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| Los impactos de las extracciones mineras en el desarrollo rural en Colombia |
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Durante 14 sesiones se analiza la problemática agraria en el marco de la Cátedra de Sede Manuel Ancízar.
Bogotá D.C., 02-may-2014 (Comunicaciones CID). ‘Territorialidad, territorio y megaproyectos rurales’ fue el nombre de la pasada sesión de la Cátedra Manuel Ancízar realizada el 26 de abril en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. En el evento participaron los profesores de la Universidad Nacional, William Chavarro, Milton Pérez y Julio Fierro; así como la coordinadora general de la ONG ambientalista Censat Agua Viva, Tatiana Roa; y el representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Ángel Torres.
Un modelo de desarrollo sin campesinos
Los profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas William Chavarro y Milton Pérez, centraron sus intervenciones en el actual modelo económico del campo en el país, que según ellos, está basado en un “desarrollo rural sin base social, sin territorio ni campesinos que busca abrir cada vez más espacio para los grandes proyectos industriales y mineros”, indicó Pérez.
Según los académicos, tradicionalmente se considera que un sector es más eficiente y desarrollado si realiza un cambio técnico que permita aumentar la utilidad reduciendo los costos en mano de obra; sin embargo, “creer que el uso ideal del suelo está en la reducción de la mano de obra es un error en el caso del campo”, señalaron. Para ellos, en Colombia esta reducción de la mano de obra ha sido fundamentalmente producto del despojo, la guerra y la ganadería extensiva, y no del desarrollo de un sector agroindustrial sólido.
Milton Pérez agregó que a estas causas internas se suma el interés de los países desarrollados de reducir el excedente de producción agrícola en América Latina y “afectar el autoabastecimiento en esta región, incentivando el proceso de urbanización con el fin de expandir mercados para sus productos”, enfatizó.
Lo anterior se expresa en los resultados de la investigación del Laboratorio de Economía, Espacio y Poder de la UN en el que participaron los académicos, que mostró la importante reducción en la cantidad de tierra destinada a la producción agrícola que pasó de 5 millones de hectáreas en 1985 a 3 millones en la actualidad.
Por su parte, el profesor Chavarro señaló que una alternativa que se están planteando para transformar el panorama del sector rural es el uso de tecnologías ancestrales indígenas “que han demostrado ser mucho más eficientes en el aprovechamiento y la recuperación del suelo”. Además, destacó los esfuerzos que se están haciendo desde la academia para cambiar el enfoque económico de la mano de obra en el campo, que impera desde hace 200 años, pero que no contribuye al verdadero desarrollo agrícola en Colombia.
La minería es una actividad lesiva contra el medio ambiente
Julio Fierro, geólogo de la Universidad Nacional y profesor del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), se refirió a la investigación transdisciplinar que viene adelantando con la Contraloría General de la República sobre el tema de la minería en Colombia, en la cual participan destacados académicos como el reconocido economista Luis Jorge Garay.
En su presentación, Fierro subrayó la gran importancia que los gobiernos de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos le han dado a la extracción de recursos minero energéticos, “por ejemplo, más del 30% de la inversión en seguridad para proteger la infraestructura de explotación”, indicó.
También hizo referencia a la falta de institucionalidad en el sector minero y ambiental, “pues desde 2002, sólo el 3% de las solicitudes han sido negadas, una licencia de explotación minera no se le niega a nadie y esa irresponsabilidad tiene graves consecuencias sociales y ambientales”. Para el docente, “la minería en Colombia se ha convertido en una aplanadora de los derechos y modos de vida de las comunidades”.
Uno de los problemas más graves que señaló el experto es el pasivo ambiental con el que queda el país tras la actividad minera, “independientemente de que la explotación la hagan grandes multinacionales, grupos armados ilegales o pequeños mineros; la huella ambiental que deja, por ejemplo, la explotación de oro, no tiene parangón con ninguna otra actividad extractiva en el mundo”, sentenció Fierro.
El modelo extractivista genera más conflictividad social
En concordancia con el profesor Fierro, Tatiana Roa, manifestó su preocupación por el “drama ambiental que está viviendo el país por el modelo extractivista que se ha impuesto en las zonas rurales” y destacó el importante papel de las comunidades, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales en su trabajo para poner freno a las explotaciones que ponen en riesgo recursos vitales como el agua y las tierras fértiles.
La coordinadora de Censat Agua Viva, mencionó que las causas del actual auge de la minería en América Latina es consecuencia de la crisis energética mundial por la llegada de nuevas superpotencias como China que demandan más recursos y nuevas fronteras extractivas; el cierre de las minas de carbón más importantes de Europa (Francia y Alemania); los altos precios internacionales de las materias primas; y los grandes flujos de inversión que han llegado a la región desde la crisis financiera de 2008.
Desde que se implantó el modelo extractivista en Colombia, “podemos ver un tsunami de concentración de tierras, un aumento del narcotráfico y la profundización de los conflictos sociales en los territorios de explotación”. En cuanto a los conflictos sociales, la ambientalista destacó la lucha que han adelantado algunos movimientos sociales como el caso de del páramo de Santurbán en Santander, de los indígenas Uwa en Norte de Santander y de Tauramena en Casanare.
Advirtió que el Gobierno está utilizando la figura jurídica de la utilidad pública para expropiar los predios donde se encuentran recursos minero energéticos y también para “bloquear las herramientas constitucionales como la consulta previa, la autonomía regional, los referendos y otros mecanismos de participación ciudadana”.
Ángel Torres, representante de ANZORC, destacó la lucha de los movimientos sociales contra ese modelo extractivista señalado anteriormente y puso como ejemplo el trabajo de su comunidad en los alrededores de la Sierra de La Macarena y San Vicente del Caguán, donde, según el líder campesino, “después de los diálogos de paz de con las FARC, nos ha tocado a nosotros mismos construir nuestras carreteras y pagar a los profesores de las escuelas, porque no hay presencia del Estado, más allá de los militares”, subrayó.
“Ahora quieren sacarnos porque dizque hay petróleo, después que nosotros mismos construimos nuestro desarrollo aquí”, enfatizó Torres, quien mencionó su apoyo al Paro Agrario que se está llevando a cabo en varios lugares del país, reiterando en la posición de ANZORC de oponerse al “avance latifundismo en Colombia”.
En el cierre de su presentación, denunció la falta de coherencia del Gobierno, que “por un lado dice estar de acuerdo con las zonas de reserva campesina y se ponen como tema en las negociaciones de La Habana, pero por otro lado, no quieren aprobar las 47 zonas que están siendo solicitadas a lo largo del país”, puntualizó.
*La Cátedra de Sede Manuel Ancízar se realiza todos los sábados en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia hasta el 14 de junio de 2014.
**Vea la videocolumna con los profesores invitados al panel en el canal de Youtube del CID (Prensa CID), en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lUXgB-gbaPs
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