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Colombia debe subir el impuesto al tabaco para controlar el consumo
Aparte de Paraguay, que es el principal distribuidor de cigarrillos de contrabando del continente, Colombia es el país que cobra impuestos más bajos al tabaco. Por eso, Ricardo Bonilla, integrante de la Comisión Tributaria y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, enfatiza en la necesidad de aumentar el gravamen un 150 %, en un plazo de tres años, y así incrementar los recursos para cubrir los gastos en salud asociados al consumo. El desafío, contrarrestar el comercio ilícito, aplicar tecnología en el recaudo y sortear la presión de los grupos de interés.      
 
Bogotá D.C., 16 de agosto de 2016 (Comunicaciones FCE – CID). En el periodo 2008 – 2014, Chile fue uno de los países que más incrementó el costo del tabaco en el continente americano con el objetivo de responder a las políticas que pretenden reducir el consumo y recaudar más impuestos para la salud. Allí, en seis años, la cajetilla de 20 unidades de la marca más vendida pasó de 3,56 a 5,98 dólares, un aumento de USD$2,42. Esa misma tendencia se registra en la mayoría de los países de América Latina, a excepción de Paraguay (el mayor distribuidor de tabaco de contrabando) y Colombia. 
 
En nuestro país, en ese mismo lapso, el costo de la cajetilla solo subió USD$0,36, al pasar de 1,48 a 1,82 dólares, una de las más baratas en el continente, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su ‘Informe sobre control del tabaco en la región de las américas’. Esto va en contravía de las medidas tomadas en la mayoría de naciones latinoamericanas, donde el incremento al impuesto a los cigarrillos ha subido de forma considerable en los últimos dos años, con el fin de redoblar los esfuerzos contra la epidemia del tabaquismo, que en el caso de Colombia implica la muerte de 72 personas al día (26.460 al año), según estimaciones del Instituto de Evaluación  Tecnológica en Salud (IETS)
 
Y como lo evidenció un estudio de 2013, realizado entre el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Argentina y el IETS de Colombia, nuestro país gasta alrededor de $4,2 billones de pesos al año para tratar enfermedades asociadas al tabaquismo, que representa el 10,5 % del gasto anual del país en salud. Lo anterior llevó a la Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria a proponerle al Gobierno nacional aumentar hasta un 150 % el tributo al consumo de tabaco, en un plazo de 3 años, y que el monto total del impuesto se actualice de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC), con el fin de compensar ese enorme coste que asume la sociedad en su conjunto.  
 
Lo anterior va en sintonía con la propuesta del Ministerio de Salud y Protección Social, que retomando las sugerencias de la OMS, propone que los impuestos a la cajetilla pasen del 49,5 % al 70 %. Según el profesor Ricardo Bonilla, integrante de la Comisión Tributaria y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN, por cuenta de desajustes como el del gravamen al tabaco, es indispensable realizar una reforma tributaria estructural.
 
Controlar el contrabando
“En la reforma hay tres preocupaciones centrales: cuáles ingresos van para la nación, cuáles para los departamentos y cuáles con destinación específica para el sector salud; es este último caso, el recaudo del impuesto al tabaco va para este fin. Sin embargo, hoy día, por este medio se recibe solo medio billón de pesos al año; es decir, genera menos del 10 % de los recursos que reciben los departamentos. Es un ingreso muy bajo frente al conjunto de impuestos de la nación y por eso es necesario fortalecerlo”, dice el profesor de la FCE UN y exsecretario de Hacienda de Bogotá. 
 
En su concepto, la actual política todavía es muy lenta para combatir el tabaquismo (en Colombia se calcula que hay cerca de 3.000.000 de fumadores) y la ampliación del gravamen, como lo ha demostrado la experiencia internacional, es una forma efectiva para desincentivar el consumo, sobre todo entre las personas de menor poder adquisitivo, quienes son precisamente las más afectadas por la epidemia, según la OMS.
 
“Por supuesto, existen dos grandes limitantes en las propuestas de la Comisión y del Ministerio. La primera, que haya una discusión de fondo en el Congreso de la República y que no exista un lobby que tienda a distorsionar la necesidad de ese ajuste. El segundo limitante es que siempre se ha dicho que cada vez que se sube el precio del tabaco aumenta el contrabando, pero hoy sabemos claramente cuánto se trafica por este concepto y cuáles los mecanismos que se pueden utilizar para contrarrestarlo”, indicó el economista de la UN.
 
Al respecto, agregó, que los productores de cigarrillo de todo el mundo son los primeros en saber quiénes hacen contrabando; por lo tanto, se requiere de un acuerdo internacional para que las tabacaleras realicen toda la trazabilidad sobre dónde está el producto. Para ello, dijo, deben reemplazarse las actuales tornaguías (recibos de la guía con que se expidió una mercancía y que sirve para acreditar la llegada a destino) por la factura electrónica. De esta manera se tendrá mejor información.
 
El profesor Bonilla aseguró que incluso Colombia debería llegar a acuerdos diplomáticos con Paraguay, nación de donde proviene la mayor parte del contrabando de tabaco en América del Sur. Este caso es particular por el hecho de que el presidente paraguayo, Horacio Cartes, es el propietario de la mayor industria tabacalera de esa nación.
“El impuesto al tabaco tiene un carácter transitorio, pues el objetivo es que desaparezca en la medida que dejen de haber consumidores. Por lo pronto, hay que desestimular su uso en las nuevas generaciones y tratar a los que ya son adictos”, concluyó el investigador.

 

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