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Beneficios fiscales de una reforma a la Policía Nacional

Beneficios fiscales de una reforma a la Policía Nacional

Crédito: Brandon Pinto

Los recursos invertidos en uniformes y vehículos antimotines podrían servir para otros fines más urgentes para la actividad policial referente a la necesidad del cumplimiento de protocolos y defensa de los derechos humanos, entre otros.

 

Agosto 10 de 2021, Bogotá D.C. UN Periódico Digital

 

Juan Sebastián Salinas, economista de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Luisa Fernanda Torres, economista y asistente docente de la UNAL

John Mauro Perdomo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL e investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)

 

 

El pasado 28 de abril diversos sectores de la sociedad colombiana convocaron un paro nacional que se convirtió en el más extenso y más violento desde la promulgación de la Constitución Política de 1991. El aumento de la pobreza, el asesinato de líderes sociales, la falta de oportunidades laborales y educativas para millones de jóvenes y el lamentable manejo que se le ha dado a la pandemia en el país son solo algunas de las múltiples razones por las cuales, dos meses después de iniciado el paro, numerosos bloqueos continuaban.

 

Ante las múltiples y multitudinarias manifestaciones, la respuesta policial ha sido represiva y violenta, desencadenando casos de abuso policial y varias decenas de muertes. Según las cifras que la ONG Temblores le entregó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en su visita oficial a Colombia, ya se cuentan más de 4.000 denuncias oficiales de abusos policiales, entre los cuales hay más de 250 personas heridas, más de 30 casos de violencia sexual en contra de mujeres, y más de 40 homicidios comprobados. Así, hemos alcanzado nuevos récords históricos de violencia estatal en las principales ciudades de Colombia.

 

Hoy parecen premonitorias –no solo acerca de lo que viene pasando en Colombia sino acerca de lo que pasó recientemente en Chile y en Estados Unidos– las palabras que escribía el economista chileno Manfred Max Neef en 1986 cuando afirmaba que “la presión generada por los costos sociales solo puede mantenerse bajo control con la aplicación de medidas represivas”.


La represión y la brutalidad policial vividas durante el paro nacional de 2021 superan por mucho las de otros países del hemisferio en 2020. Con más de 40 homicidios en menos de 60 días, Colombia supera a Chile –donde ocurrieron 34 homicidios en 150 días de protesta– y Estados Unidos, donde hubo 30 en 60 días. Ante esta gravísima situación de violaciones a los derechos humanos vuelve al debate la necesidad de una reforma a la Policía Nacional.

 

En el marco de la discusión propuesta por algunas de las principales universidades del país, analizamos algunos puntos clave de una eventual reforma policial desde la perspectiva presupuestal o fiscal. Para tener un contexto presupuestal, conviene conocer las cifras de funcionamiento e inversión en los años recientes.

 

Con este objetivo revisamos los presupuestos de la Policía Nacional a partir de la información consignada en los decretos del Presupuesto General de la Nación del Ministerio de Hacienda y los decretos presupuestales de la Policía Nacional, los cuales deberían ser correspondientes puesto que ambos se refieren al presupuesto de gasto o Ley de Apropiaciones iniciales para las vigencias fiscales comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

 

El gráfico 1 muestra la evolución del presupuesto a precios corrientes asignado a la Policía Nacional en los últimos seis años, con un especial énfasis en los últimos tres años que muestra la falta de correspondencia entre los valores mostrados por el Ministerio de Hacienda y la información financiera de la Policía Nacional de Colombia.

 

Gráfico 1. Presupuesto Policía Nacional de Colombia.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Policía Nacional.

 

Al respecto identificamos un problema de transparencia en cuanto a la claridad y coherencia de las cifras presupuestales de la institución. Este problema se agrava luego de ejecutar los recursos, dadas las profundas fallas en corrupción y gastos reservados en operaciones de inteligencia que no son de carácter público. Este hecho se evidencia, por ejemplo, en casos como el daño fiscal por 5.364 millones de pesos del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, invertidos por la institución en la construcción de un proyecto de 51 casas fiscales en el municipio de San Luis, Tolima, que no se terminaron de construir y sí fueron clasificadas como detrimento patrimonial por la Contraloría General de la Nación.

 

Para la evaluación de políticas públicas resulta indispensable contar con datos transparentes y una efectiva rendición de cuentas, puesto que contribuyen a tomar mejores decisiones. Aunque anualmente se realiza audiencia pública para la rendición de cuentas de la institución, las incongruencias en cuanto a los datos presupuestales y la dificultad para conseguirlos representan trabas en materia de transparencia y en la evaluación de la ejecución de esos recursos y, por tanto, menos eficiencia tanto para evaluar la efectividad de la actividad misional de la institución como para tomar mejores decisiones que involucren mejoras en el cuerpo policial.

 

Tratándose de una institución al servicio de la ciudadanía que enfrenta, además, profundos problemas de confianza, la veeduría sobre su actividad misional se convierte en una herramienta fundamental.

 

Según la Organización de Estados Americanos: “El acceso a la información pública, como se establece en las convenciones y leyes nacionales, representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información y datos en manos del Estado. Asimismo, es importante porque permite participar en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado transparentando la gestión pública”. (OAS, 2013). Este caso es comparable con los Carabineros de Chile, debido a la crisis que enfrenta, a algunas de las propuestas que se han hecho para su reforma, y a la influencia militar que tiene la actividad policial chilena.

 

Según la profesora Lucía Dammert, de la Universidad de Chile, y el profesor Mauricio Duce J., de la Universidad Diego Portales, la crisis de la institución chilena se puede expresar en tres dimensiones: 1) Crisis de desempeño: referida a falta de capacidad profesional para cumplir eficazmente sus funciones de prevención, investigación de los delitos y control del orden público; 2) Crisis de control: referida a su excesiva autonomía (fáctica) y escasa rendición de cuentas en materia de gestión operativa, financiera y desarrollo institucional; 3) Crisis de legitimidad: referida a la pérdida de credibilidad y confianza en amplios sectores de la población.

 

Varias de las propuestas de reforma a los Carabineros chilenos, plantean la importancia de tener cifras verificables tanto de la ejecución presupuestal, como del desempeño de su labor policial, que permitan el seguimiento y control a la institución. La transparencia no solo supone un efectivo control sobre la gestión policial, sino un mejor uso de los recursos asignados en el desarrollo de sus funciones misionales, y, por tanto, recuperación de la confianza ciudadana.

 

Por otra parte, una reforma a la Policía que se concentre en el respeto a los derechos humanos debe tener en cuenta las cifras objetivas de protestas pacíficas y no pacíficas en Colombia.

 

Según un informe presentado por el Gobierno en la mesa de negociaciones con el Comité del Paro, el 86 % de las protestas llevadas a cabo entre el 28 de abril y el 18 de mayo fueron pacíficas. Así, aproximadamente 9 de cada 10 protestas en el marco del paro nacional se podrían considerar pacíficas, lo que es prueba suficiente de que el tratamiento represivo por parte del ESMAD ha sido exagerado.

 

Considerando esa cantidad, parece desproporcionado el gasto en armas “no letales” y vehículos antimotines que han sido evidentes en el marco de las actuales protestas. En 2020 la Policía Nacional invirtió cerca de 2 millones de dólares en la adquisición de vehículos antimotines nuevos y, como lo ha indicado Cuestión Pública, unos 10 millones de dólares más han sido comprometidos por la institución en la contratación y adquisición de armas “no letales” entre 2018 y 2021.


Los 2 millones de dólares que invirtió la Policía en la adquisición de vehículos antimotines nuevos, más 10 millones de dólares en adquisición de armas no letales, representan en promedio un 30 % del presupuesto de inversión de cada año y supera dos veces lo invertido en temas como educación y bienestar. Estos recursos podrían servir para otros fines más urgentes para la actividad policial referente a la necesidad del cumplimiento de protocolos y defensa de los derechos humanos, entre los que se encuentran la formación técnica y profesional de los agentes de policía y los tipos particulares de modernización que tienen que ver con el registro de los protocolos y la actuación de las y los uniformados, lo cual permitiría un ejercicio de sus funciones misionales más respetuoso de los derechos humanos.

 

Hasta aquí hemos expuesto dos beneficios que tienen relación directa con los recursos fiscales asignados a la Policía; el primero, relacionado con la transparencia de la información que permita tomar mejores decisiones a los administradores públicos y permita una mejor veeduría por parte de la ciudadanía, y el segundo, relacionado con la redirección de recursos que se destinan actualmente a la adquisición y mantenimiento de artefactos que la policía en los últimos dos meses ha demostrado no saber utilizar.

 

También observamos otro potencial beneficio fiscal de una reforma a la Policía, que está relacionado de manera indirecta con los recursos. En esencia, la Policía Nacional es la forma en la que el Estado colombiano ha decidido proveer uno de los bienes públicos que le ordena la Constitución, que es el de la seguridad ciudadana. Como bien, o más precisamente como servicio público, este es susceptible de mejoras en diversos ámbitos como la calidad, cobertura y eficiencia, entre otros.

 

Dicho potencial beneficio fiscal vendría de una mejora en la calidad de la provisión de este servicio público.

 

Uno de los puntos en los que se ha insistido de manera casi unánime entre los sectores que han discutido la necesidad de una reforma a la Policía es el de un cambio en la formación de agentes oficiales y suboficiales que conforman las filas de la institución. Una formación que realmente tenga en cuenta el respeto por los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y el conocimiento sobre el ordenamiento jurídico colombiano por parte de las y los uniformados, permitiría mejorar la calidad de la prestación de este servicio público, e indirectamente también traería beneficios fiscales, en especial por que las acciones dirigidas en esa dirección tienen el potencial de disminuir los altos costos en indemnizaciones y el desgaste de recursos en procesos legales que enfrenta la nación por cuenta de los demandas al Estado colombiano.

 

El informe de litigiosidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) indica que el sector Defensa es el más demandado tanto en cantidad de litigios como en monto de las pretensiones, por su parte, la Policía Nacional es la quinta entidad con más procesos judiciales y el primer lugar en las entidades con más pretensiones en contra, sumando un total de 98 billones de pesos. Según el informe, la causa más frecuente de litigio para el Estado es la privación ilegal de la libertad, y entre una de las más frecuentes se encuentra la de lesiones a conscriptos, lo que podría indicar que el respeto de los protocolos es insuficiente no solo en la prestación del servicio, sino en el funcionamiento interior de la institución.

 

Adicionalmente, de acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia emitido en el contexto del asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez en 2020, estima que las demandas en contra del Estado colombiano sumarían pretenciones por cerca de un billón de pesos. Esa suma equivale a la décima parte del total del presupuesto de funcionamiento de la policía y a su vez representa entre cuatro y cinco veces el presupuesto de inversión de esa institución. No obstante, la disminución del gasto fiscal en los procesos legales causados por abusos policiales no sería la única ventaja de una mejora en la formación, pues los efectos en la confianza de la ciudadanía hacia la institución también tienen potencial de mejora con una eventual reforma en dicho aspecto.

 

Poner el foco en la transparencia, la eficiencia del gasto y la mejora de la calidad a través de inversión en formación no solo tiene potenciales beneficios fiscales en el corto, mediano y largo plazo, sino que también traería un beneficio social en cuanto a la percepción y la confianza que tiene la ciudadanía en esta institución. Según la última encuesta Gallup, entre abril y junio de este año la imagen favorable de la Policía cayó 35 puntos porcentuales (de 75 a 40). Una reforma a la Policía consensuada y construida en democracia es un paso indispensable para conseguir los beneficios mencionados, entre muchos otros que apuntan a un objetivo principal, que es el de mejorar sustancialmente la seguridad y la convivencia ciudadana en un país que ha visto ralentizada su salida de la guerra.

 

Referencias:

 

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