Bogotá D.C., marzo 27 de 2015 (Comunicaciones FCE - CID)  El 18 de julio de 2013, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, afirmó ante los medios de comunicación que: “Durante los últimos 20 años el enfoque del país ha sido la negociación de tratados de libre comercio, pero se debe cerrar ese ciclo, pues ya está completa la primera fase que nos permite ampliar mercados con más consumidores y más competencia, tenemos que concentrarnos en la política industrial”*.   

 

Para el común de la gente el testimonio pasó inadvertido, pero no para académicos críticos como Marco Missaglia, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, quien detectó una contradicción profunda en esas palabras. En la presentación del estudio en el marco del seminario que organizó el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), el pasado miércoles 25 de marzo, el docente explicó cómo las decisiones que toman los gobiernos marcan las rutas de desarrollo de los países y esto lleva al éxito o al fracaso. 

 

Missaglia manifestó que Colombia hizo la tarea al revés, debido a que se apresuró a firmar TLC con varios países del mundo y solo después se puso a organizar la casa para responder a esos acuerdos. “En mi opinión lo que planteó el ministro Cárdenas es una idea antidesarrollista; ahí radica parte del problema conceptual de los TLC que ha firmado el país”. Por el contrario, el milagro de los tigres asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwan) se logró con una apuesta distinta: a la vez que pusieron en marcha una política industrial a gran escala, planificaron una política comercial para poder firmar los TLC. 

 

En ese sentido, el profesor Giancarlo Romano sostuvo que los acuerdos comerciales con otras naciones se firmaron con el objetivo de diversificar la base exportadora, incentivar mayor intercambio tecnológico y ser menos dependientes de las exportaciones primarias, metas que se han cumplido solo en parte y que no han beneficiado a la mayor parte de las regiones del país, debido a la concentración de la capacidad productiva de Bogotá. 

 

“En el análisis econométrico encontramos que a las regiones no les va ni les viene que existan TLC, pues los efectos no se han visto. Lo primero que se halló y sobre lo cual hay un enorme consenso es la falta de infraestructura de transporte y de comunicaciones, algo que todos sabemos, pues es bastante pobre y limitada y en esa medida es costoso para las regiones aprovechar los beneficios que pudieran ofrecer estos tratados”, dice Romano. 

 

Frente a este tema, los investigadores hallaron, en su momento, falta de claridad sobre cómo se iban a estructurar los proyectos de infraestructura, cuáles iban a ser las consideraciones técnicas y financieras, de tal manera que Gobierno y operadores pudieran determinar plazos y costos de forma acertada y clara. Sin embargo, aclaran que se han hecho ajustes importantes en los contratos más recientes. 

 

 

Por otro lado, encontraron que se necesitaba (y aún es una prioridad) una política justa de regulación, porque existen sectores muy mal regulados, como el del transporte terrestre, y otros con poca carga regulatoria, pero que requerirían mayor ajuste como el transporte aéreo, donde existe un oligopolio establecido. “Lo que todavía sigue siendo un sueño es articular las propuestas de infraestructura multimodal para la adecuada conexión entre carreteras, puertos fluviales y costeros, trenes y aeropuertos, etc.”, manifestó el profesor Romano.  

 

En cuanto a la infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el estudio determinó que persiste un tremendo atraso, que se ha venido solucionando gracias a los planes estratégicos del Gobierno para instalar nuevas redes y desarrollos que disminuyan los costos. Los anteriores son solo algunos ejemplos de la falta de organización, preparación y creación de políticas que tuvo el país antes de firmar los TLC. 

 

Desde la perspectiva del profesor Stanley Malinowitz, quien participó como comentarista en el Seminario CID, después de firmados los acuerdos bilaterales con otros países es muy difícil impulsar políticas acordes a los intereses nacionales. “Una de las críticas a los TLC es que ponen tantas restricciones que no se pueden formular políticas efectivas, porque estos tratados son una especie de constitución económica, en la que ciertos países obligan a otros a no tomar ciertas medidas. Es una realidad jurídica y política a la que hay que sumarle las relaciones de poder e intereses existentes”.    

 

 

Una de las críticas que realizó Missaglia sobre la puesta en marcha de la política industrial en Colombia es que hay un error conceptual sobre la manera en que debe ejecutarse. Para explicarlo, el académico italiano y profesor de la FCE citó un trabajo del 2013 realizado por las investigadoras Marcela Eslava y Marcela Meléndez, economistas de la Universidad de los Andes, en el que afirman que en los últimos 20 años el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo fue muy bajo.

 

En el estudio, ellas afirman que una de las causas del pobre rendimiento se debe a una política industrial de corte vertical, que solo favorece a algunos grupos y actores, en cambio de ser horizontal, para que se pueda aplicar a todos los sectores. En ese sentido, el estudio adelantado por Marco Missaglia, Giancarlo Romano y Olga Manrique invita a reorientar lo que se está haciendo.

 

Al respecto, Missaglia aseveró que Colombia hizo muy bien la tarea de propiciar un manejo horizontal; lo que llevó al país a mejorar su posición, en los últimos 10 años, en una de las clasificaciones del Banco Mundial que muestra la eficiencia de la aplicación de esta clase de políticas en el mundo. Allí se destacó el progreso en aspectos como la protección a los inversionistas y la recolección de impuestos, entre otros, pero se halló fallas en el acceso al crédito y el respeto de los contratos. 

 

El análisis de Romano y Missaglia, en cierta medida, es contrario a lo que aseguran las economistas de los Andes. Los expertos de la UN argumentan que imaginar una política industrial horizontal es un error conceptual, debido a que no es lo mismo producir tomates que automóviles. Para ellos, hay sectores que impulsan externalidades positivas y mayor nivel de reconocimiento para una nación y por eso consideran que es más eficiente seguir una política de corte vertical, donde se elijan las áreas productivas líderes de la economía. En su recorrido por las regiones, observaron que el país le está apostando a ochenta sectores, lo que no da una señal clara al sector privado sobre cuáles son las prioridades nacionales.

 

“Naturalmente es muy difícil escoger. Otra vez toca mirar lo que hicieron los países asiáticos, en particular Corea del Sur, que en 1969 tenía un PIB per cápita más bajo que el promedio de América Latina y hoy está entre los más altos del mundo. Su enfoque fue muy pragmático y para nada ideológico”, dijo el profesor Missaglia.

 

La receta fue la siguiente: el Gobierno les ofreció beneficios arancelarios a los gremios productivos de hasta 10 años, pero les exigió una meta de exportación mínima; por ejemplo, si el ramo de la maquinaria quería tener ventajas tributarias, debía exportar el 15% del total de su producción a los cinco años y el 35% a los 10 años. Es un mecanismo de autoselección del “ganador” y un sistema que se autorregula. “La idea de la política industrial en Asia oriental fue de credibilidad, incentivo y amenaza, y un proceso de apertura lento”, indicó Missaglia.

 

Al cierre del Seminario CID, los asistentes debatieron las ideas presentadas por los conferencistas, quienes invitaron al gobierno y al sistema productivo a trabajar en el mejoramiento de la política industrial, apostándole a sectores específicos que ofrezcan valor agregado a sus procesos.