Estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia analizó la forma en que el trabajo infantil repercute sobre el cumplimiento y ejercicio de los derechos de la infancia.

Bogotá, mayo 06 de 2009 (Prensa CID). En medio de una de las peores crisis económicas que enfrenta el país, es muy probable que se deterioren las condiciones de bienestar de los niños y jóvenes, ya que hay una clara correspondencia entre el crecimiento económico y la permanencia escolar, aseguró Jorge Iván Bula, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

La advertencia del académico fue hecha a raíz de un estudio que acaba de publicar el grupo de investigación en Economía, Políticas Públicas y Ciudadanía del CID de la Universidad Nacional en el cual analizaron el trabajo infantil y las condiciones de vulneración de los derechos de la infancia, contratado por Visión Mundial.

El estudio, que aplicó este enfoque académico en los municipios de Funza y Madrid, encontró brechas en las realizaciones de los derechos de los niños trabajadores frente a los no trabajadores y que cerca del 27,5 por ciento de los menores de edad trabajaban, lo cual contrasta con los promedios nacionales que al iniciar la presente década rondaban el 23 por ciento.

Según Bula, el estudio es pionero en el país al aplicar esta perspectiva para mirar los factores asociados el trabajo infantil y cómo éste repercute en el cumplimiento y ejercicio del conjunto de derechos de dicha población.

Los investigadores del CID, encontraron un aumento importante del porcentaje de niños trabajadores para el sector rural, en donde la vinculación al trabajo empieza más temprano por la vía de los oficios domésticos y prepara para las actividades productivas.

El principal aporte económico de los niños no se da por su vinculación directa a trabajos productivos remunerados sino por el apoyo a la subsistencia familiar. En promedio el 9 por ciento de los niños de los municipios estudiados está vinculado con actividades laborales mientras que el promedio nacional ronda el 14,5 por ciento.

De manera similar a lo encontrado en estudios nacionales, la tasa de participación global en el trabajo se incrementa para los grupos de mayor edad en los municipios analizados: cerca del 45 por ciento para los mayores de 14 años y al 20 por ciento para los menores de 14 años.

En cuanto a las ramas de actividad económica a las cuales se vincula el trabajo infantil, se encontró que después de la agricultura y la ganadería, siguen en importancia el comercio, el trabajo doméstico y la construcción.

Riesgos del menor crecimiento económico

Si hay crecimiento económico, hay permanencia escolar; si lo primero decrece, hay deserción escolar. En Colombia, durante periodos de crecimiento económico (como el de 2006 - 2007) se han presentado altas tasas de permanencia escolar.

En una situación de crisis, como la actual, una de las primeras reacciones de los hogares de bajos recursos es enviar a más miembros del hogar a buscar trabajo y un grupo expuesto a esto son los menores de 18 años, advierte Bula

Por lo tanto, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia alerta, con base en su estudio ‘Trabajo infantil y procesos locales: análisis desde un enfoque de capacidades y realización de derechos’, sobre la necesidad de buscar mecanismos de retención escolar para que los niños y niñas tengan menos necesidad de desertar.

Esto puede hacerse brindando unas condiciones socioeconómicas y laborales más favorables a los padres de familia, bien sea con subsidios o vía generación de ingresos.

De la misma forma, durante los dos años que duró el trabajo de campo del estudio, se observó que hay una relación posible entre salud y educación, por lo tanto si se garantizan mejores condiciones de salud se dan mejores rendimientos académicos y, en consecuencia, menor deserción escolar. Una mejor educación también garantiza una mejor comprensión en el manejo higiénico del cuerpo, agrega Bula.

Por tanto, las coberturas en salud son una política importante de permanencia en la escuela. En algunos casos, un niño trabajador puede estar vinculado al sistema de seguridad social, pero igual lo está un niño no trabajador por el lado de la vinculación de sus padres. Esa relación entre salud y educación funciona y permite una menor deserción escolar.

Intervenir las prácticas culturales

Es importante resaltar que el CID pudo establecer que hay patrones culturales que se deben reformar porque, en algunas tradiciones culturales, el trabajo se ve como un factor formativo y eso redunda en que se privilegia frente al estudio.

Esto, sin embargo, es preocupante cuando va en detrimento de la formación académica del estudiante, lo que supone una intervención en las prácticas culturales y en los códigos de los hogares.

En lo municipios analizados se observó una mayor actividad de entidades no gubernamentales, o incluso del nivel estatal local, que de alguna forma incidía en las percepciones del hogar. Sin embargo, el hogar es un espacio difícil de incidir.

En algunos casos el hogar le endosa al Estado todo el problema de la educación, y en otros sectores –donde ha habido mayor movimiento social– hay mayor reconocimiento del papel que tiene el hogar en los procesos educativos del niño o la niña. Igual sucede con los aspectos de protección.

A juicio de Bula, el Estado, obviamente, es el último garante de los derechos, pero los hogares deben tener un papel importante, en la medida en que esa institucionalidad es mucho más dinámica también hay una mejor comprensión del hogar en ese sentido, por eso proponemos un fortalecimiento del entorno institucional traducido en una mayor filtración hacia los hogares.

Sin embargo, reconoce que existen varios obstáculos para cumplir las recomendaciones hechas en el estudio. Por ejemplo, en los municipios existe un problema con los recursos que ellos no controlan, como son las transferencias que ya tienen una destinación exclusiva, en su mayoría, van a educación y salud.

El otro inconveniente es la base fiscal de los municipios. En la medida que hay un mayor impacto de la crisis sobre la actividad productiva de los municipios, se debilita la base fiscal en los impuestos de industria y comercio, por ejemplo. Eso hace que, ante una debilidad fiscal, los programas que estaban destinados a inversión en esquemas de atención escolar a través de los hogares, se debiliten.

Derechos al desarrollo

El estudio encontró brechas en la realización de los derechos al desarrollo de los niños trabajadores en comparación con los que no trabajan. Dichas brechas se muestran de manera más pronunciada en el derecho a la educación que en el relacionado con el respeto a la identidad y el disfrute de la recreación y la cultura. Este fenómeno afecta más a quienes desempeñan actividades remuneradas que al grupo de oficios domésticos.

El grupo de niños trabajadores en comparación con los no trabajadores presenta menores tasas de acceso y permanencia en el sistema educativo. Mayores eventos de deserción en su trayectoria educativa, especialmente relacionados con razones económicas y la necesidad de asumir responsabilidades familiares.

De la misma forma, se encontró mayor inasistencia escolar en el respectivo año lectivo, menor apoyo familiar en el ejercicio de las actividades de acompañamiento escolar, menor supervisión y relación de sus padres con el colegio donde estudian, pero rendimiento académico, mayor pérdida de logros, menos tiempo dedicado al desarrollo de actividades recreativas o deportivas. Para casi todos los grupos de edad se encontró un menor acceso y consumo de bienes o actividades culturales o recreativas.

Según Bula, las brechas de realización se encuentran afectadas por las capacidades de la familia y del Estados. En primer lugar, porque los niños trabajadores que no realizan sus derechos al desarrollo provienen de familias de menores capacidades socioeconómicas, con bajos niveles educativos, menores ingresos y con una valoración positiva frente al trabajo infantil.

En cuanto a las capacidades del Estado, aunque el mayor porcentaje de los recursos destinados a la niñez están dedicados a esta área, los programas apuntan a solucionar situaciones coyunturales más que a condiciones estructurales que inciden en las brechas de realización del desarrollo de los niños.

No hay, finalmente, una particular focalización por suplir la brecha de realización de los niños trabajadores, pues no se considera como una población de particular vulnerabilidad.

En conclusión, agrega Bula, para los derechos asociados a la participación se podría afirmar que tanto el Estado, como la Familia y la Comunidad, plantean grandes retos en la corresponsabilidad de agencia frente al derecho de la participación. Ello implica un cambio radical en el pensamiento y la conducta de los adultos: de un enfoque excluyente a un enfoque incluyente hacia los niños y sus capacidades.

En los municipios estudiados se evidencian, de manera global, bajos índices de participación de los niños en las actividades de organizaciones sociales, comunitarias y en actividades agenciadas por el Estado.

Esta situación, según el estudio, se relaciona con la escasa oferta de programas orientados al desarrollo de capacidades de niños y adolescentes; el bajo nivel de conocimiento y participación de los niños y sus familias en programas estatales o comunitarios, y los bajos niveles de asociatividad comunitaria y su escasa incidencia en la definición de políticas o programas del Gobierno municipal.

Otros factores son las distancias existentes entre postulados normativos y la implementación de la política pública para infancia a nivel municipal; la formulación de programas de bajo impacto sin afectar las causas estructurales de los problemas; el estrés cotidiano y la violencia normalizada en el interior de la familia principalmente, no ausente en otros espacios como en el colegio, afecta de manera directa el aprendizaje del derecho a la participación.

Derechos a la protección

Los investigadores del CID, encontraron que la condición de trabajador puede señalar de hecho una situación de vulneración de los derechos de protección, al poner en riesgo el tiempo y dedicación al juego y al estudio y al exponer a niños y adolescentes a actividades peligrosas para su salud y desarrollo.

En consecuencia, puede afirmarse que entre los dos grupos -trabajadores y no trabajadores- hay una brecha en la realización de este grupo de derechos. Esta brecha es mayor con quienes realizan una actividad laboral por fuera de las exigencias de ley. De ahí que sea necesario distinguir entre trabajo protegido y el trabajo infantil inaceptable.

Bula aseguró que en el estudio encontraron varias situaciones de trabajo inaceptable. Tal es el caso de los menores de 11 años vinculados a actividades productivas o que dedican más de 15 horas a la semana a actividades en el hogar, de igual manera, a quienes tienen largas jornadas de trabajo, o la presencia de trabajo callejero.

Los niños de todas las edades en los municipios estudiados, sean trabajadores o no, reportan que sus padres usan el castigo físico para reprenderlos, situación que debe alertar pues crea condiciones para la aceptación social del maltrato infantil.

De la misma forma, parece haber una relación entre el trabajo infantil y la mayor problemática familiar, de lo cual se podría inferir que una de las posibles causales del trabajo infantil está en el trato recibido por el niño o la niña en el hogar.
En general son pocas las acciones que se adelantan en los dos municipios orientadas al desestímulo del trabajo infantil, a la protección del trabajo adolescente y en general a combatir el maltrato y la explotación.

La poca capacidad de acción de las autoridades municipales en materia de protección de los niños frente al abuso, el maltrato y la explotación contrasta con un nivel alto de aceptación de su responsabilidad en situaciones de vulneración de los derechos de la niñez. Así mismo, las organizaciones sociales reconocen su propia responsabilidad en la promoción de los derechos de niños.

Los investigadores afirman que aun cuando se reconoce la obligación y responsabilidad del Estado como garante de los derechos de niños, este reconocimiento no se traduce en acciones efectivas orientadas a su promoción, en buena parte debido a los recursos disponibles.

Sin embargo, también debe señalarse que mientras la salud y la educación están descentralizadas en el país haciendo visible la responsabilidad del municipio, en materia de derechos de protección la responsabilidad continúa en manos de instituciones nacionales centralizadas como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Tareas pendientes

El fortalecimiento de una esfera pública no estatal señala un importante escenario para la democratización de la organización social y la expresión de variadas formas de participación, en afirmación del Estado Social de Derecho.

Le compete a Visión Mundial jugar un papel en esa dirección, en la perspectiva de participar en la conformación de redes sociales e institucionales que permitan la producción/construcción social y participativa de la política pública, además del establecimiento de escenarios interesados en la construcción de una esfera incluyente, colectiva y pública que convoque actores de distinta naturaleza.

Por su parte, hacerse cargo de la promoción de un modelo de intervención con enfoque de derechos para la población infantil trabajadora o en riesgo de serlo y para ello se requiere el diseño de una serie de líneas de acción que deben comprometer al Estado, las organizaciones sociales con presencia en estos municipios, lo mismo que a las familias y a los propios niños.

Entre ellas, tiene especial importancia la promoción de vínculos de cooperación entre entidades públicas y privadas, para superar las lógicas de segmentación y dispersión que caracterizan la administración pública en los municipios y la gestión social en general.

Dentro de ese marco, se requiere transformar las actuales lógicas sectoriales de la planeación y la gestión municipal, claramente caracterizadas en los respectivos Planes de Desarrollo; también se necesita avanzar hacia esquemas intersectoriales e interinstitucionales que trasciendan lo exclusivamente gubernamental.

En esa perspectiva, se esperaría que desde la esfera pública no estatal se asumieran posiciones de liderazgo para que los circuitos de planeación y coordinación municipal se establecieran en torno a los ciclos vitales -niñez, juventud, género, etc.- de manera que en este nuevo contexto, la problemática de la infancia, en general, y del trabajo infantil, en particular, obtengan especial relieve.

De otra parte, el enfoque de derechos exige la progresividad en la garantía y restablecimiento pleno de los derechos sociales. Es probable que al igual que ocurre con el trabajo infantil en los municipios, el impacto negativo que éste ejerce sobre la realización de los derechos pase igualmente inadvertido.

Un enfoque explícito de equidad, tanto en la política pública como en las acciones generadas desde la esfera pública no estatal, debe orientarse a desaparecer brechas injustificadas e inaceptables en las realizaciones de derechos entre los niños que trabajan y los que no lo hacen.

Sin embargo, en todos los casos y a pesar de que el centro de la atención es el trabajo de los niños, no puede pasar inadvertido el hecho de que existen realizaciones muy bajas para todos ellos en el campo de la promoción de la salud, la calidad de la alimentación, la existencia de prácticas familiares que promueven la permanencia de los niños en el sistema educativo, la aprobación total de logros escolares por año, la participación en prácticas deportivas y recreativas, la participación de los niños en las decisiones familiares, la participación de los niños en grupos, la participación de los niños en actividades originadas para ellos por la administración municipal, acceso a la cultura y la recreación, etc.

La ausencia de realizaciones en estos campos -relacionadas en su gran mayoría con prácticas de comportamiento social-, da cuenta de la necesidad de construir ‘municipios a escala de los niños’ que posibiliten construir imaginarios y representaciones sociales sobre ellos como sujetos sociales.

El rescate de una ciudadanía activa por parte de los adultos, más allá del estatus formal, no se encuentra lejos de la generación de movilidad social en torno a esas situaciones indeseables. Es claro que un esfuerzo de tal naturaleza requiere de la acción concertada y coordinada de diversos agentes tanto públicos como privados.

El enfoque de derechos exige, igualmente, actuar sobre las capacidades de orden social, cultural y económico de las familias y los niños. Un buen punto de partida parece ser el campo educativo en proyectos alternos que involucren a los padres de los niños trabajadores y que ganen en una perspectiva promocional de calidad de vida.