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Normas deben adaptarse para regionalizar el servicio público de aseo

Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia evidencia la importancia de modificar la normatividad nacional referente a la gestión de los residuos sólidos y orgánicos para permitir la regionalización del servicio. Según César Ruiz y Olga Manrique, el actual modelo de municipalización no siempre es el más apto en términos de eficiencia, calidad, cobertura y hasta rentabilidad. En muchos casos es deseable un esquema regional.

Bogotá D.C., 27 de junio de 2017 (Comunicaciones FCE – CID). Uno de los mayores retos que afrontan las áreas urbanas, sin importar su tamaño, es gestionar de la mejor forma los residuos sólidos y orgánicos. En el mundo, hay casos exitosos de grandes urbes, como las ubicadas en el Estado de São Paulo (Brasil), que han logrado organizar un sistema eficiente de disposición final que incluye entre otros procesos, el transporte con recorridos de hasta 100 kilómetros de distancia. Por su parte, en Europa y Norteamérica, adicionalmente existen estructuras robustas que involucran el reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de los elementos reutilizables. Esto se ha logrado, en buena medida, a modelos regionales de aseo.

En Colombia esta forma de organización es aún incipiente, según lo expusieron los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE UN) Olga Manrique y César Ruiz, en el Seminario CID Regionalización de los mercados del servicio público de aseo: criterios para una regulación realizado el pasado 5 de mayo. Durante la actividad académica, los investigadores advirtieron que el marco normativo del país frente al tema es restrictivo, porque entrega la responsabilidad en los municipios y no ofrece la posibilidad de impulsar iniciativas en territorios más amplios.

No obstante, en diversas zonas han surgido proyectos, algunos más exitosos que otros, que buscan alianzas para el manejo de los residuos entre dos o más municipios. En el estudio realizado por los profesores de la FCE UN se tomaron seis casos departamentales: Bolívar, Cundinamarca, Huila, Tolima, Sucre y Valle del Cauca; y uno municipal: Málaga (Santander).

“El proyecto surgió por petición de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) a la Facultad, con el objetivo de analizar las condiciones técnicas, legales, económicas, financieras y operacionales conducentes a regionalizar el servicio público de residuos sólidos o, como lo llamamos de manera cotidiana, el aseo público. Visitamos diversos lugares en Colombia donde esto se ha intentado y encontramos experiencias exitosas con componentes, como el de los rellenos sanitarios, que se coordinan entre municipios. Asimismo observamos que hay actividades de aprovechamiento, en especial de los restos orgánicos, que pueden ser mejor operadas”, aseguró el profesor Ruiz.

Añadió que pese a los grandes esfuerzos, estas iniciativas se enfrentan a limitaciones políticas, institucionales, geográficas y, sobre todo, normativas, que no permiten que en el país se pueda desarrollar un mercado regional formal de aseo. Para el experto, se debe trabajar en dos aspectos fundamentales: por un lado, establecer un área supramunicipal sobre la cual se estructuren los costos y se definan las condiciones operacionales; por otro, una tarifa que respalde la remuneración al prestador y garantice eficiencia.

Modificar la normativa

La propuesta entregada por los docentes de la UN a la CRA desarrolla criterios y propone ajustes al marco normativo actual. Lo primero que sugiere es desarrollar un diseño tarifario regional para aquellas localidades que se unan, aplicado al agente prestador, como resultado del estudio de viabilidad o tarifa regulada que debe definir la CRA para mercados de este tipo. Se plantea tres modelos: dos por decisiones voluntarias de los municipios, ya sean en zonas exclusivas o por libre competencia, y uno cuando las instancias de regulación, control y vigilancia consideren intervenir las empresas municipales y se evidencie la factibilidad de hacerlo regional.

“En algunos casos es deseable la regionalización, en particular si se constatan mejores condiciones o indicadores de calidad, cobertura, eficiencia, etc., y para más de un municipio con baja gestión. Esto debe soportarse bajo una pauta normativa e institucional. Por tanto, son aconsejables esquemas flexibles, que sean adaptables a distintos tipos de circunstancias y de escalas. Lo que aclaramos es que nuestra propuesta no aplica para todos los casos”, señaló el profesor César Ruiz.

Asimismo, se recomienda la creación de un Fondo de Solidaridad Regional y la asignación de subsidios y contribuciones unificados, lo que requiere la modificación de la Ley 142 de 1994, del Decreto 1013 de 2005 y del Decreto 565 de 1995. Igualmente y para generar un plan de incentivos, se sugiere modificar el Artículo 13 de la Ley 1176 de 2007 y el Decreto 1077 de 2015 (compilatorio del Decreto 1484 de 2014) relacionado con la autorización del giro directo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte de los alcaldes a las personas prestadoras, en las iniciativas regionales. De tal manera que si a los 30 días calendario de conformados, el municipio no ha dado la autorización de giro directo, se pueda enviar los recursos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a las personas prestadoras, si son regionales, para garantizar la sostenibilidad y los estímulos.

Por lo pronto, lo que hallaron los investigadores de la FCE UN es que no se evidencia la existencia de mercados regionales en su estricto sentido. Lo que se observa son operaciones zonales sobre municipios cercanos o agrupados, como producto de la expansión de la demanda, en especial en las actividades de disposición final y aprovechamiento de residuos.