Carlos Suescún* 

Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional de Colombia

 

Junto con 16 estudiantes y Nelson Rodríguez, un experto conductor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, quien manejó durante 11 horas hasta Inzá (Cauca), visitamos de manera breve (tres días en terreno) parte de ese patrimonio de la humanidad: Tierradentro. La necesidad de llevar a cabo un proceso de investigación en campo acerca de la inercia a la estructura agraria en Colombia, nos llevó a este lugar del país, el cual es sin duda reflejo del abandono o inexistencia del Estado Social de Derecho en las zonas rurales más apartadas.

 

Tierradentro es una región compuesta por los municipios de Inzá y Páez (Cauca). Es una zona afectada por la dinámica del conflicto social y armado, y sobre la cual se ciñen serios focos de conflicto por factores territoriales ante la escasez de tierra y, por supuesto, ante los riesgos que acarrean las locomotoras de la infraestructura y la minería. 

 

Ya en el área, solo fue necesario dar el giro a la izquierda antes de ingresar al municipio de La Plata (Huila) para encontrarnos kilómetros más adelante con un primer factor problemático para las comunidades indígenas y campesinas de la región: la construcción de la Transversal El Libertador, carretera que comunicará a los departamentos del Huila y el Cauca, y que sigue el trazado por el cual, hace casi dos siglos atrás, al parecer recorrió el libertador Simón Bolívar con su ejército, compuesto por esa misma clase social campesina. Este proyecto vial es desarrollado por el consorcio colombo-brasilero PCP.

 

La carretera divide a unos y otros, sean campesinos o indígenas, pues el temor a las afectaciones territoriales, la cultura y las costumbres, así como la previsible entrada en masa de la explotación minera, choca con la necesidad de infraestructura básica para darle salida a una economía pujante basada en su producto estrella: el café.

 

Es un paisaje casi homogéneo en cada finca o parcela: abundantes hojas verdes y pepas rojas o amarillas. Solo se divisa en el horizonte cultivos de café. Es tal la especialización productiva en el grano, que se ha descuidado incluso la producción del pancoger. “Eso lo estamos cambiando, pues somos conscientes de la necesidad de proteger la soberanía alimentaria”, afirma Andrei Morales, uno de los líderes de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT). 

 

En corregimientos como Pedregal y en el casco urbano de Inzá, solo se ven sacos de este producto en camiones y bodegas, con un olor que impregna el tranquilo vivir de las distintas comunidades campesinas e indígenas. Es tan evidente la importancia del café, que vino a sustituir a la coca, cultivo que hace algunos años, dicen los mismos pobladores, constituía una fuente importante de sustento. Hoy nadie piensa en la coca, toda la esperanza de progreso está en el café, el cual se vende principalmente a mercados extranjeros como Alemania, Japón y otros países, en donde, como dicen los productores, "de verdad toman buen café, acá en Colombia solo nos sirven la pasilla".

 

En tal dinámica productiva, es de resaltar el grado de desarrollo en el conocimiento técnico y la decisión de las comunidades indígenas y campesinas de darle valor agregado con sus innovaciones y mejoras en calidad. “Manejo técnico riguroso en cultivo y secado, respetando costumbres propias, y un control de calidad con expertos catadores, hacen que muchos de los sacos almacenados tengan una tasa de 85 u 86, de las más altas y de las más apetecidas a nivel internacional”, afirma María Sánchez, líder de la ACIT.

 

 

En tal escenario es frustrante notar el escaso apoyo estatal para estos emprendimientos. Sin embargo, es destacable cómo con tan pocos recursos recibidos de cooperación internacional y del Ministerio de Agricultura se logran ingresos mensuales nada despreciables como los de la finca de don Luis, quien con apenas dos hectáreas de café (que es una de tamaño medio en la región, donde se tienen predios de 0,5 hectáreas o menos) obtiene en promedio 1,2 millones de pesos mensuales. 

 

Esta relativa escasez de tierra es uno de los aspectos que engendran focos de conflicto entre campesinos e indígenas, siendo unos y otros microfundistas. No obstante, ambos grupos tiene claro el origen de esta limitante: la proliferación del latifundio en el Cauca y, en sí, en Colombia. "Acá tenemos claro que el latifundio improductivo es el real culpable de la puja por el territorio. Todos sabemos que somos uno solo, una misma clase social", afirma Gelmis Chate, el electo alcalde del municipio de Inzá, y primer mandatario municipal de origen indígena.

 

Ahora bien, en lo que sí hay plenas coincidencias entre indígenas y campesinos es en los peligros que se ciernen sobre sus territorios. “El verdadero riesgo para nuestras comunidades es la minería, y eso lo sabemos unos y otros. Vea el caso del mismo consorcio vial, el cual explota materiales de construcción en el margen del río, y ni que decir de las afectaciones respiratorias de nuestra gente, ocasionadas por la polvareda que levantan las volquetas que transportan materiales”, relata Diego Liz Ipia, gobernador del resguardo indígena de Santa Rosa de Capicisco.

 

Y es que en efecto, las empresas mineras sí han puesto la mirada en esta región, patrimonio de la humanidad y que aguarda en sus montañas aún mucha riqueza cultural e histórica, de la cual solo una muestra se evidencia en los hipogeos y demás lugares sagrados que visitan colombianos y extranjeros en el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro. 

 

Al consultar las bases de datos suministradas por la Agencia Nacional de Minería - ANM (con corte al 28 de agosto de 2015), se constata que, en efecto, al Consorcio PCP, constructor de la Transversal El Libertador, le fueron otorgados seis títulos mineros (los únicos que están en ejecución) sobre 1.809 hectáreas, para la explotación de materiales de construcción. No obstante, el mayor peligro no está en lo concesionado, sino en las solicitudes.

 

De acuerdo con información de la misma Agencia Nacional de Minería, hay por lo menos 25 peticiones de titulación minera en jurisdicción de los municipios de Inzá y Páez. De estas, ocho corresponden a la empresa Anglo American Colombian Exploration S.A., la cual al parecer tiene nexos o es asociada a la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti . Solo estas ocho solicitudes abarcan un área de 10.398 hectáreas.

 

Ante tal escenario, las comunidades indígenas y campesinas tienen esperanzas en el proceso de paz, pero serias críticas al modelo económico. “La minería acabaría con el agua, destruiría nuestras costumbres, terminaría la agricultura y afectaría gravemente nuestros territorios. Ojalá que el postconflicto traiga a estos territorios la salud, la educación y la posibilidad de hacer sostenibles nuestras formas propias de producción y de vivir. Igual se necesita tierra, pero no puede ser a costa de los territorios de los campesinos o los indígenas. Mucha tierra en el país no tiene uso o está con vacas. ¡Qué bueno sería poner a producir con café de primera calidad esas fincas! Si me lo permiten, yo les demuestro cómo”, afirma entre risas don Luis, mientras nos comparte una copa de vino artesanal de piña, naranja y otras frutas, producido en el seno de su hogar. 

 

De todo esto, campesinos, indígenas y comunidad académica concluimos que el verdadero reto de un país que busca la paz, y en especial para el nivel micro (el espacio territorial), es en realidad el ideal democrático de una reforma agraria integral, que permita el acceso real a la tierra a indígenas, afrodescendientes y campesinos, en extensiones adecuadas y con asistencia estatal en materia técnica y de derechos sociales. Ese será el verdadero reto del denominado postconflicto.