Reforma laboral monopolizaría ahorro pensional*

Porvenir y Protección controlan el 84,72% de los fondos de pensiones. La reforma mantiene este monopolio en detrimento del bienestar de los trabajadores colombianos, cuando debería garantizar un nivel básico de ingresos para evitar el progresivo empobrecimiento de la tercera edad.

Óscar Rodríguez

Director del Grupo de Protección Social

Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá D.C., 09-jun-2014 (UN Periódico). En su componente de aseguramiento, el sistema de protección social instaurado en Colombia no garantiza que, al llegar a la tercera edad, las personas dispongan de ingresos suficientes para gozar de una vejez digna. Sin embargo, en la contienda por la presidencia, los candidatos no se han ocupado de proponer políticas que garanticen la seguridad económica para los adultos mayores, a pesar de la imperiosa necesidad.

Esta parte de la población, en el mediano plazo, representará un porcentaje significativo. Según el censo del 2005, los mayores de 60 años constituían el 9,9% (8,3% hombres y 11,5% mujeres); en el 2014 equivalían al 12,1% (10% hombres y 14,3% mujeres) y al 2020 esta cifra será del 14,2% (11,5% hombres y 16,9% mujeres). Además, con el actual nivel de cobertura de afiliación, se pronostica que más del 70% de los trabajadores enfrentarán la vejez en condiciones de pobreza y su única alternativa será la solidaridad intergeneracional asociada a redes sociales familiares.

Otro gran problema es el número de adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de ingreso y que por lo tanto pierden autonomía, según información de la geih entre el 2009 y 2013 más del 71.5% de los colombianos mayores de 60 años no tenían ingresos

Problemas de informalidad

En el cuarto trimestre de 2013, la tasa de informalidad del mercado laboral llegó al 43,9%; si se excluye Bogotá, este valor es del 67%. Considerando el módulo que tiene el DANE sobre seguridad social e informalidad y analizando el componente de pensiones para el período 2008 - 2013 (cuarto trimestre), se detecta que, en la capital, el porcentaje de informales que cotiza a pensiones pasó del 11,3% (cuarto trimestre del 2011) al 13,8% (cuarto trimestre del 2013).

A nivel nacional, sin contar con Bogotá, la participación se reduce considerablemente: 5,4% en el cuarto trimestre de 2010 y 6,5% en el cuarto trimestre del 2013, el mayor porcentaje alcanzado.

Aunque el tema no genera preocupación en los candidatos, su silencio contrasta con el afán que tiene la tecnocracia oficial, los fondos privados de pensiones y el Fondo Monetario Internacional de llevar a cabo una nueva reforma pensional, la cual cuenta con el aval de ciertos centros de investigación. La directriz de los ajustes al modelo pensional es avanzar hacia la privatización, eliminando la competencia que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es decir, se promueve la liquidación del sistema de prima media.

En un estudio de Fedesarrollo, del 12 de abril del 2010, el exministro de Protección Social Mauricio Santamaría, asesor en temas de seguridad social del candidato presidente Juan Manuel Santos, justificó los ajustes argumentando la existencia de un salario mínimo elevado.

Aunque Santamaría reconoce que las fallas del mercado laboral se originan en la informalidad, el desempleo y la inestabilidad del empleo asalariado, en dicho informe afirma que el principal problema es la existencia de “un salario mínimo elevado e inflexible, con respecto a la productividad media de la economía colombiana y a la presencia de subsidios focalizados en la población informal, que desincentivan la formalidad y la afiliación a la seguridad social”.

En su opinión, los subsidios son responsables de la informalidad, por cuanto programas como el Régimen Subsidiado en Salud y Familias en Acción, además de generosos, no son temporales y cada día su cobertura es mayor, lo que empeora su focalización y crea incentivos a los beneficiarios para perpetuarse en la informalidad, que tiene como una de sus características no cotizar a pensiones.

El estudio de Fedesarrollo abre una puerta para realizar ajustes pensionales por medio de una reforma laboral, algo similar a lo sucedido con la tributaria, que transformó la financiación de seguridad social (salud) y los aportes al SENA y al ICBF. En aras de lograr una mejor equidad en pensiones, se propone una reforma laboral que, a diferencia de las anteriores, según Santamaría, ataque los verdaderos problemas: el salario mínimo legal (smlv) y los impuestos a la nómina.

Para el exministro, se requiere una transformación profunda del esquema de indexación del salario mínimo, por cuanto el establecido para los jóvenes es demasiado alto, respecto a su productividad, razón por la que este grupo es excluido del mercado laboral. Dichos ajustes pasan por la imperiosa necesidad de marchitar al Instituto de Seguros Sociales, lo que implica prohibir la entrada de nuevos afiliados y nuevos traslados.

Esta política demanda que la Corte Constitucional reconsidere su jurisprudencia sobre la indexación del smlv, lo cual el exministro espera que suceda cuando se aprecien las bondades que tiene la propuesta en términos de equidad social. Además, el tecnócrata considera que se necesita una modificación profunda del esquema de pensión mínima legal vigente y una garantía de pensión atada al smlv.

Sin certeza en el futuro

Esta interacción genera un costo fiscal muy alto, es inequitativa e impide que los trabajadores que cotizan sobre sueldos menores a tres smlv puedan acumular el capital o los requisitos para pensionarse.

Las modificaciones favorecen al sistema de cotizaciones definidas, como las caracteriza la Organización Integral del Trabajo, en detrimento del de prestaciones definidas. En el primer caso, cuando el trabajador se afilia a un fondo de pensiones, conoce cuánto cotiza, pero desconoce su futuro nivel pensional. La razón es que el cálculo de la mesada se hace sobre los aportes y la rentabilidad de los ahorros, de modo que al afiliado se le trasladan los riesgos de malas inversiones.

En un ambiente de alta volatilidad económica, como lo señala el economista Eduardo Sarmiento, “la mayoría de la población quedaría con pensiones inferiores al 30% del ingreso promedio y traería consigo el empobrecimiento de los grupos medios de mayor edad” (El Espectador, 17 de febrero del 2013). Por su parte, el segundo caso muestra de antemano cuál podrá ser el nivel pensional.

La reforma fue tema de discusión en la pasada reunión de Asofondos, llevada a cabo en Cartagena, donde se realizó también el Séptimo Congreso de la Federación Iberoamericana de Administradoras de Pensiones (FIAP). En este espacio, Santiago Montenegro, presidente de la asociación, sostuvo que la gran reforma pensional es laboral.

Al respecto manifestó que “algunas de las propuestas para avanzar en este tema son continuar la reducción de los parafiscales y hacer ajustes a la forma como se incrementa el salario mínimo, pues está muy cerca del salario promedio de la economía”.

En la clausura del congreso, el ministro de Hacienda y Crédito Público expresó: “Celebro que la industria de las AFP haya asegurado que la mejor reforma pensional es una reforma laboral”.

Población sin beneficios

¿Por qué los grupos económicos se inclinan por una reforma laboral antes que una pensional? Frente al proceso de monopolización del ahorro de los colombianos, en la actual coyuntura política, no tendría mayor presentación que se diseñara una reforma que beneficiara al gran capital.

En 1994, al comenzar el proceso de privatización de la seguridad social en pensiones, 10 fondos controlaban este sistema en Colombia; 20 años más tarde, la monopolización se ha consolidado: cuatro fondos manejan el principal ahorro de los trabajadores colombianos que para el mes de febrero del 2014 ascendía a 113 billones de pesos y dos conglomerados administran el 84,72% del valor de los fondos moderados (Porvenir controla el 45,12% y Protección el 39,6%).

El Fondo de Pensiones Porvenir, filial del grupo Aval, el 31 de diciembre de 2013, adquirió el Fondo de Pensiones Horizonte, filial del banco español BBVA, en una transacción que ascendió a 541,4 millones de dólares y que incluía las cesantías y otras clases de fondos de los trabajadores. Para esto, el Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo (propietario del diario El Tiempo), adquirió a Horizonte de la siguiente manera: AFP Porvenir compró el 64,3%, el Banco de Bogotá el 16,8%, el Banco de Occidente el 11,8% y la holding el 7,14%.

Sin embargo, esa visión tecnocrática de profundizar la privatización no es la única vía. Una auténtica reforma debería garantizar un nivel básico de ingresos a la tercera edad. Esto significa diseñar esquemas no contributivos que brinden a los ciudadanos recursos independientes de su historia laboral para enfrentar esta etapa de la vida.

*Artículo publicado en UN Periódico, edición No. 178 de junio de 2014.

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