“El Plan Nacional de Desarrollo debería consultar la voluntad expresa de las prioridades de desarrollo de cada departamento”: Darío Indalecio Restrepo, coordinador del doctorado en Ciencias Económicas y director del Grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). 

Bogotá D. C., nov. 25 de 2014 (Agencia de Noticias UN). El Plan Nacional de Desarrollo en Colombia (PND) no es nacional ni de desarrollo, porque lo redactan en Bogotá y porque no contiene diagnósticos ni estrategias y, menos aún, planes y metas de desarrollo para cada región. Así lo advierte el profesor Darío Indalecio Restrepo, coordinador del doctorado en Ciencias Económicas y director del Grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). 

Desde su mirada crítica, el académico sostiene que el PND es elaborado en diferentes dependencias de una entidad administrativa que lleva una veintena de años perdiendo peso técnico y político dentro del propio Gobierno nacional. 

El académico, quien además es miembro de la Red para la Gobernabilidad, el Desarrollo y la Democracia Territorial (Rinde), advirtió que de existir una verdadera voluntad de inclusión social y política de todos los territorios a la nación, el proceso y los contenidos del llamado PND deberían ser otros. 

“El plan debería consultar la voluntad expresa de las prioridades de desarrollo de cada departamento”, precisó el experto. A su vez consideró que los gobernadores de turno y las asambleas deberían ser convocadas, con las Cámaras de Comercio, los movimientos sociales, la academia y los líderes de opinión, sobre una agenda de prioridades del desarrollo regional, en la que queden explícitos los grandes consensos y las divergencias más sobresalientes”, comentó. 

Al entrar en detalles sobre lo que en su opinión debería ser el PND, el profesor Restrepo considera que una instancia técnica compuesta por los secretarios de planeación municipales, departamentales y el DNP, debería hacerle un seguimiento técnico. De igual manera, manifestó que el llamado Sistema Nacional de Planeación debería hacerle seguimiento político a la dinámica de planeación durante todo el cuatrienio. 

En cuanto a los contendidos, indicó que el plan debe afirmar explícitamente prioridades y metas para cada departamento de Colombia. 

De ser así, el presupuesto nacional debería “sincerarse”, es decir, establecer una clara distinción entre los recursos que corresponden a los objetivos nacionales del Estado y aquellos establecidos como propios de cada entidad departamental. “La misma dinámica debería exigirse a los planes y presupuestos departamentales respecto de los municipios de su jurisdicción”, explicó. 

Para el docente del CID, la contabilidad territorial de la Nación debe justificar las inversiones territoriales respecto a diagnósticos de necesidades, déficits de servicios e infraestructura y demás indicadores que ayuden a ordenar una intervención para cerrar las brechas en bienestar y desarrollo. 

Fondo posconflicto 

El profesor Restrepo propuso, de otra parte, una serie de iniciativas para el posconflicto, entre ellas la creación de un fondo especial para la equidad y la inclusión social. 

Tal fondo estaría destinado a las zonas de mayor confrontación armada, las mayores receptoras de excombatientes y aquellas que albergan grandes cantidades relativas de población desplazada. 

El ente propuesto tendría como objetivos estratégicos universalizar la cobertura de las políticas sociales básicas para una vida digna: salud, educación, agua potable, saneamiento básico y vivienda. “Es necesario considerar como un derecho social fundamental el acceso a una justicia cercana, rápida y prácticamente sin costo”, señaló al respecto. 

Adicionalmente, permitiría universalizar las oportunidades de desarrollo económico, mediante la dotación pública de infraestructura y el apoyo a la tecnología, los mercados campesinos y al comercio justo. 

Planteó también la aprobación de una ley de transferencia de recursos para el desarrollo económico territorial, “a imagen y semejanza de aquella que regula la descentralización de la política social básica: el sistema general de participaciones”.

En una perspectiva de profundización de la socialización del poder se debería reconocer a las organizaciones sociales y populares, a las asociaciones campesinas y de mujeres, el derecho a representarse por ellas mismas ante el sistema electoral. 

En esta perspectiva, las formas de gobierno y su funcionamiento atenderían las especificidades de la construcción social del territorio, tales como los distritos y municipios campesinos, así como las zonas de reserva campesina.

* Artículo publicado en Agencia de Noticias UN, noviembre 25 de 2014.