Estado tiende a eliminar la figura del campesino

Desde los años noventa, los gobiernos han procurado incentivar políticas agrarias que respondan a los criterios de mercado en un contexto de globalización, pero en el camino la figura del campesino ha quedado anulada casi por completo dentro de las iniciativas oficiales. Según William Chavarro-Rojas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, esto se debe a la concepción de que todos los habitantes rurales deben ser empresarios agrícolas, desconociendo otras realidades sociales.

Bogotá D.C., agosto 31 de 2015 (Comunicaciones FCE - CID). El más reciente informe del DANE sobre pobreza monetaria y multidimensional en Colombia para el año 2014 vuelve a evidenciar el atraso en el que se encuentra el sector rural, donde el 41,4 % de las personas viven en situación de pobreza (una reducción de solo 1,4 puntos porcentuales respecto al 2013) y 18 % en la miseria (1,1 puntos menos frente a 2013).

En opinión de William Chavarro-Rojas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y experto en crisis rural, esa concentración de la pobreza en los campos se debe, en gran parte, a la inexistencia de políticas dirigidas específicamente al campesino, lo cual impide una agricultura que permita la regeneración de la naturaleza en los territorios rurales y un respeto por los tradicionales habitantes rurales.

“Tanto las personas como la naturaleza son empobrecidas porque faltan políticas no convencionales de desarrollo. Desde mediados de los años noventa existe la intención de consolidar políticas agrícolas que incluyan a gran parte de la población rural, o lo que el PND 2104-2018 llama inclusión productiva. Muchos podrían pensar que se trata de políticas para el campesino, pero visto con cuidado este no tiene cabida, pues se está reemplazando, de forma diplomática y bajo una idea integradora, el concepto de campesino por el de agricultor familiar, que son dos figuras completamente diferentes”, asegura el docente de la Escuela de Economía.

Ese giro, dice Chavarro-Rojas, responde a una dinámica de desarrollo emprendida por los gobiernos de las últimas dos décadas, en la que todos los sectores productivos –obviamente incluido el agrícola– deben responder a las exigencias del libre mercado y la globalización. En el caso del sector rural esto supone una nueva organización territorial, una agricultura más eficiente y extensiva (o por grandes fincas o por uso, cuando las pequeñas fincas convergen en pocos cultivos especializados), y una visión empresarial del campo.

Lo anterior está bien para los que, en efecto, quieren ser empresarios agrícolas, pero no necesariamente para todos los campesinos, destaca el experto. Muchos tienen una relación diferente con la vida rural y, por supuesto, otras lógicas de producción e intercambio; confundir la agricultura comercial o las explotaciones familiares con la agricultura campesina es un error que agudiza los conflictos en las áreas rurales.

Campesinos más autónomos

De acuerdo con el profesor Chavarro-Rojas, el actual Plan Nacional de Desarrollo proyecta al campo como un escenario exclusivo para la rentabilidad y la productividad por trabajador, en donde el agricultor familiar debe estar sintonizado con las alianzas productivas y los mercados, o sea con la agroindustria. Bajo este contexto, dice, el agricultor campesino es visto como aquel inviable monetariamente, en extrema pobreza, que requiere capacitación en actividades rurales no agrícolas. Cuando en realidad el campesino no es pobre por ser campesino, sino que ha sido empobrecido por políticas económicas incompatibles con la ‘campesinidad’.

“En el contexto de globalización y ordenamiento territorial con criterios de mercado que rige en la actualidad, el campesino no tiene futuro en la política pública del país. Sin embargo, seguirán en el campo luchando por reivindicar su tipo de economía”, enfatiza el investigador.

Esa economía, agrega, es aquella en la que la productividad no se mide por la cantidad de toneladas de alimentos que se obtiene por trabajador –como es el caso de la agricultura dependiente de los insumos de síntesis química–, sino por la eficiencia en el uso del suelo, la energía que se reutiliza dentro de la misma finca campesina y los insumos que no son de revolución verde.

Pone como ejemplo a las pequeñas y medianas fincas campesinas, la cuales suelen reutilizar los desechos con mayor eficiencia; controlar las plagas con alternativas orgánicas, ahorrando costos en plaguicidas y fungicidas; conservar las semillas in situ, y establecer policultivos, una práctica que concilia de mejor forma el cuidado del ambiente y el uso de los suelos; esto, a la vez, ayuda a garantizar la seguridad alimentaria para estas familias y sus comunidades.

Es a esta clase de economía a la que no le apuestan las políticas oficiales o convencionales, aun cuando son millones de personas las que viven de la agricultura campesina tradicional, la cual, por cierto, ayuda a garantizar el abastecimiento de alimentos en muchas ciudades colombianas.

“Por ejemplo, el investigador Jaime Forero de la Universidad Javeriana calculó, en 2006 y aunque sin distinguir entre agricultura familiar o campesina, que la participación del pequeño productor en el abastecimiento alimentario a Bogotá puede ser de más de 70%. Por el contrario, los modelos asociativos que impulsan las autoridades del país usualmente se hacen sobre figuras contractuales, que obligan a los agricultores a venderle solamente a un procesador; por lo tanto, quedan literalmente encadenados”, manifiesta Chavarro-Rojas.

Y ¿los que retornan al campo?

Sobre el proceso de restitución de tierra y los beneficiados de la Ley 1448, el profesor William Chavarro-Rojas considera que la restitución de cerca de 6,5 millones de hectáreas, “meta que está bien lejos”, asegura, se dará en función de la idea de crecimiento económico que impulsa el Gobierno.

En ese sentido, establece, resulta muy funcional para sus propósitos implementar una política pública de desarrollo agrario que incentive la bancarización de las familias y la especialización de los territorios agrorurales en ciertos productos agrícolas, de preferencia transables. Además, se prioriza las necesidades del mercado y la anexión a las cadenas productivas. Esto es, enfatiza el docente, lo que el gobierno entiende por inclusión productiva de los campesinos; de hecho, el proyecto de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES) es justo la “encarnación” de esa idea.

“Lo que uno esperaría es que esa senda de empresarización del sector rural se haga de la mejor forma, que se solucionen problemas estructurales de la concentración de la tierra, que la agricultura familiar no quede en unas pocas familias de muchos recursos, sino que realmente sea incluyente para todos los que quieren ser viables ecológica y económicamente en el campo; es decir, sin olvidar la base de la vida que es la naturaleza, seriamente amenazada por los quimiocultivos. Por eso es indispensable que se respete y apoye al campesino tradicional, algo que no está sucediendo en la actualidad”, concluye el economista.

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