Bogotá D.C., 21-oct.-2014 (Comunicaciones FCE - CID).  La crisis diplomática inició el pasado 8 de octubre, cuando, mediante el Decreto 1966 de 2014, Colombia declaró a Panamá como ‘paraíso fiscal’, tras un año de periodo transitorio durante el cual el vecino país no firmó el acuerdo de intercambio de información financiera para cerrar la brecha de evasión y elusión tributaria. Igualmente, el Gobierno colombiano incluyó a países como Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, cuya exclusión dependía de la firma de dicho acuerdo antes del 7 de octubre. 

 

Pese a que los efectos tributarios de la medida se aplicarán a partir del primero de enero de 2015, el  Gobierno del istmo dio un plazo de siete días a las autoridades colombianas para que ese país sea retirado de la lista de ‘paraísos fiscales’ y se inicien las negociaciones entre ambas naciones. De otra forma, Colombia sería incluida en una lista de países discriminatorios y anunciaría medidas recíprocas. El encuentro sostenido el pasado viernes, entre las dos cancilleres concluyó con un acuerdo en suspenso en el que se reiteró la voluntad de diálogo de ambos países para evitar estas medidas retorsivas pero que no define aún soluciones definitivas.

 

La reunión también dejó más preguntas que respuestas para expertos, empresarios, gremios e industriales colombianos y panameños porque de aplicarse la decisión, por ejemplo, los giros que se hagan de Colombia a ese país tendrán un impuesto del 33%. Pero, ¿qué otras implicaciones o efectos económicos podrían derivarse de la medida?

 

 

Luego de la última Reforma Tributaria de 2012, Colombia aplicó un tratamiento más arduo para los capitales de portafolio de inversionistas provenientes de ‘paraísos fiscales’, estos últimos definidos como aquellos territorios “con inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares; con carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten; y con falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo”, entre otras características. 

 

Aunque no existe una lista de ‘paraísos fiscales’ unificada, ya que cada país aplica sus propios criterios de valoración, sí hay una clasificación establecida por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a la cual Colombia aspira ingresar al ser una de las prioridades del Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos. 

 

En el mundo, varios países han sido catalogados como ‘paraísos fiscales’, por ejemplo, Suiza o Barbados, así lo explica Camilo Díaz, coordinador de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional (UAMF): “Suiza desarrolló su industria financiera  basada en el secreto bancario. Después de la crisis financiera de 2008, Estados Unidos presionó a Suiza imponiéndole multas y sugiriéndole que habría sanciones económicas si ese país no levantaba el secreto bancario para más de sesenta mil estadounidenses que tenían cuentas en bancos suizos.  Al final, el país europeo tuvo que revelar la información sobre sus clientes so pena de que su banco principal de inversión (UBS) sufriera una sanción económica en Estados Unidos”. 

En su columna en el diario Portafolio, titulada: “Panamá paraíso fiscal: ¿solución a la vista?”, publicada el pasado 13 de octubre, el profesor de la FCE, Beethoven Herrera resaltó que “para ingresar a la OCDE, Colombia debe mejorar la tributación y publicar la lista de paraísos fiscales. Por tal razón, promulgó el Decreto 2193/13 que estableció un año de plazo para que Panamá aceptara un acuerdo para compartir información de las inversiones en ese país”. 

 

De la publicación de dicha lista, se derivan varias medidas. Por ejemplo, la tarifa general de retención en la fuente para los inversionistas de portafolio del exterior domiciliados en ‘paraísos fiscales’ es del 25%, mientras que la retención en la fuente para aquellos que no están domiciliados en estos ‘paraísos’ es del 14%. Así mismo, los pagos o abonos en cuenta enviados a personas y entidades localizadas en estos lugares no serán constitutivos de deducciones de ningún tipo.

 

Y aunque el debate se ha concentrado en los efectos que estas medidas pueden causar en negocios de empresas, personas naturales y en la economía de ambos países, en general, Camilo Díaz considera que no se puede desconocer el contexto sobre el cual se produce la declaración, pues, “Colombia viene pasando por una reforma tributaria. El país está ávido de recursos para financiar el presupuesto de 2016, ya que estamos desfinanciados en 12 billones. Además de eso, los gremios, las asociaciones del país y la misma clase media le han dicho al Gobierno, que en vez de cobrar más impuestos, trate de disminuir la evasión”. 

 

Precisamente, según Beethoven Herrera “se calcula que de los 6.000 millones que ingresan a Colombia por contrabando, el 75% proviene de Panamá, que se financia gran parte con dinero ilícito y ha generado dos demandas de ese país contra Colombia en la OMC (la primera fallada en contra de Colombia y la segunda en curso actualmente) por los controles establecidos al ingreso de textiles y calzado, en mayor medida de origen chino, reexportados desde Colón”. 

 

Para los expertos, los posibles efectos de la medida serían de mayor impacto por tratarse de países vecinos, porque “además de la presencia de medio millón de colombianos en Panamá, la interconexión energética de Colombia con Centroamérica pasa necesariamente por el istmo”, indicó Herrera en su columna.  

 

En contraste, Camilo Díaz opina que Panamá “no va contraer su PIB porque Colombia lo nombre como ‘paraíso fiscal’ ni va a perder relaciones internacionales. En cambio, en el caso de Colombia sí puede haber menor flujo de inversión extranjera directa, en el sentido en que muchas empresas tienen sus cuentas domiciliadas en Panamá y desde ahí transfieren fondos”. 

 

 

Para Camilo Díaz,  esta situación de tensión era innecesaria y se pudo haber evitado, pues “Colombia debió ser más cauta en la forma cómo informó que iba a incluir a Panamá, porque hizo un despliegue mediático, que mina las relaciones diplomáticas de nuestro país con sus vecinos y con esto, estamos generando ruidos innecesarios en el país”. 

 

Sin embargo, Díaz reiteró que Colombia tiene la obligación de buscar a los evasores de impuestos a través de la utilización de maniobras financieras como los ‘paraísos fiscales’ o el ocultamiento de bienes. Precisamente, ese mismo argumento ha sido expuesto por los voceros del Gobierno que parece firme en su decisión de no reversar la medida a pesar del ultimátum impuesto por el vecino país. Pero, hasta el momento es incierto lo que pueda ocurrir. Por ahora, continúan las conversaciones.