecho, trascendental para un país que atraviesa un periodo histórico de transición hacia una sociedad en paz. Por eso, el Grupo de Gobierno y Gestión Pública del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, desarrolló un conversatorio en el que se habló sobre los retos que tiene la gestión pública en la etapa de posconflicto.

Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2017 (Comunicaciones FCE – CID). ¿Cómo debería ser un modelo de gestión pública en Colombia? Que sea sistémico e integral, que se centre en momentos y no en fases, que se enfoque en abordar problemas concretos y genere procesos y resultados, que sea viable y que disponga de suficiente información. Lo anterior es el anhelo, pero la realidad es que es un espacio desarticulado, que no logra equilibrar lo urbano y lo rural y, además, es rígido en muchos de sus procedimientos.

Repensar la gestión pública en la etapa de posconflicto debería convertirse en una prioridad para el país; por eso, se hace necesario reflexionar sobre cuál sería el modelo con el que deberían guiarse las autoridades nacionales, departamentales y regionales para su adecuado funcionamiento, coincidieron en afirmar integrantes del Grupo de Gobierno y Gestión Pública del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (FCE UN).

A propósito del tema, los expertos del grupo realizaron el pasado jueves, 31 de agosto, un conversatorio en el auditorio principal de la FCE con la presencia de Liliana Caballero, Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien habló sobre la transición institucional para la construcción de la paz.

Según la funcionaria, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la UN, para atender los retos de la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc, el Estado colombiano ha estado adecuando su institucionalidad mediante la creación y reforma de entidades, el ajuste de las estructuras de las plantas de personal y la creación de instancias y mecanismos de articulación, seguimiento y control para que la gestión pública tenga sustento técnico y jurídico, acorde al nuevo panorama nacional. “Durante la época del conflicto armado las víctimas no solo fueron las poblaciones, también las entidades del Estado que no podían llegar a muchos territorios para realizar su trabajo. Fue el caso del Instituto Agustín Codazzi, que solo operaba en medio país”, indicó Caballero.

Destacó, que en la actualidad existen cuatro desafíos centrales que corresponden al Punto 6 del Acuerdo de La Habana. 1) Desarrollar y fortalecer capacidades del talento humano al servicio del Estado. 2) Transparencia en la rendición de cuentas. 3) Diversidad e inclusión en el empleo público. 4) Arquitectura institucional para el posconflicto.

El posconflicto tiene sus tiempos
Entre tanto, el profesor Jairo Iván Peña, Director del Grupo de Gobierno y Gestión Pública, recalcó que una nueva gestión pública debería centrarse en procesos y resultados, así como en indicadores efectivos y claros que midan la acción institucional. Además, esa gestión no debe ser endogámica, con solo la participación del Estado y el gobierno; por el contrario, debe involucrar a diversos actores sociales.

Esto se hace más necesario en el posconflicto, debido a que las regiones que estuvieron afectadas por la violencia tienen una débil institucionalidad y gobernabilidad. Aquí la pregunta es ¿cómo hacer gestión pública en esas zonas?

El profesor Édgar Osvaldo Bejarano Barrera, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN, expuso que si bien se esperaría una paz inmediata después de lo logrado en Cuba, lo real es que el posconflicto se debe pensar en dos dimensiones centrales: una temporal y otra espacial. “Por un lado, no se puede esperar que una guerra de 50 años se resuelva en ocho días; de hecho, se deben esperar años y hasta décadas para zanjar los problemas estructurales del país. Estamos en una etapa en la que se deben afinar y validar legalmente los acuerdos, pero luego siguen otros tiempos relacionados con la normalización y la inclusión, que es la parte más compleja”.

El Decano añadió que esta nueva era de pacificación no le atañe solo a las regiones afectadas, sino también a todos los colombianos, y desde otra perspectiva, en lo espacial se abre la oportunidad de una inclusión de territorios que nunca han estado dentro de la vida nacional; zonas que han estado en otra Colombia. “Estos nos exige nuevas tareas como descubrir nuevos lugares, nuevas personas, nuevas actividades y realidades que hasta ahora han estado al margen”, señaló el académico.

Con relación a la educación superior, el profesor Bejarano aseguró que esas brechas entre regiones se hacen evidentes en hechos tales como que el 46 % de las universidades del país se concentran en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, ciudades que comprenden cerca del 71 % de la población universitaria (calculada para 2016 en 1´500.000 estudiantes). En este caso la nueva gestión pública tendría que tener en cuenta la acción en los territorios menos favorecidos para llevar mayor institucionalidad en todos los aspectos.

Dentro de las conclusiones de la ponencia presentada por el investigador del CID Edinson Romero se destacan varios puntos. Uno de ellos es que se requiere una articulación armónica, concordante y coherente entre los planes y los presupuestos para obtener resultados de desarrollo. De lo contrario, se seguirán presentando casos, como ocurren usualmente en el país, en los que se planean y construyen colegios, pero no existe presupuesto para contratar profesores y personal administrativo.

Otro es que la gestión pública, en el contexto de los problemas del desarrollo, debe enfocarse en la obtención de resultados de efecto e impacto que beneficien a la población. También que se hace necesario trascender la concepción limitada del proyecto hacia una de acción integral. Además, que la composición y ejecución de la inversión pública debe ser integral: inversión más funcionamiento.

El profesor Jairo Rodríguez, investigador del CID, concluyó en el evento que los sistemas de gestión, los cuales las entidades se han empeñado en certificar, deberían ponerse más al servicio de las instituciones y no al contrario, debido a que esta tendencia ha conducido a que los servidores púbicos descuiden e, incluso, se olviden de sus clientes reales: los ciudadanos. “Lo que debería privilegiarse es una concepción del desarrollo territorial para lo cual sea necesario definir las herramientas de gestión que la concreten”.