“Tareas a granel”, escribió hace poco un periodista para referirse a las reformas que esperan a los nuevos legisladores a partir del próximo 20 de julio.

Jorge Armando Rodríguez - Director
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia

Bogotá D.C. 10-mar-2014 (La República). En verdad hay mucho por hacer, pero creo que es hora de preguntarse por los resultados del activismo legislativo bajo la Constitución de 1991. ¿No valdría la pena centrar las energías en expedir legislación crítica para materializar los derechos ciudadanos y los fines del Estado?

Por su alto impacto sobre la vida de los colombianos, pueden considerarse críticas las reformas a la salud y la educación, que la Constitución consagra a la vez como derechos y como servicios con función social. En cambio, hoy está lejos de ser fundamental hacer ingeniería con los períodos de gobierno. El capital político puede emplearse mejor para que el sector salud ponga la atención de la gente como su norte y para evitar que lo que predomine allí sean los intereses de aseguradores y otros agentes, tan poderosos que “cooptan el poder del gobierno”, según ha declarado el ministro Alejandro Gaviria.

El país se beneficiaría mucho con un mayor acceso a una educación superior de calidad. A pesar de la creciente demanda por ella, los aportes presupuestales de la Nación a las universidades públicas han caído desde el 0,54% del PIB en 1999 a apenas el 0,39% del mismo agregado en 2013. ¿No es un contrasentido llamar a eso “apoyo decidido a la educación pública”?

Combatir la pobreza también debería considerarse una tarea crítica, de la que seguramente se ocupará la nueva Misión Rural dirigida por el exministro Ocampo. El presidente Lyndon Johnson, arquitecto de la llamada “Lucha contra la pobreza” en Estados Unidos, dijo alguna vez que una única ley no era suficiente para combatir ese flagelo. El mensaje, que tiene validez hoy, era que la pobreza debe atacarse desde múltiples frentes y que la política para contrarrestarla debe iluminar el espectro legislativo, aunque algunas normas específicas se ocupen del tema.

Si el Estado unitario descentralizado, que es el tipo de Estado que la Constitución definió para Colombia, presenta grandes fallas en su organización u operación, es difícil lograr propósitos colectivos. Los departamentos siguen siendo el eslabón débil de la cadena; hay necesidad de fortalecer al nivel intermedio de gobierno. Pero las equivocaciones en este terreno son muy costosas. El Estado de las autonomías español, por ejemplo, exhibe serios problemas de diseño que han contribuido, con no pocos granos de arena, a poner en peligro su propia existencia.

La realización de las aspiraciones asociadas tanto al Estado social de derecho como al posconflicto depende de manera crítica de la disponibilidad de recursos públicos para sufragarlas. De ahí que haya necesidad de elevar el nivel de tributación del país entre 1 y 2 puntos porcentuales del PIB. Pero hacer eso sin reorientar la distribución de la carga tributaria del país, que favorece hoy en día a los ingresos de capital en contra de los ingresos laborales, acentuaría la ya elevada desigualdad en la distribución de ingresos. El tratamiento tributario a los dividendos con respecto a los salarios debería ocupar un lugar central en los debates parlamentarios.

Hay infinidad de temas que podrían ingresar a la agenda legislativa, pero no todos son críticos y algunos son más críticos que otros. En la definición de esa agenda, los congresistas, ojalá a través de sus partidos, están llamados a jugar un papel protagónico frente al Ejecutivo.