Según cálculos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, por cuenta de
la Ley 715 los departamentos y municipios han dejado de recibir cerca de 12 billones de pesos para la salud

Bogotá, 02-Ene-2010 (Prensa CID). La emergencia social decretada por el gobierno terminará por incrementar los gastos de los colombianos para acceder a los servicios de salud, aseguró Óscar Rodríguez, investigador en protección social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia.

Mientras que el gobierno busca proteger los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) para financiar su déficit fiscal y su proyecto económico, el efecto para los ciudadanos de ‘a pie’ dependerá del monto de los incrementos de los copagos y de las cuotas moderadoras, que además les permitirá a las EPS canalizar más recursos.

Los recursos del Fosyga -que paga todo aquello que no está cubierto en el Plan Obligatorio de Salud (POS)- constituyen la cuenta más importante que tiene el gobierno en el sistema financiero y buena parte de dichos recursos (cerca del 50 por ciento) está destinada a financiar el déficit fiscal, a través de títulos de tesorería (TES). Así, los recursos del Fosyga funcionan como la caja menor del Gobierno, agrega Rodríguez, quien dirige el grupo de investigación en Protección Social del CID.

Además de los aumentos en los costos para los usuarios de los servicios de salud, con las medidas de emergencia el Gobierno busca conseguir más recursos, para financiar los eventos que no están contemplados en el POS, a través de incrementos en los impuestos al consumo de tabaco y licores.

Con la declaratoria de emergencia, el Gobierno dice que hay que abrir una cuenta para financiar los eventos no POS y eso lo obliga a buscar recursos, cuando el problema fue originado en las reformas que el mismo adelantó. Incluso, ante la opinión pública, asegura que las dificultades se deben a las tutelas interpuestas por 388.000 personas del régimen contributivo que terminan costándole al Estado cerca de 1,8 billones de pesos.

La Corte Constitucional en su Sentencia 760 de diciembre de 2008, le dijo al Gobierno que los ciudadanos no pueden tener planes de diferentes categorías, es decir, que debe igualar el régimen contributivo y el subsidiado.

Ante la obligación de igualar los regímenes subsidiado y contributivo, ordenado por la Corte Constitucional, el truco del gobierno consiste en crear una cuenta no POS para buscar dinero sin tocar los recursos del Presupuesto Nacional. A juicio de Rodríguez, cuando se igualen los paquetes, los eventos no POS deberán disminuir porque habrá mayor cobertura y sólo quedarían aquellos no incluidos que resulten de fallos de tutela.

Tras la decisión de la Corte, no se crea una nueva emergencia de financiamiento sino que se pone en su única dimensión real y posible, que consiste en otorgarles a todos los colombianos un plan de salud en las mismas condiciones.

Inicialmente, el Ejecutivo trató de endilgar la responsabilidad de financiar el otro ‘medio plan’ a los entes territoriales, lo que es absurdo e imposible. Ahora dice finalmente que lo asume y presenta una emergencia social para hacer una reforma con el fin de conseguir recursos.

Sin embargo, es necesario recodar que el problema es estructural y que fue, precisamente, la reforma a las transferencias la que disminuyó los recursos para la salud y para educación. La Ley 715 de 2002 y la reforma del 2007 disminuyeron los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que debían recibir los hospitales y los municipios, los cuales se hacen cargo de la salud subsidiada.

Según estimaciones realizadas por el Grupo de Protección Social del CID, por cuenta de la Ley 715 los departamentos y municipios dejarían de recibir cerca de 12 billones de pesos para la salud, entre 2002 y 2010; mientras que con la reforma de 2007 el efecto alcanzaría los 54 billones pesos entre el 2007 y 2025. Es decir que lo que el país se ‘ahorro’ en transferencias lo gastó a través de programas como familias en acción, puntualizó el investigador del CID.