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Diversas propuestas muy parecidas pero bajo conceptos diferentes han sido propuestas desde varios partidos políticos.
Julio 26 de 2021, Bogotá D.C. UN Periódico Digital
Jorge Iván Bula Escobar. profesor de la Escuela de Economía y director del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
Los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las economías, y en particular en los hogares más vulnerables de la sociedad colombiana, son innegables. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), si en la última década se hubieran alcanzado los niveles más bajos de pobreza de 2018 (34,7 %), año a partir del cual ya se insinuaba un deterioro de este indicador, en 2020 llegaríamos a una tasa de pobreza monetaria del 42,5 %.
Por consiguiente, la situación de personas en pobreza extrema seguiría el mismo rumbo, habiendo alcanzado sus niveles más bajos en 2018 con un 8,2 % para llegar al 15,1 % en 2020. Según el DANE, 2,5 millones de personas habrían salido de la condición de clase media entre 2019 y 2020, pasando de representar el 30,1 % en el primer año a un 25,4 % en el segundo[1].
Así las cosas, algunas iniciativas en el Congreso de la República han planteado la necesidad de crear una renta básica de emergencia (RBE), otras, más recientemente, se han movido hasta la frontera de lo que sería una renta básica universal (RBU), concepto acuñado hace ya más de 35 años por el colectivo Charles Fourier sobre “L’allocation universelle” y sistematizado en 1986 por Robert Van der Veen y Philippe Van Parijs en su artículo “A capitalist road to communism”.
Una RBU, también llamada ingreso básico universal (IBU) o renta ciudadana, supone, bajo el principio justamente de universalidad, que toda persona, independientemente de su condición social, económica, política, étnica, religiosa, política, de género, entre otras, tiene el derecho de ser receptora de tal asignación. Mucha tinta ha corrido desde entonces en torno a este concepto que se enmarca en las discusiones sobre las teorías de la justicia y los dilemas que se generan en relación con la idea misma de libertad humana.
En ese orden de ideas, la RBU está concebida como un ingreso que cada individuo debe percibir por de manera incondicional, tal como lo define la Red Global de Renta Básica (BIEN): “una renta incondicionalmente garantizada a todos de forma individual, sin necesidad de una comprobación de recursos o de estar realizando algún tipo de trabajo”.
Aunque el concepto de RBE difiere del RBU en su alcance y sus pretensiones, comparten una misma premisa: garantizar una vida digna a todos los miembros de la sociedad, en este caso a aquellos en condiciones más vulnerables y quienes han sufrido de manera más evidente los efectos socioeconómicos de la pandemia y que, en consecuencia, ven sus condiciones de vida altamente comprometidas. Así mismo son objeto de la misma crítica en cuanto a las posibilidades de su financiamiento.
¿Por qué una renta básica de emergencia?
Las distintas iniciativas sobre la renta básica discrepan en su concepción y en los montos previstos de la transferencia a ser percibida y hasta en su denominación. Una de las primeras iniciativas, la del exsenador Iván Marulanda, de Alianza Verde, tenía como propósito principal crear una RBE que “garantice a los colombianos una vida digna durante la crisis derivada de la pandemia del Covid-19” (Senado de la República, 2020, art. 1) modificando el Decreto ley 518 de 2020 de Ingreso Solidario, el cual asignaba 160.000 pesos a las familias más vulnerables y con el que se buscaba beneficiar a algo más de 3 millones de hogares en el país, y elevar la transferencia a 1 smlv por hogar, con una cobertura estimada de 9 millones de hogares, durante el tiempo de duración de la pandemia.
Otro proyecto, presentado a través de la Cámara de Representantes por María José Pizarro, León Fredy Muñoz, Inti Asprilla y el senador Iván Cepeda Castro, planteó el reconocimiento de una renta básica, “derecho que tiene toda persona registrada en el Sisbén a percibir una compensación monetaria, que le permita contar con recursos para atender sus necesidades vitales en el marco de la emergencia sanitaria y en los tres meses siguientes a esta”.
Dicha renta debería ser igualmente de 1 smlv, solo que, a diferencia del proyecto anterior, se otorgaría a título individual a toda persona registrada en el Sisbén. Finalmente, estos no lograron hacer tránsito en las respectivas Cámaras. Por su parte el senador Ciro Ramírez, del Partido Centro Democrático, presentó un proyecto para darle un carácter permanente al programa de Ingreso Solidario, cuya implementación estaba prevista hasta junio de 2021 y dirigido a hogares en pobreza y pobreza extrema sobre la base del “principio del derecho a la vida en condiciones dignas”. Aunque este no plantea un monto específico, el proponente estima que podría ser una transferencia cercana a los 450.000 pesos por hogar[2].
El Partido Liberal radicó un proyecto en la Cámara de Representantes, más acorde con el concepto de RBU, llamado Renta Vida, que se estableció bajo los “principios de individualidad, incondicionalidad, universalidad e inalienabilidad e inembargabilidad”, que debería cubrir al 100 % de los ciudadanos en un horizonte de 12 años, teniendo como punto de partida una transferencia equivalente al umbral internacional de pobreza establecido por el Banco Mundial[3].
Para la recién concluida legislatura, un nuevo proyecto fue presentado con un amplio respaldo multipartidista y el de un importante número de organizaciones sociales, resultado de una audiencia pública organizada por la Comisión Tercera del Senado y que contaría además con voceros de la Cumbre Social y Política por la Renta Básica.
Bautizado como “proyecto de renta básica ciudadana”, sus características responden más al concepto de RBE que al de una RBU, ya que, en primer lugar, está orientado a los hogares y no a los individuos, aunque plantea que sea una transferencia permanente y con una cobertura sustancialmente mayor a las propuestas previas, beneficiar a 7,4 millones de familias, cerca de 30 millones de personas “con carencias económicas”, las que han sido afectadas mayormente por la pandemia. La transferencia comprendería montos entre los 320.000 y 480.000 pesos según el tamaño del hogar, y, a diferencia de otros proyectos, no estaría supeditado al registro en el Sisbén.
Montos que marcan una clara diferencia con los sugeridos para Ingreso Solidario cuyos baremos van desde una transferencia de 80.000 pesos para hogares unipersonales, tanto para aquellos en situación de pobreza como de pobreza extrema, hasta un máximo de 366.101 para hogares con seis personas en pobreza extrema. No obstante, cualquiera de estas magnitudes está lejos de las aspiraciones del Comité del Paro que lideró buena parte de las protestas en los meses de abril y mayo, y de las primeras versiones de dichos proyectos de garantizar un smlv, que en 2021 es de 908.526.
Es claro que más allá de la denominación y de los montos estipulados, en principio se reconoce –a partir de las distintas iniciativas– la necesidad de garantizar unas condiciones de “vida digna” a las personas que se han visto más afectadas por la pandemia. Las preguntas obligadas son sin duda:
- ¿Cuál es el umbral de ingresos que en efecto garantiza una vida digna no solo para los hogares sino para cada uno de sus individuos: el salario mínimo, la línea de pobreza, o un ingreso que les permita a las personas desempeñarse como ciudadanos con plenas capacidades?
- Bajo una mirada de más largo plazo, ¿en un país tan desigual como Colombia, garantizar este ejercicio ciudadano no obligaría a transitar hacia una verdadera RBU que le permita a cada persona gozar de mayores márgenes de libertad sobre su proyecto de vida?
- ¿Es viable fiscalmente garantizar la renta básica? Esta sería, literalmente, la pregunta del millón. Si acordamos que una renta básica se hace indispensable para garantizar una vida digna de las personas, ¿de dónde obtener los recursos para ello?
Ante una situación de déficit fiscal esta pregunta adopta aún quizás más relevancia, pues la reforma tributaria precisamente buscaba, a la vez cerrar este déficit y obtener los recursos para el gasto social que demanda mitigar los impactos de la pandemia.
Sin duda, el impacto fiscal está sujeto a la cobertura y al monto del beneficio otorgado, y en consecuencia los cálculos difieren en razón de esas variables. Para algunos, financiar la renta básica, podría suponer un 3,7 % del PIB, pero otros incluso calculan un impacto menor, entre 1.5 % y 1.9 % del PIB, para el escenario propuesto por la nueva iniciativa multipartidista.
Como quiera que sea, el quid del asunto está en las fuentes de financiamiento, para lo cual se ha planteado recurrir a la cuenta de pérdida de apropiación presupuestal del año 2020 a cargo de Minhacienda, a la fusión de los cuatro programas de transferencias condicionadas (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario), pero en el fondo del debate subyace la posibilidad de que una política social de estas características se soporte en una estructura tributaria más progresiva, de forma que efectivamente conduzca a una mayor redistribución del ingreso, donde las personas de más altos ingresos, el 1, 0,1, 0,01 y 0,001 %, tributen conforme a su capacidad de pago, las exenciones tributarias que favorecen a grandes contribuyentes sean eliminadas y grabar los ingresos de quienes son sujetos de tributación en igualdad de condiciones independientemente de la fuente, como ha sido la sugerencia de varios expertos en la materia.
