Bogotá, mayo 08 de 2009 (Prensa CID). En medio de las discusiones que en estos días se adelantan por el ajuste de las tarifas de agua, el director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, Jorge Iván González, explicó que el actual modelo de tarifas termina por castigar a quienes tienen menos recursos.

Cada cinco años la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) debe modificar las tarifas, algo que debe suceder en enero de 2010 y “por lo tanto es un buen momento para hacer una discusión de fondo a las políticas en ese sentido”, afirmó González.

La actual fórmula, mediante la que se calcula la tarifa que se cobra a los más de 7,2 millones de habitantes de la ciudad, “tiene serios problemas ya que los estratos socioeconómicos más bajos terminan pagando más como porcentaje de sus ingresos frente a la población de estratos altos”, dijo.

El académico sostiene que el cobro que llega a las casas de los bogotanos involucra una serie de valores que no deberían estar allí. Tal es el caso “de los costos ambientales, lo cuales son responsabilidad de toda la sociedad y no exclusivamente de los usuarios del servicio”.

Ello en clara alusión a que la actual tarifa incluye los gastos de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Salitre y la próxima construcción de la Planta de Canoas, que debería iniciarse en 2015.

Precisamente, el director ejecutivo de la CRA, Julio César del Valle, manifestó recientemente que “hay una propuesta de modificación de costos de nivel particular por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) respecto de su esquema de tratamiento de residuos líquidos”.

González, por su parte, explicó también que el costo de la ampliación de redes no debería imputarse completamente a la tarifa, como se hace en este momento, y con la valoración de los costos medios de administración y operación.

“Ahí hay una serie de elementos que no son claros en la determinación de la tarifa y eso puede llevar a que sean más altas de lo que estrictamente se debería cobrar y que pueden variar hacia arriba o hacia debajo de manera arbitraria”, manifiesta González.

El director del CID propone que para compensar lo que significaría una reducción de las tarifas hay que acudir obligatoriamente al sistema de impuestos generales. Según afirmó, la CRA se niega a eso “y quisieran financiar todo a punta de tarifa, algo que es regresivo”.

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