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| “Colombia no cuenta con institucionalidad suficiente para abordar un modelo de locomotora minera”: Luis Jorge Garay |
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Para el investigador, la renta minera hay que duplicarla, como mínimo, para acercarnos al promedio internacional. Bogotá D.C., 25-feb-2014 (Comunicaciones CID). Sin duda, uno de los mayores conocedores de las políticas públicas en temas mineros y medioambientales en el país es Luis Jorge Garay, PhD en Economía del MIT (Massachusetts Institute of Technology). En días pasados, la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE) organizó la conferencia ‘La minería en Colombia’, cuyo conferencista principal fue el reconocido académico colombiano.
Garay, basado en una investigación que adelanta para la Contraloría General de la República*, inició su presentación aclarando que la minería no es un sector o una actividad económica corriente, “sino que se trata de un macrosistema complejo que se sustenta en la explotación de un recurso natural no renovable de carácter público, con intereses e impactos sociales y ambientales transgeneracionales, que no tienen otras actividades comunes en la economía”.
Entendiendo así la minería, el académico señaló que la forma de abordar su análisis tendría que ser “necesariamente transdisciplinaria e integral”. Por tal motivo, al hacer referencia al estudio que realiza, aclaró que éste se enfoca en diferentes dimensiones conexas: jurídica, ecológica, económica, institucional, social, cultural y simbólica; entre otras.
El reto jurisprudencial para el Estado
Parte importante de este análisis está en el papel que juega el Estado, pues “actualmente no tiene participación en el proceso, por la decisión que se tomó hace unas décadas de estar ajeno al desarrollo minero, lo que tiene consecuencias en la capacidad de regular y fiscalizar este sistema”, indicó Garay, quien anotó que, a diferencia del sector de los hidrocarburos, la minería tiene una institucionalidad “poco desarrollada”.
No obstante, mencionó que el país se distingue, entre otros de ingreso medio, en tener “una de las jurisprudencias más avanzadas en temas de desarrollo sostenible que brinda un marco de referencia jurisprudencial”. En la actualidad el Estado tiene una trascendental tarea: resolver el gran problema que se está presentando con las adjudicaciones mineras, las cuales fueron otorgadas en terrenos que ahora hacen parte de la restitución de tierras a las víctimas de la violencia, indicó.
Para el investigador, un elemento clave jurisprudencial es que en Colombia aún rige el principio feudal de “primero en el tiempo primero en el derecho”, por lo que se accede a títulos mineros sin licitación. Esto sucede porque no hay un catastro minero, el Estado no sabe lo que tiene y por eso no tiene la capacidad de regularlo.
Colombia tendría que duplicar la renta minera para llegar al promedio internacional
En cuanto a la dimensión económica, también existe una debilidad estatal en la medida en que la renta minera es más baja que el promedio regional, “el único más bajo es Perú, pero hay que mencionar que en ese país buena parte de la minería se desarrolla en el desierto, mientras que en Colombia se realiza en riquezas biológicas, naturales, étnicas y culturales; sin parangón en la mayoría de países de América Latina”, enfatizó Garay.
Según el experto, la tasa efectiva neta de impuesto a la renta a las empresas mineras es nominalmente del 33%, “pero pagan apenas el 12% por la cantidad de exenciones y deducciones”. Algunas de ellas fueron calificadas por el profesor como “aberrantes”, al citar la decisión que tomó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hace 5 años, de permitir que el pago de regalías fuera deducible al impuesto a la renta, abriendo un boquete que le ha costado al país cerca de 12 billones de pesos (alrededor de 6.000 millones de dólares). Para llegar al promedio internacional, Garay subrayó que la renta minera debería “como mínimo duplicarse”.
Al mismo tiempo, puntualizó que se presenta un problema de información, pues “todos los datos son provistos a su acomodo por las empresas mineras, con el agravante que varias presentan unos a la DIAN y otros diferentes a la Superintendencia de Sociedades”.
Repensar el macrosistema de la minería hacia el futuro
El investigador reiteró que Colombia no cuenta por ahora con “una institucionalidad para abordar un modelo de locomotora minera” y que es fundamental cambiar el código minero, porque el actual crea una normatividad ambiental a la medida de cada sector, lo que hace más difícil tener una regulación medioambiental estricta en el país.
Anotó que uno de los conflictos más graves que se presentarán en las próximas décadas será el de la jerarquización de los derechos entre las autonomías regionales en el uso del suelo y el derecho de la nación a explotar el subsuelo invocando el interés nacional.
Frente al problema de la minería ilegal, Garay advirtió que todas las fórmulas de legalización han “fracasado” y que esa tendencia no parece cambiar con la nueva lógica de asumirlo mediante la lucha militar –como los cultivos ilícitos–, porque de esta forma se atacará también a las otras minerías pequeñas no ilegales (como la ancestral, la tradicional o la familiar), que funcionan en los mismos territorios donde se desarrollan las abiertamente ilegales.
Por último, señaló que sus investigaciones no pretenden dar una visión catastrófica de la minería en Colombia, sino que es un aporte y un llamado para hacer que “esta riqueza natural se convierta en una bendición y no en una maldición como ha sido hasta el momento”, puntualizó.
* Luis Jorge Garay hizo énfasis en que las conclusiones expresadas en la conferencia no hacen parte de una investigación individual, sino de un extenso trabajo sobre la minería en Colombia, de la cual circulará pronto el tercer volumen, financiado por la Contraloría General de la República y en la que participan importantes investigadores en diferentes áreas del conocimiento.
** Para ver la conferencia completa, visita www.cid.unal.edu.co o sigue el enlace: http://www.youtube.com/watch?v=oC8SRorZARs
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