La congestión judicial generada por las demandas interpuestas al Sistema de Pensiones le cuesta a la Nación 157.000 millones de pesos, y a los demandantes 2.000 millones más. Conclusiones de la investigación del CID 'Pensiones: el costo de las demandas.'

Bogotá D.C., 17-feb-2012 (Prensa CID). La congestión judicial generada por las demandas interpuestas al Sistema de Pensiones le cuesta a la Nación 157.000 millones de pesos, y a los demandantes 2.000 millones más. Estas son algunas de las conclusiones que arrojó el estudio que el ex investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, y actual secretario de Hacienda Distrital, Ricardo Bonilla, presentó el pasado 16 de febrero, en la sede central de la Procuraduría General de la Nación.

La investigación llamada ‘Pensiones: el costo de las demandas’, realizada por el CID, en convenio con el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), analiza la organización del sistema pensional y describe características como la cantidad de los pensionados y su distribución por ingresos. Después señala los tipos de congestión en las entidades que administran el Régimen de Prima Media, y establece el carácter de las sentencias y el costo de las demandas.

Para identificar la magnitud del represamiento judicial, Ricardo Bonilla, en su estudio, compara la cantidad de pensionados, frente al total de solicitudes en curso, en el Instituto de Seguros Sociales y Cajanal.

En Cajanal, que tiene cerca de 300.000 pensionados, el cálculo arrojó una cantidad de 50.000 solicitudes represadas, y en casos específicos como  la reliquidación de la pensión de gracia, hay 115.000 pensionados y casi 18.000 solicitudes. “Eso significa que el 12% de las personas están haciendo una solicitud de reliquidación” puntualizó el ex investigador de la UN y ahora, servidor público.

En cuanto al Seguro Social, afirmó  que en el momento hay 1.800.000 cotizantes haciendo fila de espera para pensionarse y la entidad reconoce en promedio 80.000 pensiones por año. “Son más las negativas que los reconocimientos, las negativas superan las 100.000 y tramita anualmente en promedio 200.000 expedientes”, puntualizó Bonilla.

Al finalizar la presentación de su estudio, Bonilla, hizo tres recomendaciones para mitigar el problema de las pensiones en Colombia: “en la vía gubernativa, implementar un instructivo claro y ágil para responder a las solicitudes pensionales dentro de las normas vigentes, con el fin de otorgar oportuna respuesta y evitar el paso a la vía judicial; en la vía judicial, propiciar la conciliación con el objeto de reducir tiempos y costos de respuesta, y para los casos de reliquidación  por factores extraordinarios, propiciar una estrategia de defensa de la Nación que impida la entrega de subsidios en casos de cargos ocasionales y bonificaciones extraordinarias.”

Detalles del evento

La presentación fue antecedida por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien dijo que la gran cantidad de demandas interpuestas por los cotizantes para obtener el reconocimiento de sus derechos pensionales, motivó al Ministerio Público a realizar esta investigación en convenio con el CID.

Como apoyo a las cifras presentadas en la investigación del profesor Bonilla, el procurador Ordoñez, citó algunos ejemplos donde se ha afectado el patrimonio público debido a las indemnizaciones que se deben pagar a beneficiarios demandantes, y luego llamó la atención de las administradoras de pensiones para que cumplan las normas relacionadas con el régimen de transición. “Los derechos pensionales hay que reconocerlos a sus legítimos portadores; no hacerlo en vía gubernativa tiene costos económicos altísimos y degradantes”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Por último, el Procurador General planteó su preocupación por el futuro de los pensionados debido a la decisión del Gobierno Nacional de convertir a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en una entidad financiera. ‘¿Cuál será el objetivo de volver a la entidad que administra la Prima Media en una entidad financiera?’, cuestionó Ordoñez.

Los comentarios a la investigación los hizo el presidente de la Comisión Segunda del Consejo de Estado, Gerardo Arenas Monsalve, quien destacó el trabajo realizado por el CID y el IEMP en la investigación, y señaló que “el problema jurídico en el sistema pensional colombiano no lo crea la jurisprudencia, sino la desobediencia de las normas.”

En el evento, participaron, entre otros, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien expuso tres áreas en las que ese Ministerio pretende tratar el tema pensional: aumento de la cobertura, equidad del sistema de pensiones y sostenibilidad del mismo.

En el cierre, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, manifestó  que se debe establecer la armonía entre el Régimen de Prima Media y los fondos privados, “se trata de mantener esos dos pilares, de lo contario nos estamos engañando porque el tema no es ver quién vence a quién.” Por último, el Vicepresidente  hizo un llamado a las administradoras privadas para que reconozcan la pensión, no sólo por tiempo de recaudo, sino por vejez.