Bogotá D.C., abril 14 de 2015 (Comunicaciones FCE - CID). Para disuadir la fijación ilícita de precios a la que acuden varias empresas oligopólicas, práctica que afecta el bolsillo y la calidad de vida de los ciudadanos, se requeriría entre 189 y 197 años utilizando las sanciones y las herramientas jurídicas actuales de acuerdo con la  investigación titulada “Análisis de las Multas por Fijación de Precios en Colombia”, realizada por Ivonne Cárdenas, estudiante de la Maestría en Ciencias Económicas de la UN, y dirigida por el profesor Óscar Benavides. 

 

En el trabajo, presentado el pasado miércoles 8 de marzo, se propone cambiar la penalidad fija, que opera en el momento, por una proporcional a las ganancias obtenidas por este tipo de prácticas ilegales, comúnmente conocida como formación de carteles. Para ello, los investigadores buscaron establecer si el cambio en la forma de determinar el valor de las multas lograría reducir el grado de fijación de precios en el país y así desestimular esta práctica entre las empresas.  

 

Se analizaron cuatro sectores en los que se han detectado casos de colusión (formación de carteles): molinerías de arroz, con cinco firmas ‘cartelizadas’; refinadoras de azúcar, con 10; productores de chocolate, con dos y fabricantes de cemento, con tres. Los tres primeros carteles acudían a prácticas oligopsónicas, para fijar el precio de compra de los insumos. El del cemento optó, en un momento dado, por bajar los precios de forma exagerada para quebrar a eventuales competidores, para luego subirlos a su gusto, lo que configura un delito. “En principio, los consumidores se benefician, pero cuando los monopolios cumplen su objetivo, los precios vuelven a subir, afectando a los ciudadanos”, indicó el profesor Benavides.

 

El académico manifestó en el seminario que la formación de carteles está lejos de desaparecer si no se toman medidas más drásticas. Recordó un planteamiento del profesor estadounidense Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía de 1992, quien decía que la decisión de delinquir obedece a un análisis de costo beneficio: quien decide incurrir en prácticas ilegales lo hace porque el beneficio económico que obtiene supera de manera significativa al costo; significa que este tipo de acciones colusivas persistirán siempre que haya altos beneficios y los costos sean relativamente bajos. 

 

La investigación halló en el primer escenario (encontrar responsables) que los costos serían enormes para el ente regulador, pues habría que desplegar un aparato de prevención, vigilancia e investigación enorme que en el momento no existe en Colombia. “En la investigación hallamos que no todas las prácticas colutivas terminan siendo sancionadas, pues es muy difícil la consecución de pruebas y, por ello, es muy baja la probabilidad de capturar responsables”, dijo el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN. Por eso, el estudio se inclina por golpear a las empresas en la parte que más les duele: las ganancias, y de ahí la propuesta de atar las multas según los beneficios económicos que obtengan las empresas por fijación de precios.

 

Según se concluye en el estudio, para que el actual sistema de sanción llevara a una fijación de precios equivalente a cero y no afecte a los consumidores, en el esquema actual, se tendría que ejecutar multas tan altas que prácticamente quebrarían a las empresas, y según el profesor Benavides ese no es el objetivo. Por el contrario, si las sanciones son proporcionales a las ganancias obtenidas y se continúa con la política de delación, las estimaciones sugieren que este tipo de prácticas se reduciría de manera significativa. 

 

Sobre el tema, Juan Pablo Herrera, coordinador del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), profesor de la Universidad Nacional de Colombia y comentarista invitado a la segunda sesión del seminario CID, explicó que el país mejoró en la detección y castigo de las prácticas colusivas por dos hechos fundamentales. Por un lado, puso en marcha una política de delación (en otros países llamada ‘ley de sapos’), en la que individuos pertenecientes a los carteles denuncian acciones ilegales por fijación de precios y reciben trato judicial preferencial por su colaboración. Por otro lado, se fijaron multas fijas mucho más altas con el fin de persuadir a los infractores. 

 

“Desde hace seis años Colombia tiene un sistema de delación, pero las empresas comenzaron a utilizarlo solo hasta el año pasado. Lo que sucedía era que antes de la Ley 1340, nuestro régimen en materia de sanciones imponía un techo máximo de multas muy bajo para las personas jurídicas que trasgredieran las normas sobre competencia. Esto no significaba mayor pérdida para empresas con un volumen de ventas de millones de millones de pesos, pues pagaban la sanción y se mantenían en la práctica anticompetitiva”, explicó el profesor Herrera.

 

El comentarista añadió que en el 2009 el Gobierno tomó una decisión drástica al pasar de imponer multas de 2.000 salarios mínimos legales vigentes a 100.000. Es decir, se ascendió de 1.300 millones de pesos a más de 60.000 millones de pesos como techo máximo. Esto llevó a que se pudieran ejecutar sanciones como la impuesta a Comcel, en el 2013, por 87 mil millones de pesos. En este caso, para lograr una pena monetaria por arriba del tope permitido por ley, la SIC decidió castigar cada conducta infringida por esta empresa telecomunicaciones.

 

Al cierre del Seminario CID Los carteles en Colombia: teoría y políticas, la profesora Olga Manrique, quien también fue invitada como comentarista, propuso identificar las características del funcionamiento del mercado colombiano que pueden estar llevando a este tipo de comportamientos. “Puede no ser suficiente la intervención institucional para efectivamente lograr la eficiencia del mercado. También hay que hacer una reflexión desde el punto de vista de la demanda. Aquí se ha considerado que el problema se ataca desde el lado de la oferta, pero hay una pregunta, ¿es posible algún tipo de medida desde el lado de la regulación, que impacte la demanda y que, de alguna manera, permee ese tipo de comportamiento en esos mercados que tienden a la colusión?

Los investigadores esperan que esta clase de propuestas académicas, apoyadas en herramientas teóricas económicas (en este caso se utilizó el modelo Motchenkova y Kort sobre disuasión en la fijación de precios) sean tenidas en cuenta para hacer más efectiva la Ley 1340 de 2009.