El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia advierte que el nuevo Congreso tendrá que estudiar una solución estructural a los problemas del sistema de protección social

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Bogotá, 16-Abr-2010 (Prensa CID). Tras la declaración de inexequibilidad de la Emergencia Social por parte de la Corte Constitucional, el Gobierno tiene que entrar solucionar la crisis coyuntural del sistema de salud y, así mismo, el nuevo Congreso deberá plantearse desde el próximo 20 de julio una solución estructural del sistema de seguridad social.

Esos son los dos grandes escenarios que deben ser tenidos en cuenta tras la caída de los decretos dictados por la administración Uribe, según lo advierte Óscar Rodríguez, investigador del CID de la Universidad Nacional de Colombia. Con este hecho, según él, se demuestra que la crisis de la salud no es un hecho sobreviniente sino que, por el contrario, se trata de un problema estructural del sistema.

Lo primero que se presentaría con la anulación de la medida es una situación de insolvencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), principalmente de la red pública, y de iliquidez del sistema, porque el Gobierno no tomó las precauciones presupuestales del caso frente al mandato previo de la Corte Constitucional de nivelar los dos Planes Obligatorios de Salud (POS), el contributivo y subsidiado.

El académico señala que esto se habría podido hacer perfectamente en el marco de la Ley 1122 de 2007, donde el Gobierno planteó que la universalidad del sistema implicaba que todo el mundo quedaba asegurado pero con POS diferenciales.

Es decir, que cuando la Corte pidie nivelar los dos POS ello implica mayores gastos del sistema y por lo tanto se presentan dos escenarios que tiene que solucionar el Gobierno: cómo logar solventar la crisis hospitalaria y cómo cumplir el mandato de la Corte.

Para enfrentar los problemas de liquidez de los hospitales es necesario darles nuevos recursos, lo cual implica que el Gobernó haga un esfuerzo presupuestal para nivelar los dos POS, es decir aumentar el gasto público.

Si eso no ocurre, el efecto inmediato de una iliquidez de la red pública hospitalaria es la diminución en la calidad y oportunidad de la atención.

Eso agravaría la situación de salud de los colombianos afiliados al régimen subsidiado -los más pobres- y de quienes están afiliados al régimen contributivo pero cuyas EPS han creado barreras de acceso (por ejemplo, una cita con especialista que ya no se demora uno sino tres meses o ciertos procedimientos diagnósticos).
 
2. Recobros al Fosyga
 
Ahora bien, lo positivo que dejó la Emergencia es que algunos problemas que estaban ocultos salieron a la luz pública, como por ejemplo los recobros que se le hacen al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) por medicamentos que no están en el POS.
 
El mismo Gobierno calcula que controlando esos recobros, el sistema de salud puede ahorrar cerca de 400.000 millones de pesos anuales. Según Rodríguez, quien dirige el Grupo de Investigación en Protección Social del CID, hay una plata que saldría sin necesidad de un decreto nuevo sino a través de un trabajo conjunto entre la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fiscalía.
 
Si las dificultades persisten, Rodríguez advierte que la consecuencia inmediata es que cuando los pacientes soliciten medicamentos sólo les despachen una parte, con lo cual se generan problemas en la calidad de la prestación del servicio.
 
3. Concertar precios de medicamentos
 
Con el revuelo que generó la declaratoria de Emergencia también se planteó la necesidad de llamar a la industria farmacéutica a concertar listas de precios de los medicamentos que se ajusten a las condiciones del mercado colombiano.
 
Una forma de hacerlo es que la venta de los medicamentos en Colombia se ajusten a los patrones internacionales ya que no existe ninguna justificación válida para que un medicamentos se venda mucho más caro en Colombia que en otros países . “Allí debe haber un punto de acuerdo que creo que es importante”, aseguró el investigador del CID.
 
Es necesario, por ejemplo, evitar que medicamentos como la lovastatina -necesaria para controlar problemas de colesterol- se le cobre al Fosyga cinco veces más caro que en cualquier farmacia. Si eso no ocurre, los problemas de salud de los pacientes se acentuarán con graves consecuencias no sólo para la persona, que puede desarrollar otras enfermedades, sino para el sistema de salud en su conjunto.
 
4. Echarle mano al Presupuesto
 
Para el investigador del CID, con la Emergencia, el Gobierno pensaba pasar de ‘agache’; creyó que la unificación de los dos POS no iba a tener ningún efecto presupuestal y que los gastos de bolsillo y los impuestos a los cigarrillos, a la cerveza y a los licores le darían nuevos recursos. Sin embargo, en caso de caerse la Emergencia eso ya no sería posible y, por lo tanto, deberá haber inyección de nuevos recursos al sistema, los cuales saldrían del Presupuesto.
 
“Los cálculos que hemos hecho desde el CID muestran que los gastos presupuestales en salud como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación han venido disminuyendo y, por lo tanto, es inevitable hacer un compromiso y un reajuste al Presupuesto para responder al mandato de la Corte” asegura Rodríguez.
 
5. Vigilancia a los gastos de las EPS
 
Por último, el director del Grupo de Protección Social del CID, destaca la importancia de los mecanismos de inspección, vigilancia y control para permitir una mayor fluidez de los recursos del sistema.
 
Eso significa que el Fosyga debe pagar oportunamente los recobros a las EPS y que se deben vigilar los gastos que hacen las EPS, mirar que éstas reciban lo que les corresponde por el aseguramiento (el 10 por ciento de administración) y que no camuflen ganancias a través de ciertos gastos.
 
Llamado a pensar un nuevo sistema
 
Rodríguez, asegura que las medidas de urgencia que se adopten ante una eventual caída de la Emergencia podrían haber sido paños de agua tibia para enfrentar una enfermedad grave. Habrá que darle una salida a la crisis coyuntural pero los problemas vuelven a presentarse, como es el caso de la financiación que se montó sobre el régimen contributivo.
 
Sin embargo, el investigador del CID destaca que lo que se impone para el nuevo Congreso es diseñar un nuevo sistema de seguridad social, impulsado ojalá por aquellos grupos políticos que han considerado que el servicio no está bien prestado, para que se den respuestas de carácter estructural y del diseño mismo del modelo de protección social.

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