Bogotá D.C., 20-may-2011 (Prensa CID). Para el mundo académico, esa introducción abrió la esperanza de una mayor financiación, después de muchos años de estancamiento, de la educación superior por parte del Gobierno. La realidad del proyecto, sin embargo, desengaña a quienes lo leen.

Tres temas destacan entre los muchos que deben ser analizados: el de financiamiento, el compromiso del Gobierno con la educación superior, que en la propuesta se refiere a los principios, y el de la calidad de la educación superior, que debe estudiarse junto con la clasificación de las instituciones que componen el conjunto de la misma.

La propuesta señala el deseo de formar ciudadanos –un objetivo loable para cualquier institución de educación–, pero apenas si toca marginalmente el sentido de la educación superior en un país en desarrollo. Dice poco sobre la responsabilidad del Estado en este bien público meritorio y nada sobre su compromiso en el apoyo al conocimiento como base de productividad, crecimiento, desarrollo y bienestar de la población.

Los principios primero

Los temas de ciencia, tecnología e innovación, como tareas de la educación superior, deben encontrarse en la base de los principios que rigen las instituciones. La propuesta del Ministerio de Educación trata en algunos apartes esta misión, mas no como uno de sus fundamentos. Las universidades no pueden pensarse sin un contacto permanente con empresas y gobiernos. Esa interrelación impide el enclaustramiento de la reflexión científica y favorece el aporte de los hallazgos académicos, al tiempo que recoge las necesidades de la sociedad.

En las sociedades en desarrollo, donde existe un atraso comprobado en los avances tecnológicos, los programas, los profesores, los estudiantes y los egresados de instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de recoger, aplicar y avanzar en los procesos de generación de nuevos conocimientos de los países que van más adelante.

El reconocimiento de la obligatoria relación entre saber y desarrollo es el sentido de la política de educación y, en particular, de la superior. El papel de la universidad crítica, que ha sido una de las responsabilidades más preciadas de la historia universitaria, y que es el fundamento de su autonomía, debe ser tratado como uno de los principios que rigen la educación superior.

La calidad

Otro aspecto destacable del proyecto es la preocupación por la calidad, expresada en la categoría de universidad, en contraposición al resto de instituciones de educación superior. Las universidades se caracterizan por tener cuerpos profesorales en ciencias básicas, estar acreditadas con niveles de alta calidad, tener programas académicos en al menos tres áreas del conocimiento, desarrollar investigación de alto nivel (grupos de investigación reconocidos en las dos categorías superiores definidas por Colciencias, en tres áreas del conocimiento), y contar, como mínimo, con un programa de doctorado. Para todas las instituciones públicas de educación superior, señala la propuesta, sólo podrán ser profesores quienes tengan al menos grado de magíster.

Algunas instituciones de educación superior que hoy, sin contar con estas características, se llaman universidades, tienen un plazo de cinco años para hacerlo. En caso contrario, deberán cambiar de denominación. Sin embargo, si se reglamenta así a las universidades, no se dice nada sobre las características de otras instituciones de educación superior. No es suficiente anotar que la “denominación de las instituciones guardará correspondencia con su misión, su vocación académica, el tipo de programas académicos ofrecidos, y la diversidad de áreas de conocimiento y campos abordados por cada institución”. Menciona la propuesta que las instituciones pueden llamarse, además de universidad, institución universitaria, escuela tecnológica o escuela profesional. Se sanciona si se utiliza un nombre que conduzca a error. Y hasta ahí la elaboración gubernamental.

Empresas y universidad

Es trillado el dicho de que si se quiere que algo no funcione, nómbrese un comité. Con el afán gubernamental de financiar la educación superior con recursos privados, la reforma propone la creación de una sociedad cuya función es vincular capital privado a la prestación del servicio público de educación superior. No se refiere sólo a las universidades públicas.

Desde hace años, las universidades públicas han contado con capital privado en infinidad de proyectos de investigación y de consultoría. Hubiera sido muy difícil que subsistieran sin este financiamiento. Lo ideal sería que estas alianzas se ampliaran, desde la universidad, con la oferta de conocimientos nuevos; y desde las empresas, por la necesidad de responder con la creación o mejoras de productos y servicios a las nuevas necesidades de la sociedad. Es común en otros países que los centros de investigación y desarrollo de las empresas tengan lazos muy fuertes con las universidades.

El punto central en esta asociación es el desarrollo empresarial. Es importante decir esto porque la solución no está en la creación de comités de ayuda, sino en el aprovechamiento de las ventajas de las empresas y las universidades. En este campo, no existen políticas claras de desarrollo industrial. El crecimiento del país no está centrado en ese objetivo. Desde otra perspectiva, la educación superior no puede verse aislada del desarrollo económico.