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SENA: entre acumular recursos o el bienestar de sus empleados

El Fondo Nacional de Vivienda del SENA tiene el músculo financiero para ampliar los beneficios actuales a más trabajadores; sin embargo, por disposiciones jurídicas, no puede extenderlos a la totalidad de trabajadores de planta actuales. Un estudio liderado por Gabriel Rueda Delgado, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y gerente de proyectos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), produjo un diagnóstico del Fondo y abrió nuevas perspectivas para mejorar el bienestar del personal de la entidad.

Bogotá D.C, 27 de marzo de 2017 (Comunicaciones FCE UN). En el mundo académico hay una discusión: hasta dónde los modelos financieros están exentos de los juicios de valor o en ellos intervienen consideraciones de políticas. Al respecto surgen varias preguntas: ¿cómo abordar las tensiones entre las lógicas de acumulación financiera y las de cobertura del bienestar para trabajadores?, ¿de qué manera las dinámicas del mercado condicionan y limitan el acceso a los programas, por ejemplo, de compra de vivienda? y ¿las decisiones financieras, sustentadas en modelos técnicamente construidos, evitan o limitan los juicios de valor?

A partir de un estudio de caso, Gabriel Rueda Delgado, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y gerente de proyectos de extensión del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), constató que a la hora de lanzar propuestas de carácter financiero es necesario analizar diversos contextos que vayan más allá del solo dato técnico, pues esto limita la visión a la hora de tomar decisiones. “En el aula de clase se enseña el deber ser, pero por lo general aislado de los contextos reales en las organizaciones”, aseguró el pasado 27 de febrero en el Seminario CID “Entre la acumulación y la cobertura en políticas de bienestar. El caso del Fondo Nacional de Vivienda (FNV) del SENA”.

Este fondo de vivienda fue un buen elemento de estudio para el equipo liderado por el profesor Rueda, debido a las particularidades de su estructura. Por un lado, desde que en la década de los noventa se estableció el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) bajo su estructura actual, el SENA es una de las pocas entidades que mantienen programas de vivienda propios. Por otro, sus afiliados son de vieja data, en el sentido de que solo hasta 1998 los trabajadores de la entidad pudieron afiliarse al FNV; a partir de entonces, todos los vinculados de planta del SENA deben afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro y no al Fondo Nacional de Vivienda que administra la propia entidad.

“Lo que ha ocurrido, después de 25 años, es que la mayoría de los que estaban afiliados al FNV están por pensionarse; entonces, se está quedando paulatinamente sin afiliados y con cada vez más recursos, algo que a mediano y largo plazo representa un problema bajo el esquema actual de funcionamiento”, dijo Rueda Delgado.

Lo anterior ha llevado a que el Fondo tenga un buen músculo financiero, pero poca cobertura, y que su viabilidad futura no sea muy clara. Por eso, el SENA contrató al CID para elaborar un estudio técnico y financiero que permitiera revisar su estructura, determinar la posibilidad de mejorar y/o modificar sus beneficios y ampliar la cobertura a todos los servidores públicos sin restricción por fecha de vinculación, midiendo el riesgo de cada alternativa.

Puede ser viable

Dentro de las recomendaciones que entregaron los expertos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) se destaca el aspecto financiero, en el que resulta conveniente para la sostenibilidad del FNV ampliar la cobertura. Esto significa, en términos generales, extender los beneficios actuales a todos los empleados, afiliándolos en condición de ahorradores y sin aportar cesantías, así como implementar medidas para mejorar la capacidad de pago de los mismos y ofrecer créditos más baratos.

Agregaron los investigadores que la legitimidad del FNV dependerá de la colocación de más créditos y de menos recursos dedicados solo a generar renta. Asimismo, se sugiere ampliar el portafolio de servicios y “romper” las lógicas institucionales actuales, que le restan competitividad y atractivo frente a entidades similares con mayor capacidad como el Fondo Nacional del Ahorro. En lo jurídico, indicó el profesor Rueda, el Fondo debería tener personería jurídica, con autonomía presupuestal y administrativa; en la actualidad toda la gestión recae directamente en el SENA. En lo administrativo se propone adecuar un modelo de gestión a partir del tamaño del Fondo y tomar decisiones jurídicas con eficiencia y optimización.

“No obstante, estas propuestas no serían suficientes para hacer del FNV una entidad que pueda competir en el mercado financiero de los créditos de vivienda; pero más allá de los mensajes técnicos, sigue siendo muy relevante el considerar en estos modelos otras variables más allá de la pura técnica financiera; por ejemplo, incluir condiciones jurídicas, administrativas y políticas, que en este caso tienen que ver con el bienestar de los trabajadores, y las mismas expectativas que los grupos de interés como los sindicatos y el mismo SENA puedan tener en las iniciativas de gestión del Fondo”, subrayó el investigador del CID.

  • Vea el Seminario CID: “Entre la acumulación y la cobertura en políticas de bienestar. El caso del Fondo Nacional de Vivienda (FNV) del SENA”